Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

100 DÍAS

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 25-03-19)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

Han transcurrido 25 años del vil asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta ocurrido en un mitin de campaña en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, a pesar de ello, seguimos viendo un “México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales”. Al cumplirse los 100 primeros días del gobierno de López Obrador, resulta preocupante ver que a ese México de Colosio, se sumaron miles de corruptos y huachicoleros, pero además indigna que sus abogados de oficio hacen señalamientos focalizados sobre quienes, desde los pueblos indígenas, sus saberes y el anticapitalismo, denuncian y resisten las renovadas políticas desarrollistas, neoindigenistas y de militarización de la Cuarta Transformación. 

Ni el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, ni el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y, menos voces aisladas del entorno zapatista, fueron responsables de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificara el Proyecto Integral Morelos (PIM) en su discurso en Cuautla del 10 de febrero pasado, en el que estigmatizó a radicales de izquierda, calificados de conservadores, sin distinguir que, en realidad, eran integrantes de pueblos y comunidades que durante años han estado librando una batalla desigual contra el PIM, y, ahora, paradójicamente en contra del nuevo gobierno por el que la mayoría votó, que defiende y representa dicho proyecto.

Diez días después de la arenga presidencial sucede el inexplicable asesinato de Samir Flores Soberanes, encarnación misma de esa lucha. El 9 de marzo, Amilcingo, su pueblo natal, se convirtió en el epicentro de movilizaciones como la Asamblea Emergente Nacional ante la Violencia del Estado y la Autodeterminación de los Pueblos, allí, se caracterizó al gobierno actual, en los hechos, como una continuidad del neoliberalismo, allí convocaron a una movilización nacional e internacional el próximo 10 de abril en Chinameca, y declararon a AMLO como “persona non grata” en Morelos: “No permitiremos que la muerte de nuestro caudillo del sur sea insultada con la presencia de quien busca impulsar los proyectos de muerte en tierra zapatista”.

Los primeros 100 días de AMLO parecen no tomar en cuenta la realidad insoslayable de la brecha profunda entre pueblos originarios y un gobierno que ya decretó el fin del neoliberalismo. Como se trata de pueblos indígenas organizados en defensa de sus territorios y sus procesos autonómicos, no es asunto prioritario en la agenda gubernamental, salvo en lo que refiere al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), que hasta hoy no ha hecho un solo señalamiento sobre el Proyecto Integral Morelos y la continuidad de la violencia contra luchadores en defensa de la Madre Tierra, como Samir.

En este contexto de autoritarismos desde el poder: ¿Quién obstaculiza el diálogo cuando se imponen consultas desde el Ejecutivo federal que han sido consideradas ilegales, ilegítimas, violatorias de los derechos colectivos de los pueblos originarios? ¿Quién obstaculiza el diálogo con el fiscal que investiga el asesinato de Samir, denostando su memoria y la integridad ética de entornos familiar y de lucha? ¿Acaso existe el diálogo o simulación del mismo con quien sólo escucha el eco de su palabra hecha ley?

Hoy, más que nunca, el nuevo gobierno está obligado a enfrentar y tomar una posición diáfana sobre estas batallas territoriales. La depredación ecológica y la explotación del trabajo humano continúan conforme el capital corporativo doblega gobiernos de todo tipo para ponerlos a su servicio. Lo que está en disputa son los territorios y sus ricos recursos visibles y ocultos. En el México de hoy, las chispas que generan los incendios son justamente los conflictos socio-ambientales que surgen del choque entre los proyectos de muerte de las corporaciones privadas y estatales, y los proyectos de vida tejidos y arraigados por largo tiempo por las comunidades humanas, sus naturalezas y sus regiones, las resistencias al PIM podrían repetirse con el Tren Maya, el canal seco de Tehuantepec y con otros megaproyectos en puerta.

El arquitecto Rogelio Jiménez Pons dirige el Fondo Nacional de fomento al Turismo (FONATUR), y es, responsable de uno de los proyectos más relevantes y cuestionados del actual sexenio: el Tren Maya para carga y pasajeros. Según la publicidad oficial, detonará el desarrollo social y económico del sureste. Con mil 525 kilómetros de extensión y 15 estaciones, comunicará a sitios estratégicos de Campeche, Tabasco, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo. De ese tren no se conoce el proyecto definitivo, pero sí la opinión de quien debe llevarlo a buen término.

Jiménez Pons sostiene que es muy fácil decir de repente que no haya desarrollo. No podemos ser a ultranza conservacionistas cuando tenemos tanta miseria; tenemos que crear desarrollo y el desarrollo va a tener afectaciones al medio ambiente, obvio. No ganamos nada como país con tener jaguares gordos y niños famélicos; tiene que haber un equilibrio. Sí, tiene que haber jaguares bien comidos, pero con niños robustos y educados y capacitados. Ese es el tema: muchas veces va a implicar afectar el medio ambiente, pues remediemos las afectaciones.

Luego de aclararnos lo que es el desarrollo sostenible, agrega que “hay la completa y libre convicción de hacer las cosas bien. Mucha gente dice: ‘Ya tomaron la decisión y ahora vienen a hacer la consulta’. Y digo, espérate. Por supuesto que ya se tomó la decisión, porque si no, no se podría hacer la consulta. ¿Sabe lo que cuesta una consulta para todavía iniciar con una duda sobre si lo hago o no lo hago? Discúlpenme, pero eso no existe”.

Muchos celebramos la precisión de Jiménez Pons al definir el proyecto que llevará bienestar y progreso al sureste. Censuramos la forma paternalista de hacerlo y nos indigna que califique al pintor Francisco Toledo de santón de la ecología, por cuestionar el tren del progreso. A ese santón se suman miles. En primer término, los pueblos originarios que edificaron mucho mejor que el arquitecto su Tabasco 2000: Calakmul, Chichén Itzá, Tulum, Cobá, Uxmal, Palenque... Todos esos santones deben ser los primeros en conocer y discutir, como ordena la legislación vigente, los estudios de factibilidad técnica, económica, social, ambiental y financiera del proyecto.

Por razones muy simples: 1) el trazo del tren incluye áreas naturales de enorme valor; 2) requiere aportes financieros millonarios del gobierno y poderosos empresarios; 3) porque se deben evaluar los estudios de mercado y demanda del proyecto; 4) por afectar zonas arqueológicas que exigen cuidado extremo, y 5) algo fundamental: medir los efectos sociales y los potenciales beneficios que ocasionará a la población. ¿Acaso Jiménez Pons, y principalmente el Presidente de la República, desean repetir con el Tren Maya lo que ahora ocurre con la termoeléctrica Huexca, en Morelos, Puebla y Tlaxcala?

 

 


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