Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

PREOCUPACIONES POR LA VERDAD

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 30-07-18)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

Al cumplirse 46 meses de la desaparición forzada de los 43 alumnos normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, la administración de Andrés Manuel López Obrador podría enfrentar la resistencia de diversos organismos de gobierno cuyos integrantes estarían involucrados en los lamentables hechos, por lo que debe ir pensando cómo enfrentará esos obstáculos. Hasta ahora, los padres y familiares de los 43 alumnos, mantienen un diálogo muy fluido y positivo con Alejandro Encinas, propuesto por López Obrador como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a quien le externan sus preocupaciones.

Les preocupa la resistencia que pueda haber en la Policía Federal (PF), donde aún hay funcionarios que ordenaron el 12 de diciembre de 2011, el desalojo violento de un bloqueo carretero durante el cual fueron asesinados Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, alumnos de Ayotzinapa.

Les preocupa que en la Procuraduría General de la República (PGR), si bien cambiarán fiscales, subprocuradores y algunos directores de área, la estructura real de ministerios públicos, policías y peritos se va a mantener, y son ellos los que inciden para que una investigación se entorpezca y caiga en lo ridículo de una verdad histórica.

Les preocupa el Ejército, institución hermética que pondrá obstáculos para no ser investigado ya que escapa a los controles civiles y se ha convertido en un poder fáctico equiparable al presidencial, todos sabemos que las fuerzas armadas históricamente han defendido a sus elementos aunque estén acusados de violaciones graves de derechos humanos, siempre lo han negado y seguramente lo van a seguir negando para dejar en entredicho los ideales y promesas de López Obrador.

Les preocupa cuál será la posición del gobierno, porque entre los tantos baches del camino sexenal que inicia en el próximo mes de diciembre, tendrá que enfrentar esa realidad; la Policía Federal, la Procuraduría y El Ejército, serán obstáculos serios que tratarán de impedir el esclarecimiento de los hechos. Los padres de los 43, quieren empezar un diálogo formal con el nuevo gobierno y le reiteran su petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revoque la sentencia de un tribunal unitario, que suspende la creación de la comisión de investigación para la verdad y la justicia en el caso Iguala, contradiciendo un fallo previo del primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito con sede en Tamaulipas, que ordena la creación.

Los que saben de estos enredos jurídicos, afirman que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene facultades para revocar o modificar una sentencia definitiva de un tribunal colegiado de circuito ya que las sentencias pronunciadas por estos tribunales al resolver el recurso de revisión no admitirán recurso alguno; por ello, ningún tribunal, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene facultades para modificarlas y menos para revocarlas, en virtud de que con su sola emisión son definitivas e inatacables, y su contenido no puede desconocerse en cualquier otro juicio o instancia.

Consecuentemente, en un acuerdo entre tribunales, es improcedente la interposición de un segundo recurso de revisión o de cualquier otro medio de defensa contra la resolución dictada por un tribunal colegiado de circuito al constituir una sentencia definitiva e inatacable que adquiere la calidad de cosa juzgada. El ministro presidente Luis María Aguilar dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podía suspender la creación de dicha comisión ya que el alto tribunal carece de competencia para conocer de las quejas, por lo que, las dependencias que promueven la suspensión para conocer la verdad, incluida la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República, deberían manifestarse ante el tercer tribunal unitario del decimonoveno circuito, en Matamoros, si consideran que existía una imposibilidad jurídica. De esta manera, el tribunal unitario al cual acudieron en primera instancia, podrá contar con elementos para ordenar la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, y una vez abierto, el tercer tribunal deberá hacer del conocimiento de la Suprema Corte para que se valore la posibilidad de solicitar su atracción por el alto tribunal.

Preocupa pues este laberinto jurídico y más aún, preocupa que durante su mandato se tengan que crear y después desaparecer muchas comisiones para conocer la verdad y tener justicia. Ojala nos equivoquemos.

 


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