Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

DE NUEVO LOS 43...

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 12-03-18)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

 

Después de tres años y medio, el Estado mexicano se comprometió a arribar a conclusiones este mismo año sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y aseguró que en su investigación sobre el tema ha tenido avances relevantes y alentadores –entre ellos el descubrimiento del móvil del ataque contra los normalistas–, pero sin explicar cuáles son, lo cual fue interpretado por los familiares de las víctimas como un anuncio y artimaña de que se podría dar carpetazo al asunto, para que no interfiera en el proceso electoral.

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Bogotá, Colombia, los familiares y representantes de los normalistas desaparecidos señalaron que el gobierno de México únicamente se ha dedicado a administrar el caso, sin hacer ningún avance significativo en el cronograma de trabajo que las mismas autoridades establecieron, destacaron, que el 80 por ciento de dicho calendario de actividades se ha incumplido, pues ya no se han registrado más detenciones ni consignaciones de presuntos responsables y Roberto Campa Cifrián ya fue retirado del asunto sin llegar a nada, lo cual es mal augurio.

Insisten en que se les permita ingresar a los penales donde se encuentran detenidos los supuestos autores materiales de la desaparición, para poderlos interrogar sobre el caso, y lamentaron que el gobierno de Peña Nieto se niegue a confirmar su participación en la siguiente audiencia sobre el tema ante la CIDH, en mayo próximo, alegando que el proceso electoral podría interferir en el asunto, tras tres años y medio de injusticia.

Al responder a las críticas, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal, aseguraron que el gobierno ha cumplido con el programa de trabajo acordado con los familiares de los normalistas, e incluso podrían arribar a conclusiones este mismo año sobre la agresión cometida el 26 de septiembre de 2014. Lo anterior, se debe a que se han hecho avances muy relevantes y alentadores sobre el caso, pero estos no se pueden detallar y comentar por la reserva de las investigaciones ya que, las indagatorias deben mantenerse en reserva y eso impide entrar en detalles en una audiencia pública.

Según los argumentos de Ruiz Cabañas, en semanas recientes han obtenido información importante que les permitiría detener a 30 personas más, supuestamente involucradas en los hechos, e incluso identificar el móvil de la agresión contra los estudiantes, hay datos específicos que pueden explicar la razón del ataque, como el involucramiento de los grupos criminales de la zona de Iguala con agentes policiacos, esencialmente municipales. Descartó por completo que el ataque tuviera que ver con la presencia de drogas, que es una de las líneas de investigación sugeridas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Ruiz Cabañas, sólo dejó mayor preocupación en los familiares de los desaparecidos que dicen:

“Nosotros no aceptamos ninguna conclusión hasta no dar con el paradero de nuestros hijos. Si no hay avances, más personas detenidas ni se ha investigado a los militares, no sabemos por qué quieren cerrar el caso; a lo mejor por las elecciones o porque el Presidente ya se retira (del cargo, en diciembre de este año) y no quiere que se investigue”, concluyen. Ante la crítica, Alfredo Higuera Bernal, titular de la Oficina de Investigación del caso Iguala reveló: “La Procuraduría General de la República (PGR) tiene información para determinar el móvil del ataque en contra de los normalistas; ya se cuenta con la identidad de El Caminante y El Patrón, señalados como dos de los principales artífices de la agresión y posterior desaparición de 43 estudiantes, además habrá una definición en específico del rol que tuvo el Ejército”.

El gobierno mexicano informó que el Ministerio Público Federal ha obtenido información importante para la identificación del móvil de los hechos, que además daría cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal y el papel de las corporaciones municipales, en un esquema de organización delictiva importante. Ello, no obstante, deberá ser corroborado, incluso en el marco del diálogo con los representantes de las víctimas.

Al fiscal Higuera Bernal se le preguntó sobre los resultados del encuentro. Indicó que “con base en recientes elementos que se han incorporado a la investigación, se han obtenido datos que consideramos muy importantes para ir definiendo los aspectos esenciales del caso; concretamente hablaríamos del móvil de la agresión que sufrieron los jóvenes, de quiénes orquestaron y actuaron en contra de ellos y cómo urdieron para tratar de responsabilizar a algunas autoridades de los hechos y tratar de salvar a algunos de los que estaban implicados”. Muy pronto se agregarán a la investigación nuevos datos que todavía pueden ampliar más el panorama en la búsqueda de la verdad completa que nadie sabe cuál es.

Ahora, en el tercer mes de 2018, quedan todavía muchas averiguaciones de ese carácter, en lo que posiblemente sea uno de los últimos vestigios administrativos de un pasado que aún constituye una herida abierta que, claridad de por medio, sería preciso cerrar antes de que Peña Nieto y los procuradores del caso Ayotzinapa, se vayan con las manos llenas y la injusticia a cuestas.

 

 


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