Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

CONCESIONES MINERAS

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 29-10-18)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

En el mundo de la minería, no hay duda, México es el primer productor de plata, tercero en bismuto, quinto en plomo, noveno en oro y undécimo en cobre, por lo que la inversión extranjera en el sector minero ha crecido vertiginosamente en los últimos 12 años. Cifras de la Secretaría de Economía señalan que, hasta julio de 2016, existían 25 mil 178 títulos de concesiones mineras vigentes en 22 millones de hectáreas en toda la República Mexicana. En apego al último registro del Sistema de Administración Minera (SIAM), sólo en septiembre de 2017 se otorgaron 84 permisos.  

Cabe mencionar que la concesión otorgada se concede por 50 años, con la posibilidad de solicitar una prórroga por un periodo igual, que, difícilmente será negada. Especialistas en la materia afirman que el hecho de que exista una concesión no significa que haya un proyecto en marcha pero también afirman que la minería se presenta como una actividad polémica con múltiples aristas y con una complejidad única al ser uno de los sectores más versátiles y difíciles de analizar, ya que en él influye un cúmulo de elementos interrelacionados.  

A pesar de que la Secretaría de Economía, es la instancia más importante porque otorga las concesiones mineras, toda una red burocrática está al servicio para dar manga ancha al negocio y avalar la operación, todo comienza en la “Guía de Procedimientos Mineros”, realizada justamente por dicha instancia hoy dirigida por Ildefonso Guajardo Villarreal, pero, participan muchas secretarias de estado y organismos descentralizados para disque regular la actividad, todas en cumplimiento de sus funciones públicas pero en la práctica ninguna cumple con su deber, nada pueden hacer por falta de inspección y seguimiento al proyecto minero.

En materia ambiental está comprobado que las concesiones esparcen los problemas por suelo, aire y agua, además, en la flora y fauna, principalmente por el uso de químicos. Que de las 12.6 millones de hectáreas bajo aprovechamiento forestal que tiene el país, el 23% se empalma con concesiones mineras. Que la actividad minera provoca daños a la salud que incluso propicia distintos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y pulmonares por la generación de partículas de polvo, problemas dermatológicos, padecimientos auditivos a causa del ruido provocado por el uso de explosivos y, por supuesto, la muerte por accidentes laborales y negligencia.

Otras secretarias que participan son: Hacienda y Crédito Público (SHCP), otorga el registro fiscal, recauda los impuestos y los derechos de sus actividades. Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), otorga la certeza jurídica con relación a la tenencia de la tierra ejidal y comunal. Lleva a cabo la inscripción de los decretos de expropiación de dichos bienes y está vinculada a que los terrenos no sean arrebatados indebidamente a los pueblos que habitan en donde se va a ejecutar la minería. 

Del Trabajo y Previsión Social (STPS), proporciona la seguridad laboral con los trabajadores, lo cual resulta importante al ser la minería una actividad riesgosa. La secretaría autoriza el funcionamiento de recipientes como calderas o recipientes sujetos a presión a fin de vigilar el cumplimiento a la NOM-020- STPS-2011. También inspecciona que en las mineras no trabajen menores de edad y es quien puede autorizar empleos a menores entre 14 y 17 años y, aprueba planes y programas de capacitación. 

De la Defensa Nacional (SEDENA) está vinculada con la autorización y supervisión del uso de explosivos, ya que es la encargada de otorgar un permiso general para la compra, almacenamiento y consumo de este tipo de material en la industria. También participan las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que asesora a las empresas en relación con los usos y costumbres de los pueblos originarios a fin de evitar conflictos sociales. Interviene cuando ya hay un conflicto porque las empresas no se acercan antes a ellos, no se comunican antes para preguntar si en tal lugar se puede operar una mina. Los impactos sociales que surgen en las zonas de extracción se centran en el desplazamiento y migración local, así como en conflictos que incluyen la resistencia y la división en la comunidad entre las personas que están de acuerdo contra quienes se oponen a los proyectos. 

La Comisión Nacional del Agua, tiene una actividad fundamental vinculada a la regulación de los derechos por uso del vital líquido. Puede otorgar o prorrogar los títulos de asignación o concesión para el uso de agua. También se encarga de lo relacionado con las descargas de aguas residuales. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene la tarea fundamental de brindar el servicio médico y seguridad social a sus afiliados, después de que el patrón de la empresa minera registra a los empleados. Además del Servicio Geológico Mexicano (SGM) que ofrece asesoría geológica minera de uso de suelo y estudios ambientales, los gobiernos municipales a quienes se les solicita un permiso de cambio de uso de suelo. 

Todo eso lo entendemos perro lo que no entendemos es porque del total de 290 compañías mineras que operan en México, 70% son extranjeras. De éstas, 211, el 74% tienen participación canadiense y 15%, estadunidense. Porqué las empresas canadienses que asumen conductas ejemplares y responsables en su nación hacen aquí todo lo que no pueden hacer en su nación: tienen impuestos ridículamente bajos, contaminan y envenenan las tierras donde medran, pagan salarios miserables, se burlan de las leyes laborales y a base de corrupción despojan a campesinos y a pueblos indígenas. Porqué las autoridades, amparadas en el marco de la Ley, no están realizando un proceso de evaluación y de revisión exhaustivo que permita que las empresas garanticen el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, se anteponen los intereses particulares de las mineras, sobre el bienestar de la población. 

Nos lo explica Napoleón Gómez Urrutia, el sujeto que regresó de Canadá para ser revestido de fuero constitucional disfrazado de Senador de la Republica, es también líder de la minería en México, integrante de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional y, por si fuera poco, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. El senador afirma que las concesiones a particulares para explotar las minas en México, se transforman en desarrollos inmobiliarios especulativos y sus titulares pagan al Estado, a cambio de las grandes ganancias y ranchos ganaderos que poseen en los terrenos concesionados, la cantidad irrisoria de 25 pesos por hectárea concesionada. Un ejemplo muy claro es:  “las empresas tienen UU"

La trasnacional canadiense Goldcorp, con sede en Vancouver, tiene varios proyectos en México, donde es la principal productora de oro (411 mil onzas en 2012). En su país se rige bajo la Ley de Impuestos Mineros de la Columbia Británica (Mineral Tax Act). De acuerdo con esa ley, por la operación de una mina tendría que pagar 2% de su ingreso operativo más 13% de su ingreso neto acumulado adicional; dos impuestos sobre la renta (ISR), uno provincial de 10% y otro federal de 15%; tendría que haber tramitado una licencia social de operación, pagar permisos y trámites municipales; no disfrutaría una concesión de 50 años como en México y estaría obligada a seguir reglas y protocolos ambientales estrictos.

Además tendría que someterse a la iniciativa Hacia una Minería Sustentable, elaborada por el gobierno federal y organizaciones civiles, lo cual la obliga a aplicar programas de protección ambiental, armonía y desarrollo comunitario e inclusión laboral indígena entre otros aspectos. En México, Goldcorp sólo tiene que pagar el ISR, que además es acreditable gracias al Convenio de Eliminación de Doble Tributación, lo que implica que puede acceder a créditos o exenciones fiscales. Aquí el pago de su concesión es irrisorio. Por ejemplo, tiene 70 mil 900 hectáreas concesionadas en Sonora, donde explota una mina de oro. En 2012 sólo esa operación le produjo una utilidad bruta superior a los 2 mil millones de pesos. Pagó 5.70 pesos semestrales por cada hectárea de la concesión, un total de 809 mil pesos en el año, equivalentes a 0.039% de sus utilidades netas. 

La legislación vigente sólo exige el pago de derechos conforme a la fracción II del artículo 27 de la Ley Minera y al artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, que marcan de 5.70 a 124.74 pesos semestrales por hectárea. En síntesis, la explotación minera es el paraíso fiscal de las empresas extranjeras y “es génesis de múltiples conflictos sociales, que en algunos casos han derivado en enfrentamientos armados, desplazamientos forzados de comunidades y aumento de violencia”. Los impactos de la actividad extractiva en territorios indígenas se relacionan con la minería llamada “a cielo abierto”, que es altamente contaminante y destructiva, en muchos casos, es evidente la laxitud del marco jurídico y normativo ambiental y las omisiones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, allí esperan Cananea y Pasta de Conchos.

Además de los daños ambientales, los desarrollos mineros se han realizado “sin respetar los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre su territorio: a su propiedad, al uso y goce de sus recursos y a la consulta, consagrados en la Constitución y tratados internacionales”. El senador Gómez Urrutia dice que en el gobierno de López Obrador, esa situación cambiará, que revisaran la legislación minera de manera íntegra, tanto los derechos que pagan los empresarios del ramo como el tratamiento fiscal de excepción que reciben, mientras acaparan cada vez más tierras.  

Que la minería mexicana será rescatada porque es la cuarta fuente de divisas más importante del país y tiene un futuro promisorio si se obliga a los empresarios del ramo a pagar lo que corresponde. Que se hará una profunda revisión del sistema de concesiones mineras en México. Lo único que le pedimos, es que cumpla.

 


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