Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

CAMPAÑA RIDÍCULA Y GOLPE A LA VERDAD HISTÓRICA

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 26-03-18)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

 

En el contexto de la investigación titulada “Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”,  Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), sostiene con sólidos elementos que durante las indagatorias de las agresiones criminales que sufrieron alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, de los 129 procesados por lo menos 34 fueron torturados por agentes del gobierno federal con la finalidad de que dieran información errónea, o se auto inculparan y señalaran a otros posibles culpables para encubrir o desviar la verdad de la atrocidad perpetrada en Iguala el 26 de septiembre de 2014, violándose las garantías a la integridad personal y al debido proceso de los detenidos. Pero como vemos las cosas al revés, tenemos que hacer bien las cuentas, dice el señor de los Pinos en su campaña ridícula, engañosa y vergonzante que desvirtúa nuestra cruda realidad.

A decir del organismo internacional ONU-DH, la autoridad presentó justificaciones no plausibles y contradictorias para explicar las causas de las lesiones anteriores a la detención que presentaban los detenidos como autogolpes, estados de ebriedad o caídas, y que fueron advertidas en informes médicos de la propia PGR, así como la detención arbitraria y demoras significativas en la presentación formal ante el Ministerio Público. Entre los responsables de semejantes prácticas estarían, Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, y hoy flamante secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, agentes de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina.

Un caso particularmente documentado es el de Agustín García Reyes, (sospechoso interrogado sin la presencia de su abogado), quien fue arbitrariamente detenido y torturado antes de la diligencia que elementos de la (AIC), encabezados por Zerón de Lucio, realizaron en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, donde supuestamente se habrían encontrado las bolsas con las cenizas de los 43 normalistas desaparecidos. Recordemos que tal diligencia fue descalificada en su momento por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que participó en las primeras fases de la investigación a solicitud de los sufridos padres de los jóvenes desaparecidos.

“Quienes sufren tortura no necesariamente dicen la verdad, sino lo que quiere el torturador”,  afirma el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, y asegura que las violaciones a los derechos humanos cometidas en este caso no han sido atendidas de forma diligente por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). Reconoció que la indagatoria interna para investigar estos delitos, se vio frustrada por el inexplicable movimiento de Zerón de Lucio y el remplazo también inexplicable de la señora Arely Gómez al frente de la PGR. Hasta el momento, ninguno de los agentes o funcionarios implicados en las torturas o violaciones a los derechos humanos ha sido procesado, por lo que permanecen impunes y seguramente así seguirán. Pero claro, tenemos que hacer bien las cuentas y no mirar las cosas de cabeza.

La reacción del gobierno mexicano fue dada a conocer en un comunicado conjunto de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, las dependencias afirman que las presuntas violaciones e irregularidades están siendo debidamente investigadas o consideradas por las autoridades judiciales competentes y que las investigaciones en marcha no sustentan las conclusiones de la ONU-DH ya que no se ha acreditado la comisión de torturas y demás abusos.

Ante la estúpida respuesta, de manera inevitable, crece y se consolida en la sociedad la sospecha de que las actuaciones y los relatos de la PGR en torno a lo sucedido en Iguala ha sido un conjunto de simulaciones de procuración de justicia o, peor, de maniobras de encubrimiento de la verdad histórica. Pero como muchos vemos las cosas al revés y tenemos que hacer bien las cuentas….Jan Jarab lamentó que en México haya una inadecuada aplicación del Protocolo de Estambul, por lo que, la ONU-DH recomienda favorecer el estado de derecho en el país y abonar para que la práctica de tortura en los procesos judiciales sea erradicada, para ello sugiere en su informe:

Que las instituciones oficiales respondan en forma precisa a los múltiples señalamientos de irregularidades y exhiban una voluntad política real para esclarecer el caso, antes de que termine la presente administración; que la PGR realice, en un plazo razonable, las indagatorias correspondientes e identifique a los responsables de las violaciones de derechos humanos; exhorta al Poder Judicial a excluir o declarar nulas en el proceso todas las pruebas obtenidas bajo tortura; insta al jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a implementar un consejo asesor de lucha contra la impunidad, y pide al Legislativo adoptar tanto una reforma institucional como una ley orgánica que garantice de manera efectiva la independencia, la autonomía y el profesionalismo de la Fiscalía General de la República. Pero como vemos las cosas de cabeza, tal vez esto nunca suceda. El gobierno impune de Peña Nieto, debe dejarse de pendejadas, hacer bien sus cuentas, reparar el daño y eliminar la impunidad.

 


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