Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

LINCHAMIENTOS

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 18-09-18)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

En México, ante la impunidad y la debilidad del Estado de Derecho, el fenómeno del linchamiento es una práctica que ha tomado cada vez más fuerza, tiene una raíz común: la inseguridad y la ausencia de la autoridad. La imagen negativa que la sociedad tiene de los integrantes de las fuerzas policiacas y militares, así como de las autoridades políticas, de los jueces y ministerios públicos, propicia que las personas tomen justicia por su propia mano. La crisis se expresa en el hartazgo de la gente hacia un Estado incapaz de resolver la seguridad de los ciudadanos. Cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad, los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia por parte del gobierno. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su edición de 1984, fijaba el significado del verbo linchar como “castigar, usualmente con la muerte, sin proceso y tumultuariamente, a un sospechoso o a un reo”. Ya en su edición de 2001, esa obra de referencia define esa acción como ejecutar, es decir, ajusticiar, dar muerte sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”.

En muchos lugares del país las "autoridades" están coludidas con los delincuentes, desde las policías, ministerios públicos, jueces y hasta presidentes municipales y funcionarios públicos, por eso la gente cuando logra capturar un criminal prefiere hacerse justicia por su propia mano, ya que si lo entregan a las "autoridades" saben que los van a liberar porque son sus cómplices. Ésa es solo la mitad de la tragedia, la otra mitad es qué si se deja la justicia en manos de los ofendidos, éstos pueden equivocarse y confundir al ofensor u ofensores por alguien que no lo es. El linchamiento es un fenómeno que tiene características altamente violentas, se dan con mucha celeridad, se realizan de manera espontánea y por autores anónimos. Generalmente en los lugares donde ocurre esta práctica, los pobladores cuelgan mantas y advertencias, como: “No vengas aquí porque si te agarramos te vamos a linchar”.

En el mes de noviembre de 2004, El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard Casaubon, prometieron castigo para los responsables del linchamiento de tres policías, en el poblado de San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac. Aún se espera ese castigo.

Un caso, que causó indignación a nivel nacional fue el ocurrido en el estado de Puebla el 15 de octubre de 2015, cuando dos encuestadores, José Abraham Copado Molina de 30 años y su hermano, David Rey, de 39, fueron linchados en el municipio de Ajalpan. Les pagaban por cuestionario entregado entre 25 y 50 pesos, según el tipo de proyecto. Pese a ello, a las inclemencias del tiempo y a los peligros del camino, así se ganaban la vida. Estaban en Ajalpan para aplicar cuestionarios sobre el consumo de tortillas, corrió el rumor de que eran los responsables de un intento de secuestro en contra de una menor. Para evitar que fueran agredidos por los pobladores, los encuestadores fueron retenidos en la comandancia.

Los habitantes de Ajalpan tocaron las campanas de la iglesia y un contingente de más de mil personas se agrupó en el lugar para después arremeter en contra de las instalaciones del Palacio Municipal y vehículos oficiales. La turba sacó a los hombres de los separos, pese al arribo de la Policía Estatal y de municipios aledaños y comenzó el juicio sumario. Nadie quiso escuchar a José Abraham y David. Apareció la niña supuestamente secuestrada y no hizo cargos contra ellos. En el poblado creció el rumor, la golpiza, el linchamiento, solamente concluyó cuando los sanguinolentos cuerpos de Abraham y David fueron consumidos por la hoguera que prendieron los más iracundos de la muchedumbre.

Los recientes linchamientos que tuvieron lugar en Acatlán de Osorio, Puebla, 29 de agosto 2018, (tío y sobrino fueron señalados, falsamente, de ser robachicos, eran campesinos), y el de San Mateo Tlaltenango, delegación Cuajimalpa, 11 de septiembre 2018, donde el acusado por la turba de intentar secuestrar a una niña, joven de 24 años, cayó ultimado a golpes, pedradas y palos, siguieron la misma ruta que la atrocidad perpetrada hace tres años en Ajalpan, Puebla.

De acuerdo con el estudio “Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014)” los investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en los últimos 26 años se han registrado al menos 366 casos relacionados con el linchamiento en diferentes entidades de la República Mexicana, principalmente en la zona centro-sur del país y destaca que mientras las condiciones de injusticia prevalezcan y las autoridades encargadas de brindar seguridad pública no lo logren, es muy probable que estos casos de acción colectiva se sigan registrando con una mayor frecuencia.

Desde la sociedad han surgido grupos que responden a ello, como las guardias comunitarias y el vigilantismo, fenómenos que nos expresan una crisis de autoridad y que, en el contexto nacional, forman parte de una crisis del Estado. Ello, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 17, prohíbe hacerse justicia por mano propia: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. Los gobernadores deben garantizar el Estado de Derecho en sus respectivas entidades y tomar las acciones necesarias para prevenir y detener los actos de linchamiento que reflejan el bajísimo nivel cultural y educativo del pueblo mexicano, y revelan conductas ciudadanas que tienen lugar con recurrencia preocupante ya que la gente se convierte en un enjambre sin voluntad ni razonamiento.

Los que justifican las ejecuciones por mano propia, esgrimen que la corrupción del aparato judicial y la impunidad que cubre a los delincuentes son elementos que contribuyen a que tengan lugar los linchamientos. Sin duda, esa corrupción existe y la impunidad es un lastre incompatible con la democracia integral a la que como sociedad aspiramos, sin embargo, tal realidad no exime de responsabilidad jurídica y moral a quienes participan en atrocidades que terminan en asesinatos o graves daños físicos de personas a las que se les negó cualquier posibilidad de defensa legal. Nadie debe ser castigado sin un juicio previo. Por muy loables que sean las causas de un grupo o de una persona, ello no les da ningún derecho a vulnerar las garantías que nuestras leyes establecen para cada habitante del país.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe estar atento a los actos que niegan la democracia pero que cuentan con apoyo popular (sin consulta ciudadana). Al señor Alfonso Durazo se le recomienda que no todo lo que hace una mayoría se convierte súbitamente en acto democrático. Es inaplazable hacer luz sobre el lado oscuro del capital social capaz de perpetrar con saña inclementes linchamientos, la mayoría de ellos sin juicio previo y sobre gentes inocentes.

 


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