Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

ESCENARIOS DE LA JUSTICIA

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 12-08-19)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

Rosario Robles Berlanga se ha convertido en la primera secretaria del gabinete que presidió Enrique Peña Nieto en pisar una instalación judicial bajo firme acusación de actos corruptos. Decidió cumplir con la primera diligencia relacionada con el sistema de saqueo de la riqueza pública conocido como la estafa maestra. Pudo haberse hecho representar por su defensor jurídico, el penalista Julio Hernández Barros, invocando presuntas o reales violaciones procesales y un clima adverso que podría intimidarla o retraerla. Pero no se acogió a tal posibilidad y, tal como había hecho saber con toda oportunidad, llegó a las oficinas judiciales del Reclusorio Sur para iniciar un camino que podría significarle una sentencia de años de cárcel, una exigencia de resarcimiento de miles de millones de pesos y una mancha imborrable en su carrera política llena de sobresaltos y acusaciones desde 2000, cuando fue jefa sustituta de Gobierno, relevada por el ganador capitalino de aquel año, Andrés Manuel López Obrador, quien arrancó en aquella fecha la acometida contra una izquierdista en proceso de pasar a filas contrarias.

Falta ver si el ánimo justiciero mostrado respecto a quien fue titular de Sedesol y de Sedatu se extiende a otros miembros que fueron del citado gabinete peñista de la hipercorrupción. Sobran nombres que merecerían investigación y eventual sujeción a proceso: Gerardo Ruiz Esparza (SCT), Miguel Ángel Osorio Chong y Alfonso Navarrete Prida (Segob), José Antonio Meade y Luis Videgaray (Hacienda y Relaciones Exteriores, y el primero también Sedesol), Claudia Ruiz Massieu (SRE), Luis Miranda Nava (Sedesol), Rafael Pacchiano (Semarnat), Pedro Joaquín Coldwell (Sener), Virgilio Andrade (SFP), Aurelio Nuño (SEP), Jesús Murillo Karam (PGR y Sedatu) y Alberto Elías Beltrán (PGR). Una lista, desde luego, incompleta y preliminar.

Por lo pronto, Robles Berlanga ya es señalada como presunta responsable de una conducta omisa que habría significado daños a la hacienda pública por más de 5 mil millones de pesos. En el caso, en distintos planos pero con insistencia sistemática, aparece el nombre de Emilio Zebadúa como uno de los principales personajes orquestadores de las maniobras englobadas en el título de la estafa maestra. Zebadúa fue oficial mayor en las secretarías que Robles ocupó y, según las versiones hasta ahora conocidas de las investigaciones en curso, habría tenido un papel operativo fundamental en las maniobras de corrupción que involucraron al primer nivel del aparato administrativo de esas secretarías y a colaboradores externos, como rectores de universidades públicas y funcionarios de oficinas de diversos estados del país.

El Ministerio Público Federal señaló que en más de 50 ocasiones la ex funcionaria conoció plenamente que durante su gestión se llevó a cabo la firma de convenios con universidades y otras instituciones públicas y privadas en los que sus subalternos, particularmente el señalado Emilio Zebadúa, realizaron acciones de falsificación de firmas, suplantación de convenios y otros delitos a través de los cuales se desviaron recursos que se transferían a empresas inexistentes o que no cumplieron con los términos acordados. Los fiscales presentaron testimonios de funcionarios que señalaban haber informado a Robles Berlanga de las irregularidades que se cometían en las instituciones a su cargo, y con ello se dio sustento a la imputación de ejercicio indebido del servicio público, sin que ella lo hubiera hecho del conocimiento del entonces presidente Peña Nieto ni autoridades de la Función Pública o del Ministerio Público. Al tratarse de un delito considerado no grave, en caso de que se decrete la vinculación a proceso, seguirá en libertad. Por lo pronto, los fiscales y la defensa acordaron que no se le impusieran medidas cautelares, situación que el juzgador consideró inaudita.

Mientras eso ocurría en la Ciudad de México, en distintos puntos del Bulevar Industrial de Uruapan, Michoacán, los cadáveres de 19 personas asesinadas a tiros, algunas colgadas de puentes y otras desmembradas, fueron abandonados la semana pasada como parte y advertencia de la disputa entre el cártel Jalisco Nueva generación y Los Viagras por el control de la ciudad. La guardia nacional, bien gracias.

En otro escenario, a un mes de que envíe al Congreso de la Unión su propuesta de paquete económico 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que con su política de ahorro y combate a la corrupción no nos va a faltar presupuesto para continuar con sus principales programas. No sólo es el presupuesto: el gobierno funcionaba para facilitar el saqueo, ahora tenemos finanzas públicas sanas, al desaparecer partidas de lujo, vender el avión que (Felipe) Calderón le compró a (Enrique) Peña y poner fin a la evasión fiscal y la condonación de impuestos a las grandes empresas y a un banco famoso. Advirtió que no dará marcha atrás en la entrega directa de apoyos a productores, aun cuando se realicen manifestaciones y bloqueos en contra de este plan. Parece entonces, que la justicia mexicana esta de un solo lado y en manos de un solo hombre. 

 


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