Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

HUACHICOLEROS DE TRAJE

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 01-04-19)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

Como parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con el desvío de mil 900 millones de pesos, a través de contratos y transferencias irregulares, entre otras, a universidades públicas, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga entre 2012 y 2018, en los próximos días están citados a declarar ante un juez de control Francisco Javier Báez, ex director de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y José Antonilo Orozco Hernández, ex director general de coordinación de delegaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),

El primero está vinculado con la firma del convenio SEDATU/DGAPADN-UPFIM/ 339901.03/2016, en febrero de 2016 con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del estado de Hidalgo y por el cual Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de dicha secretaría, fue vinculado a proceso la semana pasada por el presunto desvió de 185 millones de pesos.

En el caso de Orozco Hernández, se le notificó por su probable participación en la firma del convenio específico en abril de 2015 con número 710.33901.13/2015, derivado del convenio general de colaboración número 710.33901.12/2015 con la Universidad Politécnica de Chiapas. En esta audiencia también está convocado a comparecer Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de Sedesol y ex director general de coordinación de delegaciones de la Sedatu.

Otro involucrado por el desvío de recursos en ambas secretarías figura Gustavo Rodríguez González, entonces director de Comunicación Social en Sedesol y quien repitió el cargo en Sedatu, sin embargo en septiembre del año pasado fue el primer inhabilitado por 10 años para desempeñar algún cargo en la administración pública y sancionado económicamente (210.5 millones de pesos) por la Auditoría Superior de la Federación, debido a presuntas irregularidades en el pago de servicios en la realización de la campaña mediática Cruzada Nacional contra el Hambre. Dicha penalidad fue impuesta por presuntamente haber originado un daño patrimonial al erario por más de 175 millones de pesos, derivado de un convenio suscrito por la Sedesol con Radio y Televisión de Hidalgo en febrero de 2015.

En meses recientes algunos funcionarios han sido vinculados a proceso por estar presuntamente involucrados por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades, entre ellos Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Ordenamiento Territorial de Sedatu y quien fue coordinador de asesores de Robles Berlanga, así como Armando Saldaña, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, este último por el presunto desvío de 185 millones de pesos. En el caso de Wendy Gabriel Arrieta Camacho, ex directora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Sedesol, por el momento no enfrentará a la justicia ya que obtuvo un amparo para no comparecer ante un juez de control. De acuerdo con las autoridades, suscribió el anexo técnico tres del convenio de colaboración del 6 de mayo de 2013, entre la dependencia y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), causando un supuesto quebranto a la hacienda pública por casi 23 millones de pesos.

Sin dudarlo siquiera un poquito, los huachicoleros de traje son peor que los de campo en tomas clandestinas. ¿No cree Usted?

 


volver al homepage
HOMEPAGE


LINEA DIRECTA GERARDOREYES.COM DERECHOS RESERVADOS.   regg48@hotmail.com