Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

ENTRE TLATELOLCO Y AYOTZINAPA

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 01-10-18)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

 

Tardíamente nos dimos cuenta que la decisión del Congreso federal de izar la bandera a media asta en el Zócalo capitalino el martes 2 de octubre tiene fundamento legal. La Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional reconoce la matanza estudiantil de 1968 como una de las fechas en que la enseña patria debe estar a media asta en señal de duelo y como un merecido homenaje a los estudiantes asesinados vilmente por el gobierno hace 50 años, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Una matanza masiva qué como preámbulo de los juegos olímpicos, se convirtió en símbolo de dolor y rabia en México y el mundo, pero también en poderosa muestra de la fuerza de la memoria colectiva que no permite la impunidad ni el olvido, no sólo de los crímenes cometidos, sino también de los sueños y luchas que representan.

Mediáticamente, los festejos deportivos de aquellos juegos olímpicos y los relativos a la memoria de esa masacre no se han hecho esperar. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, al encabezar el coloquio “El 68 y su impacto en materia de derechos humanos”, afirmó que el movimiento estudiantil de 1968 fue un importante precipitador de cambios y de avances en materia de democracia, libertad de expresión y transformaciones jurídicas, como la reforma política de 1976-1977 y nos dejó claro que siempre se debe escuchar la voz de los jóvenes y que jamás deben cerrarse los canales de comunicación. Agregó que hoy tenemos un país diferente al de hace 50 años, pero el compromiso es el mismo: seguir avanzando en la agenda de los derechos, particularmente de quienes por décadas tuvieron negados u obstaculizados sus derechos.

Por su parte, Rolando Cordera Campos, economista, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, destacó que a medio siglo es preciso reconocer las posposiciones y olvidos de una de las demandas centrales: la construcción de una democracia social que México y su modernidad, siempre inconclusa, así lo requieren, pues sigue marcada por profundas brechas de desigualdad y vulnerabilidad social. Alertó qué sin el cumplimiento cabal de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, no se podrá dar realidad y legitimidad a las reformas políticas que se han producido en el país. El camino hacia la democracia en México, consideró, ha fundido, quizás sin haberlo propuesto así, la defensa de los derechos humanos con la búsqueda de espacios públicos para la expresión social.

El 68, dijo, es historia presente. Debe ser una lección de futuro que nos obligue a una permanente recuperación teórica, crítica y ética. Tenemos que volver a preguntarnos cómo volver a erigir una vida plural e incluyente, donde la convivencia se traduzca en cooperación social y en democracia política.

En el acto, José Woldenberg, ex presidente del Instituto Federal Electoral, alertó que la corrupción, la desigualdad social y la falta de futuro para los jóvenes pueden desgastar a las instituciones democráticas que se generaron luego del movimiento estudiantil. Si no deseamos el desgaste de las instituciones que hacen posible la democracia, y me refiero a los partidos, a los políticos, a los congresos y a los gobiernos, es necesario atajar y sancionar los fenómenos de corrupción que restan credibilidad a las instituciones, frenar la espiral de violencia que ensombrece la vida social, revertir el deficiente desarrollo económico que impide forjar un futuro a millones de jóvenes y combatir las crecientes desigualdades. Puro verbo y discurso demagógico y estéril.

En el caso de Ayotzinapa, en el México de hoy, la impunidad tiene nombre: hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado.

En ese reino impune, el 26 de septiembre de 2018 se cumplieron cuatro años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas, tres de ellos alumnos de ésta. Según reportó el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) en 2015, se trató de un ataque masivo: seis muertos, 43 desaparecidos, más de 40 heridos y 80 víctimas de persecución y atentado, en nueve distintos escenarios de agresión, de tres a seis horas. Fue concertado: policías municipal, estatal, federal y Ejército monitoreaban por su sistema de comunicación C-4 que estudiantes de Ayotzinapa iban en autobuses hacia la ciudad de Iguala. Miembros de todos esos cuerpos participaron en los hechos desde ese momento.

En esos cuatro años, el magro gobierno no sólo no ha actuado para hacer justicia y responder con la verdad ante los padres, las víctimas y el mundo entero, sino a través de diversos funcionarios intentó activamente obstruir la investigación. Se inventó desde 2014 su verdad histórica alegando que los estudiantes habían sido quemados por agentes del narcotráfico, en una pira en el basurero de Cocula, intentando así cerrar el tema y que no se registrara como crimen de Estado.

Pese a esto, el presidente Enrique Peña Nieto cínicamente volvió a sostener esa mentira histórica en su sexto y último Informe de gobierno, sin reconocer que la desaparición forzada no sólo golpea a las víctimas directas, sino crea en toda la sociedad una herida que no puede cicatrizar hasta que se conozca la verdad y se encuentre a los que faltan, que dejen de ser números o cuerpos arrumbados en un tráiler y que cada uno tenga su nombre, su historia, que se conozcan sus luchas, que se haga justicia.

El camino entre Tlatelolco y Ayotzinapa es muy estrecho y lleno de socavones y baches. Que se haga justicia dependerá, como hasta ahora, del trabajo a sol y sombra de padres, madres, compañeros y organizaciones que los acompañan, de la solidaridad de todos, del tejido de acción y memoria colectiva contra la impunidad que de Tlatelolco en 1968 a Ayotzinapa en 2014 y más allá sigue latiendo. En junio de 2018, un tribunal federal ordenó crear una comisión de la verdad sobre el caso Ayotzinapa concluyendo que la investigación no fue efectiva, independiente ni imparcial. Andrés Manuel López Obrador, el gobernante entrante prometió a los padres que esta comisión se creará y que se permitirá la vuelta del GIEI a México. Ya veremos.

Así como el movimiento estudiantil en 1968, ecos y solidaridad tuvo el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, en todo el mundo, haciendo añicos la imagen de aparente normalidad que sucesivos gobiernos de México presentaban ante el mundo, pese a los miles de feminicidios, desaparecidos, asesinados, presos políticos, violación de derechos humanos y la represión constante y creciente contra los que defienden sus comunidades, barrios y territorios contra la devastación ambiental y social impuesta por gobiernos nefastos en complicidad con grandes corporaciones nacionales y trasnacionales. Ya basta, la esperanza de México exige justicia.

 


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