Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

LINCHAMIENTOS

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 18-10-18)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su edición de 1984, fijaba el significado del verbo linchar como “castigar, usualmente con la muerte, sin proceso y tumultuariamente, a un sospechoso o a un reo”. Ya en su edición de 2001, la obra de referencia define esa acción como ejecutar, es decir: ajusticiar, dar muerte sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”.

De acuerdo con el estudio “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)” elaborado por los investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en los últimos 26 años se han registrado en diferentes entidades de la República Mexicana, (principalmente en la zona centro-sur del país), al menos 366 casos relacionados con el linchamiento, práctica infame que ha tomado cada vez más fuerza con un denominador común: inseguridad y ausencia de la autoridad. Los investigadores destacan que mientras las condiciones de injusticia e impunidad y la debilidad del Estado de Derecho prevalezcan, es muy alta la probabilidad de que estos casos de acción colectiva se sigan registrando con mayor frecuencia. Quienes justifican las ejecuciones por mano propia, esgrimen que la corrupción del aparato judicial y la impunidad que cubre a los delincuentes son elementos que contribuyen a que algunas personas tomen justicia por su propia mano.

Estamos de acuerdo, nuestra crisis se expresa en el hartazgo hacia un Estado incapaz de resolver la inseguridad de los ciudadanos. Como sociedad, no podemos negar que tenemos una imagen muy negativa (ganada a pulso) de los integrantes de las fuerzas policíacas y militares, así como de las autoridades políticas, de los jueces y ministerios públicos. Desconfiar de la justicia por parte del gobierno, esa es la praxis y seguramente es la tarea pendiente que hay que corregir, no olvidemos que el linchamiento es un fenómeno que tiene características altamente violentas, se dan con mucha celeridad, se realizan de manera espontánea y por autores anónimos.

En muchos lugares del país, policías, ministerios públicos, jueces, presidentes municipales y funcionarios públicos, están coludidos con los delincuentes, por eso la gente cuando logra capturar un criminal o sospechoso, prefiere hacerse justicia por su propia mano, ya que si lo entregan a las "autoridades" saben que pronto los van a liberar porque son sus cómplices. Ésa es solo la mitad de la tragedia, la otra mitad es qué si se deja la justicia en manos de los ofendidos, éstos sin juicio alguno, pueden equivocarse y confundir al ofensor u ofensores por alguien que no lo es.

En la actualidad, es común observar que en los lugares donde ocurre esta práctica, los pobladores cuelgan mantas y advertencias, como: “No vengas aquí porque si te agarramos te vamos a linchar”. Hace 14 años, en el poblado de San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac, en el mes de noviembre de 2004, lincharon a tres policías, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y ahora, próximo presidente constitucional y el entonces secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard Casaubon, futuro canciller, prometieron castigo para los responsables del crimen comunitario. Aún se espera inútilmente ese castigo y no la demagógica propuesta de incorporar a 50 mil jóvenes a las fuerzas policiacas o castrenses. Los jóvenes de hoy, son harina de otro costal.

Once años después, el 15 de octubre de 2015, en el poblado de Ajalpan, estado de Puebla, dos encuestadores, José Abraham Copado Molina de 30 años y su hermano, David Rey, de 39, fueron injustamente linchados. Estaban allí, para aplicar cuestionarios sobre el consumo de tortillas, les pagaban por cuestionario entregado entre 25 y 50 pesos, según el tipo de proyecto. Pese a las inclemencias del tiempo y a los peligros del camino, así se ganaban la vida. Corrió el rumor de que eran los responsables de un intento de secuestro en contra de una menor. Para evitar que fueran agredidos por los pobladores, los encuestadores fueron retenidos en la comandancia, pero, repicaron las campanas de la iglesia y un contingente de más de mil personas se agrupó en el lugar para después arremeter en contra de las instalaciones del Palacio Municipal y vehículos oficiales.

Pese al arribo de la Policía Estatal y de municipios aledaños, la turba sacó de los separos a José Abraham y David y comenzó el juicio sumario. Todo valió madre, creció el rumor, nadie quiso escuchar, apareció la niña supuestamente mancillada y secuestrada y no hizo cargos contra ellos, sobrevino la golpiza, y el linchamiento solamente concluyó cuando los sanguinolentos cuerpos de Abraham y David fueron consumidos por la hoguera que prendieron los más iracundos y cobardes de la muchedumbre. El caso, causó indignación a nivel nacional, no hubo justicia, se guardó el silencio y hasta allí llegó. Pero, aún hay más:

Muy a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 17, prohíbe hacerse justicia por mano propia: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, los recientes linchamientos que tuvieron lugar en Acatlán de Osorio, Puebla, 29 de agosto 2018, y en San Mateo Tlaltenango, delegación Cuajimalpa, el 11 de septiembre de 2018, dicen todo lo contrario, siguieron la misma ruta que la atrocidad perpetrada en Ajalpan. En el primer caso, (tío y sobrino fueron señalados, falsamente, de ser roba chicos), eran campesinos. Y, en el segundo, un joven de 24 años, que fue acusado por la turba de intentar secuestrar a una niña, cayó ultimado a golpes, pedradas y palos.

Llama la atención que desde la sociedad han surgido grupos que responden a ello, como las guardias comunitarias y la vigilancia social, fenómenos que expresan crisis de autoridad y que, en el contexto nacional, forman parte de una crisis del Estado. Por muy loables que sean las causas de un grupo o de una persona, nadie debe ser castigado sin un juicio previo ello, nadie tiene derecho a vulnerar las garantías que nuestras leyes establecen para cada habitante del país. Sin duda, la corrupción existe y la impunidad es un lastre incompatible con la democracia integral a la que como sociedad aspiramos, sin embargo, tal realidad no exime de responsabilidad jurídica y moral a quienes participan en atrocidades que terminan en fosas comunes, tiraderos de basura, camiones refrigerados o graves daños físicos de personas a las que se les negó cualquier posibilidad de defensa legal. Recomendaciones para López Obrador, Alfonso Durazo y, para todo el México de la Esperanza:

Primera; el presidente constitucional y los gobernadores deben garantizar el Estado de Derecho así como prevenir y detener los actos vandálicos de linchamiento que reflejan el bajísimo nivel cultural y educativo del pueblo mexicano. Segunda: No todo lo que relumbra es oro y no todo lo que hace una mayoría se convierte súbitamente en acto democrático. El linchamiento revela conductas y psicopatías ciudadanas con recurrencia preocupante ya que la gente se convierte en un enjambre sin voluntad ni razonamiento. Si usted tiene una tercera recomendación, nos gustaría mucho compartirla.

 


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