Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

BIENESTAR IGUALITARIO

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 10-12-19)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

Con el propósito de que desde la Constitución se obligue al Estado a garantizar la entrega de apoyos económicos a la población vulnerable, pues el sistema jurídico mexicano no incluye herramientas suficientes que aseguren un ingreso básico, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para incluir en la Constitución el estado de bienestar igualitario, reconocer el derecho a la salud de las personas con menores recursos, a la pensión no contributiva para adultos mayores y personas con discapacidad, así como a estudiantes de todos los niveles.

En su iniciativa el tabasqueño propone añadir al artículo cuarto constitucional la obligación de establecer un sistema nacional de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la población mexicana que no cuenta con seguridad social. Con toda la experiencia recorrida, reconoce en la exposición de motivos, que la salud en el país enfrenta inequidades y desafíos urgentes por resolver. La pérdida de años de vida saludable ocurre mayormente entre los cero y 19 años de edad, mientras las infecciones siguen presentes en las regiones más pobres, donde se incrementan nuevas epidemias: diabetes, padecimientos del corazón y cáncer, lo que revela el fracaso de las campañas de prevención de enfermedades y promoción de la salud.

La propuesta propone un estado de bienestar igualitario y fraterno que garantice que los pobres, débiles y olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades, desventajas y otras calamidades, donde todos podamos vivir sin angustias ni temores. En ese sentido, propuso reconocer el derecho a recibir una pensión contributiva para adultos mayores de 68 años, y en el caso de los indígenas a partir de los 65. Se trata de otorgarles una prestación con el fin de aliviar la pobreza en la que se encuentran.

En el caso de las personas con discapacidad permanente en la infancia, la juventud y de quienes pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, el presidente planteó que resulta imperativo que el Estado vele por sus necesidades. También, y a fin de evitar la deserción escolar, propuso incluir en la Constitución la obligatoriedad del Estado para constituir un sistema de becas para la población en condiciones de pobreza.

A propósito de estas condiciones, cabe señalar que los organismos CONEVAL cómo Evalúa CDMX, en sus informes sobre la pobreza en el país, a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018 del INEGI, ninguno de los dos organismos adopta los datos de ingresos de la encuesta tal cual, pues ambos saben, y lo sabe el INEGI, que dichos datos y los de la Encuesta 2016), no son comparables con las encuestas de 1992 a 2014. Tal parece que se cayó de nuevo el sistema.  

Ello se debe a que el INEGI infló los ingresos de los hogares (sobre todo de los más pobres) en 2016, y en 2018 infló también su gasto. Este inflado lo presentó el INEGI como un procedimiento permanente en el cual los hogares que reportan ingresos (y gastos) muy bajos son visitados nuevamente. Para salir del problema, el Coneval llegó a un acuerdo con el INEGI en 2017 para que éste diseñara un modelo estadístico que modificara los ingresos de la ENIGH 2016 y los hiciera comparables con los de las ENIGH anteriores. En este modelo se basan los cálculos de pobreza del Coneval para 2016. Para 2018, el INEGI preparó otro modelo estadístico (diferente al anterior) para que el Coneval tuviese datos comparables en 2018.

Por su parte, el Evalúa adoptó el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), método muy diferente del de Coneval, adoptó umbrales de dignidad, y un camino diferente para lograr una serie comparable: ajustó los ingresos de los hogares a cuentas nacionales que forma parte de las buenas prácticas en mediciones de pobreza y desigualdad y genera resultados más confiables. 

El ajuste a cuentas nacionales se lleva a cabo por fuentes de ingresos (salarios, ingresos por negocios propios, renta de la propiedad, etc.) de manera que cada fuente tiene su propio factor de ajuste y, al aplicarlo, no sólo cambia el nivel de ingresos promedio de los hogares, sino también su distribución. En el caso de los ingresos por negocios, el ajuste es diferencial según el tamaño de la empresa. La diferencia tan fuerte en los niveles de pobreza refleja los muy bajos umbrales que, en todas las dimensiones usa el Coneval y su adopción del criterio intersección: sólo son pobres quienes tienen una o más carencias (71.2 por ciento de la población) y también su ingreso está por debajo de la línea de pobreza (48.8 por ciento); por ello es que la pobreza (41.9 por ciento) es menor que estos dos parciales de los que se deriva. A quienes sólo tienen una de estas dos condiciones, el Coneval los llaman vulnerables. La suma de pobres más vulnerables, que alcanza cerca del 80 por ciento de la población, revela lo que su terminología oculta (y que el Evalúa explicita): que la inmensa mayoría de la población (cerca de 3/4 partes según el Evalúa) viven con carencias básicas incompatibles con la ciudadanía plena.

Aplaudimos su iniciativa señor presidente, pero advertimos que para el 2020, no se conoce un modelo oficial de medición de la pobreza y qué de no ser así, seguiremos estancados en las sucias maniobras de un periodo de posturas falsas (como fue entre 2008 y 2012) en el que hay dos métodos oficiales y dos discursos oficiales diferentes sobre la realidad de nuestra pobreza, un manto creciente que parece ya cobijar a más mexicanos.

 


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