Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

ISLAS MARÍAS

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 04-03-19)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

 

“Complejo penitenciario que ofrecía

un esquema favorable para la reintegración a la sociedad,

pero fue abandonado”.

Emilio Cunjama López,

investigador del

Instituto Nacional de Ciencias Penales.

       

Localizadas a 112 kilómetros de la costa nayarita, las islas fueron descubiertas en los primeros años de la Colonia. La mayor de las islas, María Madre (145,282 km²) alberga la Colonia Penal Federal Islas Marías establecida en 1905. Las otras islas mayores son María Magdalena (70,44 km²), María Cleofas (19,818 km²) y San Juanito (9,105 km²); la superficie total de las islas es de 244,97 km². Su posesión fue disputada por Hernán Cortés y Nuño de Guzmán; pero realmente fueron aprovechadas hasta el siglo XIX.

Tuvieron varios propietarios, hasta que en enero de 1905 Gila Azcona, viuda de Manuel Carpena –el último dueño– las vendió por 150 mil pesos, al gobierno de Porfirio Díaz quien meses después, en el mismo año, firmó un decreto para convertirlas en una colonia penal federal, la primera y única que operó en México. Los últimos años del dictador en el poder se caracterizaron por una intensa represión y persecución contra los disidentes. Las Islas Marías fueron concebidas como un espacio penitenciario perfecto para confinar a los delincuentes más peligrosos de la primera parte del siglo XX. Su ubicación era estupenda para evitar fugas, no sólo por la gran distancia que las separa del litoral, sino por las fuertes corrientes marinas y porque las rodea un mar infestado de tiburones.

En más de un siglo de historia, el penal fue señalado por los abusos y torturas contra los reclusos. Fue en los años 40 y 50 del siglo pasado cuando comenzaron a llegar las primeras familias a vivir junto a los sentenciados, lo que le daba un giro distinto respecto del resto de las cárceles del país, pues las condiciones de internamiento se asemejaban a la vida en libertad. Por sus muros de agua, como los llamó el escritor duranguense José Revueltas, recluido en dos ocasiones en las islas entre 1932 y 1935 por motivos políticos (mismos por los que posteriormente se le internaría en Lecumberri), también pasaron María Concepción Acevedo, La Madre Conchita, autora intelectual del homicidio del presidente Álvaro Obregón, así como Juan Manuel Martínez Macías, El Padre Trampitas, sacerdote voluntario que estuvo ahí por 37 años y que se hizo amigo de los reos más peligrosos. En casi 114 años de operación, en Islas Marías fueron recluidos aproximadamente 45 mil personas,

El archipiélago fue declarado Área Natural Protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, en 2000; y cinco años más tarde, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura lo clasificó como Patrimonio Natural de la Humanidad, por su diversidad ecológica. El 18 de febrero pasado, a punto de cumplir 19 años de esa declaratoria, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para su cierre definitivo como lugar para la reclusión y convertirlas en el Centro Natural y Cultural Muros de Agua-José Revueltas. La clausura de ese complejo penitenciario será más pronto de lo que se espera y se convertirá en un centro natural y cultural que recibirá sus primeras visitas el próximo verano, con niños de alto aprovechamiento académico. Con el espacio cultural se espera recibir al menos 100 mil visitantes cada año, sobre todo niños y jóvenes. El costo-beneficio será para más población, que podrá disfrutar de ese territorio. La decisión se tomó sobre todo por motivos económicos, pues la prisión representa un oneroso gasto anual de 727 millones de pesos. El costo para el erario de 2 mil 800 pesos al día, por cada preso es mucho mayor que en el resto de los penales del país.

El investigador Cunjama López, aseveró que “Ante los vicios en la prisiones del país: sobrepoblación, deficiencia en los servicios, corrupción, el complejo Islas Marías fue una prisión modelo que se generó para proponer un esquema que no tuviera el principio de encierro, sino que contara con una comunidad en que la familia accediera a una estancia. Era un modelo desaprovechado que aspiraba a tener mayor eficiencia, ya que la familia fortalece las probabilidades de estar en sociedad, porque la prisión tradicional no reinserta a nadie. Sus características pudieron convertirlo en un modelo innovador para el sistema carcelario en la resocialización de los internos, pues era el único centro de internamiento en el país con las condiciones más parecidas a la vida en libertad y a la convivencia en comunidad, además de que muchos reclusos podían vivir junto a sus familias, las madres, las esposas, los hijos, las parejas, están porque tienen voluntad o solidaridad afectiva lo que generaba opciones para la reinserción social.

Durante el gobierno de Felipe Calderón las cosas cambiaron, decidió convertir el espacio en un complejo penitenciario de alta seguridad, y fueron enviados ahí peligrosos criminales, a quienes se les recluyó en las primeras prisiones con barrotes en la zona conocida como Laguna del Toro. La población carcelaria se elevó a más de 8 mil internos, lo que generó que las islas dejaran de ser un penal respetuoso de garantías. En febrero de 2013, cerca de 600 reos se amotinaron para demandar mejor calidad en los alimentos y servicio de atención médica. Tras el motín se retomó la idea de cárcel en libertad, una vida carcelaria sin autogobiernos ni sobrepoblación, con trabajo comunitario, educación y actividades para los presos y sus familias, servicios de salud y alimentación, entre otros beneficios, tal como lo establecen las normas internacionales. 

Los más recientes estudios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los centros penitenciarios arrojan que Islas Marías era el que mejor cumplía con las condiciones mínimas para el respeto a los derechos y dignidad de los internos. Ruth Villanueva, tercera visitadora general de la (CNDH), y, también especialista en temas de reclusión, señaló que cerrar las cárceles, es un avance pero en esta ocasión se hace con la mejor calificada. Aclaró que no basta con el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para cerrar este espacio, pues se necesitará la autorización del Congreso; además, corresponde exclusivamente al Poder Judicial determinar a qué penales se trasladaría a los reclusos. De los 656 presos en la isla, 200 cumplen ya con los requisitos de ley para recuperar su libertad, el resto, junto con la incertidumbre de sus familias, debe ser trasladado a diferentes centros penales.

Señor presidente: sorprendidos por esta y otras declaratorias, lo único que pedimos es conocer el proyecto del Centro Natural y Cultural Muros de Agua-José Revueltas, no vaya a suceder lo mismo que ocurre con el aeropuerto de Santa Lucia, el Tren Maya y la termoeléctrica de Huexca, en Morelos.

 

 


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