Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

SIN TESTIGOS NI CULPABLES

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 11-02-19)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

El racionamiento de gasolina ha sido un golpe político maestro. Colocó a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el centro de la agenda política nacional, le puso nombre y rostro al enemigo en una lucha que de otra manera se presenta como una frustrante cargada contra los molinos de viento de la corrupción y avanzó en su objetivo de militarizar la vida social del país. Rescatar a Pemex va de la mano de una política de reducción de impuestos, lo que significa que los aumentos proyectados al gasto social tendrán que salir de una empresa petrolera ya saneada, de la reducción de los gastos del propio gobierno (se consigue con menguas salariales, despidos masivos, y reducciones presupuestales), y también de un crecimiento del PIB, que supuestamente será conseguido gracias a proyectos de desarrollo como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, y a la mayor confianza de los inversionistas, propiciada por la seguridad que garantizarán las fuerzas armadas y por la reducción de la corrupción.  

Afirma el presidente que la estrategia contra el huachicoleo, no cambiara porque el gobierno no va a establecer componendas, ni relaciones de complicidad con nadie. El gobierno va a actuar con rectitud y con honestidad, con cero tolerancia en cuanto a la corrupción y a la impunidad. Es indispensable, sin embargo –y por fortuna el actual gobierno parece haberlo entendido así– que esta doble tarea vaya acompañada de efectivos programas sociales de ayuda, que fortalezcan el discurso de la legalidad con el recurso del apoyo económico. De otra manera, el riesgo que corremos todos, es que el saqueo y el estallido de Tlahuelilpan vuelva a repetirse más temprano que tarde.

Dice eel mañanero presidente: “Aunque duela mucho, tenemos que seguir con el plan de acabar con el robo de combustible y con estas prácticas. No vamos a detenernos. Vamos a erradicar esto que no sólo daña materialmente, no sólo es lo que pierde la nación por este comercio ilegal, este mercado negro de combustibles, sino el riesgo, el peligro, la pérdida de vidas humanas. Desgraciadamente es un riesgo constante, permanente, no se trata de señalar, de acusar a la ligera. Hay que ver las circunstancias en las que se dan las cosas y por eso vamos a enfrentar estos problemas atendiendo las causas. Si hay trabajo, si hay bienestar, va a haber paz y tranquilidad en el país”.

Para el jefe del Ejecutivo federal, la gente llegó a estas prácticas porque no se les dieron opciones, nunca se pensó en un plan para atender a la gente que participaba en esas actividades, y pidió que las abandone y que no se apoye a los que distribuyen combustible en mayor cantidad, también con las tomas clandestinas. Para ello, ofreció apoyos económicos y de asistencia social para los pobladores que decidan dejar el huachicoleo (trabajo digno, entre otras ofertas gubernamentales, aspiración que no alcanzan muchos de quienes se mantienen al margen de ese tipo de saqueos).

El problema del huachicol es un efecto de la tirantez que existe entre la economía extractiva y la distribución social de la riqueza. Los ductos de gasolina son una imagen perfecta de esta tensión, porque atraviesan territorios que sin huachicol no se beneficiarían en nada de ellos. Lo mismo ocurre con las supercarreteras de cuota que atraviesan nuestro país, y que relegan a pueblos y regiones enteras a ser meros espectadores de la riqueza que transportan. Hay mucha gente de esos pueblos que ven pasar autos a toda velocidad, pero no tienen entrada propia a la carretera. Que por cierto, a partir de febrero, aumentaron sus cuotas sin consultar al pueblo.

El presidente López Obrador no se equivoca cuando declara la necesidad de complementar la vigilancia militar de la gasolina con proyectos de gasto social y desarrollo a todo lo largo de los ductos. Si se quiere evitar el uso de los popotes ilícitos, hay que ofrecer derrama por la vía del gasto público. Si el Ejército quiere controlar a las multitudes sin disparar, habrá que incorporarlas a los beneficios que en teoría puede ofrecer el Estado. Por eso, el problema económico no desaparece con la presencia de los militares. El huachicoleo puede ser abolido sin violencia sólo si lo sustituyes con inversión gubernamental. Pero para eso, el gobierno tiene que tener recursos y esos recursos ¿de dónde van a salir?

Da la impresión de que el gobierno se muerde su propia cola. Evita el robo en gasoductos comprando pipas. Eso cuesta. Evita el robo agrandando el tamaño y mejorando el equipamiento del Ejército. Eso cuesta. Socava las bases sociales del huachicol metiendo inversión pública a las zonas por las que pasan los ductos. Eso cuesta. Sólo que, al final, al igual que las víctimas de Tlahuelilpan, su visión de la economía sigue siendo extractivista. Cree que la verdadera riqueza proviene del petróleo. Eso cuesta. No dudamos lo que el presidente López Obrador sostiene: “Que el pueblo es bueno y honesto y que una clase política corrupta se ha aprovechado de su pobreza para empujarlo a delinquir”.

A ello, habría que agregar el triste episodio de Tlahuelilpan, Hidalgo que se quedará sólo como un testimonio más de nuestras desgracias, que abundan sin testigos ni culpables.

 


volver al homepage
HOMEPAGE


LINEA DIRECTA GERARDOREYES.COM DERECHOS RESERVADOS.   regg48@hotmail.com