Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

CANANEA Y PASTA DE CONCHOS...

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 23-07-18)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

 

Cuenta la historia que la Dictadura Porfirista prohibió a los trabajadores que formaran organizaciones o iniciaran cualquier revuelta o manifestación para defender sus derechos laborales, castigándose con multas e inclusive prisión, a quienes desobedecieran tal disposición. No obstante esta prohibición, en junio de 1906, los mineros de Cananea, en el estado de Sonora, hicieron estallar una huelga por salarios más altos y trato justo e igualitario para trabajadores mexicanos, que comparados con los empleados norteamericanos padecían hostigamiento y discriminación. En la histórica revuelta, varios trabajadores murieron y otros tantos fueron heridos.

Ya en tiempos del soberbio y maquiavélico presidente Carlos Salinas De Gortari, quien después de privatizar los minerales Mexicana de Cobre de Nacozari, Sonora, y la Compañía Mexicana de Cananea, decidió vender a Minera México de Germán Larrea Mota (año de 1991) la disque fallida y quebrada mina de cobre fijando como requisito consolidar un fideicomiso y entregar el 5 por ciento de las acciones de cada una de las compañías privatizadas como compensación a los mineros, pero más que nada, como intento mediático por acallar la indignación social por la venta de ese patrimonio de la nación a precios muy por debajo de su valor.

Por supuesto que Larrea Mota y su consorcio, se comprometieron a otorgar tal concesión, pero a la hora de instrumentar la distribución del dinero, el fideicomiso de marras fue incumplido una y otra vez, porque si en el caso de Cananea, los documentos originales señalaban a los trabajadores mineros como los beneficiarios del fideicomiso, más tarde, mediante regalías e influencias, inclusive ayudado por el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours, Larrea los modificó señalando al sindicato como el único propietario del dinero. Luego, no le fue difícil difundir la idea de que el dinero era para todos los mineros, hubieran trabajado o no en la “fallida mina”.

Con estos trucos tan absurdos, dio lugar a una avalancha incontrolable de demandas judiciales que incluían a mineros en activo, jubilados, viudas, hijos y concubinas que vieron la oportunidad de hacerse de un dinero y los abogados de cobrar sus respectivos honorarios. Ante esta situación, el sindicato suspendió la entrega y esperó que las resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) determinaran quién tenía derecho al dinero.

Catorce años después de sellado el convenio y consumidos numerosos juicios legales, por fin en 2005 mediante sentencia ejecutoria el consorcio de Larrea se vio obligado a enterar el monto del 5 por ciento al sindicato, equivalente a 55 millones en dólares de ese año, de los cuales, el organismo gremial asegura que se repartieron más de 28 millones de dólares y se pagaron los costos originados por el proceso de recuperación de los activos. Los trabajadores mineros de Cananea, mi añorado pueblo de nacimiento, recibieron solamente 80 mil pesos en efectivo y el sindicato sólo logró el reconocimiento judicial de haber realizado la distribución del recurso; y sobre todo aclarar el punto central, que dicho fondo corresponde al sindicato como persona jurídica, regido por estatutos internos e instancias de decisión colectiva.

Se dice que los 27 millones restantes, primero estuvieron en poder de la (JFCA), pero luego, con el pretexto de acusaciones penales de fraude y lavado de dinero la Procuraduría General de la Republica (PGR), confiscó los fondos del fideicomiso, junto con las cuentas personales de los funcionarios sindicales, quienes tuvieron que transitar por un laberinto jurídico, particularmente su discutido líder Napoleón Gómez Urrutia, quien además de sortear amenazas de muerte por parte de los barones de la minería, enfrentó por varios años una persecución política en su contra y no obstante ello, logró ser absuelto plenamente de las acusaciones de lavado de dinero y fraude y además, ser cobijado por “Juntos haremos historia” para alcanzar plurinominalmente un escaño en el Senado. Por supuesto, que vale la pena preguntar a la PGR si los millones aún están por ahí, o se aplicaron en tapar socavones, en gratificaciones, viajes presidenciales, campañas políticas o quizá en obras inconclusas como el tren México- Toluca y otras tantas más.

Junto a eso, en 2006, la explosión de la mina de carbón en Pasta de Conchos, Coahuila, que mató a 65 trabajadores y aun no hay responsables, vino a complicar las relaciones entre Grupo México y mineros por las acusaciones de homicidio industrial que el sindicato hizo al consorcio. Rayuela La Jornada dice: “En todos lados se hace lo imposible por rescatar a los atrapados en cuevas y minas. Pasta de Conchos nos recuerda que somos la excepción”. Pero ni esa tragedia ni el caso de los 55 millones fueron la causa que enemistaron al sindicato con el consorcio y el gobierno. Las hostilidades venían desde la reforma laboral propuesta por el presidente Zedillo, pues en la pugna, el sindicato no acató la línea oficial e incluso se opuso a la sumisión mostrada por el Congreso del Trabajo en los siguientes sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto. Pero el error más fuerte en estos años ha sido la subordinación ideológica de la sección 65 de Cananea al PRI, que en las ocasiones que se ha acercado cándidamente a este fracasado partido, una por conducto de la CTM Sonora, de Javier Villareal que se hizo del contrato de trabajo de la mina en 2011, y otra, para apoyar la candidatura de Claudia Pavlovich Arellano a la gubernatura, ha visto mermada la militancia de los trabajadores en huelga.

Lo que ocurre en la minería mexicana y particularmente lo ocurrido en Cananea y Pasta de Conchos, es totalmente reprobable, el gobierno corrupto cedió a las demandas de Larrea el empresario minero y transformó un conflicto laboral en un asunto penal por la vía de una denuncia en contra de Gómez Urrutia el líder incómodo cuya llegada al Senado de la Republica, nada tiene que ver con la intención de brindarle inmunidad (como le preocupa a Larrea y a muchos empresarios), pues ya no la necesita; ni con la violación al estado de derecho, pues su caso ya fue resuelto por las vías jurisdiccionales. 

Lo que si debe preocuparnos es que, a pesar de una tercera alternancia de partido en el gobierno, la vida inútil del sindicalismo y sus eternos líderes se prolongue (Romero Deschamps, Rene Juárez, Aceves del Olmo, Juan Díaz, etc.) representan un modelo anacrónico, nefasto y perverso, que impide avanzar en la construcción de la democracia mexicana, manipulan el voto de sus agremiados y sus familias; violentan el principio de libertad de asociación, privilegian a unos cuantos y violan la legislación laboral al mantener los salarios de los trabajadores mexicanos por debajo de la línea de pobreza. Napoleón Gómez Urrutia (aunque sea inocente de los delitos que le imputan, como dice la Corte, y sea un perseguido político por buscar mejorar las condiciones laborales de los mineros, como él asegura) es un conspicuo representante de esos liderazgos sindicales. 

Por el bien de México, la minería requiere ser revisada y los mineros mexicanos, exigen firmeza para cancelar todas las concesiones otorgadas para dicha actividad. Demandan una comisión de la verdad para esclarecer y castigar las atrocidades cometidas por empresas mineras nacionales y extranjeras, particularmente las canadienses. El futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la palabra. ¿Será esto Posible?

 


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