Linea Directa


EDÉN POLÍTICO

 

MAL DISEÑO CONSTITUCIONAL EN MÉXICO

Por Pedro Lara Hernández (LD 13-08-19) 

plh2853@gmail.com  

  

Uno de los más graves problemas que tiene el diseño constitucional de México es que el pueblo de México no elige, ni cambia, a los integrantes del poder judicial en el país.  

Aunque el Artículo 49 de la Constitución General de la República señala que: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Y el Artículo 39 ordena que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste y que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Y aunque el artículo 41 dice que: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, solo ordena que “La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.”  

Es decir, el pueblo solo puede renovar a los integrantes de los poderes, Ejecutivo y Legislativo, pero no puede renovar a los integrantes del Poder Judicial. La renovación de los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -quienes por cierto ganan lo que quieren y duran en el cargo 15 años-. Es una concesión y un poder que se le da al presidente de la república en turno. Y ahí está uno de los grandes nudos del sistema político mexicano.  

El artículo 89 Constitucional que se refiere a las facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo, señala en su inciso XVIII: Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado. Si éste no se pone de acuerdo la designación recaerá en el presidente de la república. Los artículos 96 y 98 de la constitución también refieren a la intervención del Ejecutivo en las designaciones del poder judicial.   

El 1 de julio de 2018 con su voto el pueblo de México pudo elegir al poder ejecutivo y al poder legislativo, pero no al poder judicial. Este poder es inamovible, a pesar de un sinnúmero de irregularidades que cometen sus integrantes todos los días. Esperamos que no tarde mucho el día en que el pueblo de México pueda cambiar libremente a los malos funcionarios judiciales en todo el país. Lacra burocrática que ha impedido con el cuestionado actuar de sus integrantes, el completo desarrollo de la democracia en México.  

Académicos y especialistas por mucho tiempo coinciden en la urgente necesidad de reformar el poder judicial en México. Tenemos como ejemplo, que a fines del año 2018, el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) propuso cuatro iniciativas de reformas al Poder Judicial. La primera tiene como objetivo impulsar una integración paritaria por género en ese poder; la segunda busca incorporar controles de evaluación de confianza en los funcionarios; la tercera propone la rotación de jueces de distrito y magistrados de circuito, con el fin de prevenir actos de corrupción, y la cuarta busca prevenir y erradicar actos de nepotismo.  

En teoría, el poder judicial debería ser un poder autónomo, capaz de sujetar a los otros dos poderes bajo el imperio de la ley. Pero un poder que no tiene autoridad moral, es imposible que cumpla esa función. Porque su actuar jurídico, en la práctica, infortunadamente, se volvió político. En muchas sentencias fundamentales para la vida nacional, le ha quedado a deber al pueblo de México. Y esto no es de extrañar, debido a que su ejercicio jurídico respondió, sobre todo las últimas cuatro décadas, más al interés político de quien los propuso que al interés supremo de la Nación.  

Se podría entender el comportamiento del poder judicial en el pasado, según lo explica el constitucionalista Héctor Fix Fierro cuando dice en su estudio “Poder Judicial” en la publicación Transiciones y diseños institucionales (UNAM,1999), que “el Poder Judicial federal era una institución más bien débil del régimen político, y como tal se desempeñó.” 

La debilidad institucional a que sometió el presidencialismo neoliberal a los integrantes del poder judicial los pone en estos momentos, en tal situación, de no saber, qué camino seguir, si el interés político de quienes les dieron el cargo, o utilizar la libertad y el respeto jurídico que les está dando el actual titular del poder ejecutivo en ésta nueva etapa política de México, para que sirvan realmente a la Nación.  

Es importante que los integrantes del poder judicial para sobrevivir en esta nueva etapa política del país entiendan qué si las reglas del juego cambiaron, su actitud como jugadores debe cambiar. Sino van a perder lo más, por lo menos. 

El actual cambio de régimen político genera la urgente necesidad de que el pueblo de México cuente con un árbitro jurídico supremo, realmente imparcial, que resuelvan sin cuestionamientos, sus sentencias de conflictos que antes no existían, o que antes se resolvían por otras vías.  

Si así lo hicieren los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y toda su estructura jurídica nacional, dejarán de estar en las caricaturas nacionales y aprovecharán la gran oportunidad de jugar el papel de juez Supremo sumándose a la misión del presidente Andrés Manuel López Obrador de devolver al pueblo su papel de verdadero amo en el juego de la democracia.

 


volver al homepage
HOMEPAGE


LINEA DIRECTA GERARDOREYES.COM DERECHOS RESERVADOS.   regg48@hotmail.com