Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

TERRORISTAS

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 03-12-19)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

La política provocadora y expansiva de Estados Unidos, ha estado siempre presente en diferentes escenarios, últimamente, en el de Culiacán, durante el accidentado proceso de detención y liberación de Ovidio Guzmán, un hijo de El Chapo Guzmán, y en el contexto del salvaje asesinato de niños y mujeres pertenecientes a familias mormonas, entre ellas las de apellido LeBarón. Especulaciones o contexto, coincidencias o planificación, lo cierto es que Donald Trump estremeció nuevamente a nuestro país con su declaración a un entrevistador de tendencia conservadora, Bill O’Reilly, en el sentido de que habrá de caracterizar a los cárteles delictivos mexicanos como terroristas. 

Aun cuando en todo caso faltarían fases procesales para consumar tal clasificación que le daría posibilidades de intervención armada en nuestro país, el simple hecho de tocar el tema de esa manera categórica produjo inmediatas y preocupadas reacciones mexicanas. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado de prensa en el que solicita a Estados Unidos que precise el contenido y los alcances de lo dicho por el extremista Trump.

La alarma en el gobierno mexicano tiene pleno fundamento. Con el amago de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, la administración Trump obligó al gobierno mexicano a dar la espalda a las promesas de ayuda humanitaria, trabajo, salud y buen trato a migrantes provenientes de Centroamérica a los que se decía que se les permitiría transitar libremente por México. El presidente López Obrador se vio obligado a construir el muro deseado por Trump, pero con decenas de miles de miembros de la Guardia Nacional que han impuesto la nueva política migratoria mexicana que es la deseada y ordenada por Estados Unidos.

La caracterización de terrorismo para los bárbaros cárteles mexicanos podría llevar a un cambio en materia de seguridad nacional. Estados Unidos busca convertir expresamente a México en un factor de su seguridad nacional, al cual debe cuidar, controlar y someter. Los segmentos del poder gringo que van en la línea intervencionista de Trump temen que la frágil frontera norte mexicana pueda convertirse en puerta de entrada de grupos verdaderamente terroristas, deseosos de atentar contra habitantes, bienes e intereses de la poderosa Nación.

Para llegar a tal pronunciamiento, Trump tuvo dos momentos clave. Semanas antes del extraño episodio que tuvo a Ovidio Guzmán como personaje principal, pero también al gobierno federal y al Ejército Mexicano como actores con raros y peligrosos papeles a representar, el director interino de la DEA y personal de alto nivel de la embajada de Estados Unidos en México estuvieron en Culiacán, reunidos con el gobernador priísta Quirino Ordaz. En el caso de la familia LeBarón, uno de sus miembros más conocidos, Julián, ha mantenido relaciones políticas y adoctrinamiento en el esquema de la organización Nxivm, representada en México por Emiliano Salinas Occelli, el hijo de quienes ustedes se imaginan.

Parte de esa familia LeBarón, a la que pertenecieron algunas de las víctimas del atroz ataque, ha hecho a Trump la solicitud de intervención en México que ha dado pie a la nueva acometida intervencionista del multimillonario en búsqueda de más y más banderas que le permitan alcanzar un segundo periodo presidencial y librar las amenazas de un juicio destituidor. Más allá de los posibles efectos electorales señalados, la pretensión del mandatario republicano tiene implicaciones muy graves para la relación bilateral y para la vida interna de México, pues la adopción de esa intención de calificar a los cárteles mexicanos de organizaciones terroristas, obligaría a las instituciones financieras estadounidenses a bloquear cualquier cuenta vinculada con dichas agrupaciones o sus integrantes, así como a reportar a las autoridades de su país acerca de la existencia de los fondos manejados, además de prohibir el ingreso a territorio estadounidense y permitir la deportación de cualquier persona señalada como miembro de un grupo terrorista.

Al respecto, tenemos que recordar que la política antiterrorista de Estados Unidos se sustenta en una serie de disposiciones aprobadas durante la administración de George W. Bush (2001-2009), las cuales se caracterizan por su autoritarismo discrecional, en lo interno, y en lo externo por un desprecio de las soberanías nacionales que consagra la intervención armada contra cualquier país en una prerrogativa de quien se encuentre al frente de la Casa Blanca. Además, la invocación de la lucha contra el terror genera una serie de problemas de índole económica, toda vez que lleva aparejada la posibilidad de imponer sanciones a un Estado –en este caso, el nuestro– cada vez que, según el juicio totalmente arbitrario de Washington, éste no cumpla un papel satisfactorio en el combate a las actividades terroristas.

Por otra parte, resulta notorio que la clasificación de las bandas de narcotraficantes como organizaciones terroristas pondría a los mexicanos a ambos lados de la frontera en una situación muy precaria, tanto por la intervención en materia de seguridad y las agresiones económicas a que puede dar lugar, como porque exacerbaría los crímenes de odio contra personas de origen hispano y particularmente, la xenofobia antimexicana entre amplios sectores de la sociedad estadounidense más de lo que ya lo ha hecho el discurso racista de Trump en los años recientes.

Aunque es probable que el magnate haya manifestado sus intenciones llevado por motivos electorales, lo cierto es que la mera expresión de este propósito tiene incidencias prácticas sumamente preocupantes. Como señaló el canciller Marcelo Ebrard, se trata de una pretensión inadmisible que implicaría la intervención de Washington en territorio nacional y en asuntos que competen exclusivamente a México y además carece de cualquier justificación, toda vez que ignora la tajante diferencia entre terrorismo y delincuencia organizada.

En suma, creo yo que el anuncio de Trump constituye una amenaza grave que la sociedad y el gobierno mexicano debemos rechazar de manera frontal y contundente. Cabe mencionar que los cárteles carecen de motivación política, ideológica o religiosa, y no tienen intención de generar terror en la población o en un sector de ella. Sus actos responden a un negocio ilícito que deja beneficios económicos descabellados, por lo que designarlos como terroristas carecería de sustento jurídico.

 


volver al homepage
HOMEPAGE


LINEA DIRECTA GERARDOREYES.COM DERECHOS RESERVADOS.   regg48@hotmail.com