Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

SIGUE LA MATA DANDO

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 15-01-18)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

 

Ante la vista gorda de la justicia mexicana y con el beneplácito y la ineptitud de nuestros gobernantes y autoridades judiciales, con cierto sarcasmo de quien esto escribe, no es lo mismo decir que nos siguen matando, a decir que nos sigue la mata dando. Desde la captura y extradición de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, impactan diariamente las noticias que siguen implacablemente la ruta y la geografía de la narcoviolencia a lo largo y ancho del País. Para muestra, basta sólo un botón, entérese usted:

Baja California: En Tijuana, la primera semana de este año terminó con 40 homicidios violentos, lo que mantiene la racha de ejecuciones que en 2017 la convirtieron en la capital del asesinato en México, con mil 744 muertes violentas, de acuerdo con las carpetas de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El año pasado en Baja California se registraron 2 mil 290 asesinatos; en Tijuana se cometieron 76 por ciento de los homicidios dolosos. La cifra alarmó al sector empresarial y provocó la destitución del secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa, recompensado inmediatamente como procurador de Justicia en la vecina Baja California Sur. Noventa por ciento de los homicidios, según cifras oficiales, se relacionan con el crimen organizado o el narcotráfico, el promedio diario fue de cinco homicidios. Entre las víctimas hubo niños alcanzados por balas dirigidas a sus familiares y 147 mujeres (92 más que en 2016). La mayoría de los muertos han sido identificados por autoridades como narcomenudistas. Además de atribuir la violencia al crimen organizado, las autoridades aseguran que el nuevo sistema penal acusatorio permite dejar en libertad a personas detenidas con armas de grueso calibre. 

Se están dando con todo, declaró el alcalde panista Juan Manuel Gastélum al referirse a la violencia entre los dos grupos del crimen organizado que pelean la ciudad y cuya guerra se recrudeció desde la detención de Joaquín El Chapo Guzmán. Restaurantes, bares y centros nocturnos de la zona turística de la ciudad siguen abiertos porque gran parte de los homicidios se cometen en la periferia.

Baja california Sur: en la colonia Costa Dorada, en San José del Cabo, cabecera municipal de Los Cabos, siete civiles armados perecieron en un enfrentamiento con efectivos de la Armada de México, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En el trayecto vieron a dos vehículos con placas de California: una camioneta Toyota modelo Tacoma, placas 6KFU957, con tres hombres a bordo, y una vagoneta placas 7XNT832, con cuatro individuos, todos con chalecos tácticos y armas largas. Los marinos pidieron a los tripulantes que se detuvieran, pero no lo hicieron, por lo que dos unidades militares los persiguieron por la carretera Transpeninsular con dirección a Cabo San Lucas y en San José del Cabo, los tripulantes de la Tacoma dispararon contra los marinos, quienes repelieron la agresión; los presuntos delincuentes perdieron el control de su unidad, invadieron el carril contrario y terminaron sobre una guarnición; dos murieron y un tercero tiempo después en un hospital.

Colima: seis personas fallecieron y dos quedaron heridas luego de un ataque armado en un rancho del municipio de Tecomán, informó la PGJE. La procuraduría precisó que varios sujetos armados dispararon a las seis personas que ahí se encontraban; cinco perecieron en el sitio del atentado y otra cuando era atendida en un nosocomio de ese municipio.

Guerrero: el Grupo de Coordinación Guerrero, informó que dos enfrentamientos a balazos ocurridos en los bienes comunales de Cacahuatepec, zona rural del municipio de Acapulco, cerca del río Papagayo, dejaron un saldo de 11 muertos. En la primera refriega, dos policías comunitarios y seis civiles armados murieron en la cancha techada del poblado La Concepción, donde se celebraba la feria de La Purísima Concepción. Comunitarios dijeron haber sido provocados por vecinos que apoyan a empresarios extractores de gravilla del río Papagayo. Uno de ellos, aseguraron, orinó frente a la casa de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), los comunitarios siguieron al sujeto y comenzó un tiroteo que continuó en el plantel de tele bachillerato utilizado como comisaría municipal. En la segunda refriega, en la cual también participaron policías ministeriales, policías comunitarios se enfrentaron con agentes estatales que patrullaban la región y exigieron a los primeros entregar los cuerpos de dos compañeros caídos horas antes. La balacera, duró unos 15 minutos, ocurrió entre la parroquia de La Concepción, viviendas y la casa de justicia. Mientras un helicóptero de la policía estatal sobrevolaba la zona del conflicto, tres comunitarios perdían la vida.

Durante el enfrentamiento, el fotoperiodista Bernardino Hernández, de las agencias Ap y Cuartoscuro, fue golpeado por agentes estatales, quienes le arrebataron sus cámaras y le sacaron las tarjetas de memoria. Pobladores se resguardaron en sus casas, y reporteros se guarecieron detrás de vehículos oficiales y particulares. El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que unos 120 policías ministeriales del estado, apoyados por elementos del Ejército Mexicano y de la policía estatal, tomaron control de La Concepción se detuvo a 30 policías comunitarios, incluido el portavoz del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, quienes portaban siete armas de uso militar, y fueron trasladados a la coordinación regional de la Fiscalía General del Estado en Acapulco. Según Álvarez Heredia, se liberó a dos personas que los comunitarios mantenían privadas de la libertad y fueron abatidos tres supuestos policías comunitarios que se resistieron al arresto y dispararon a los policías estatales, quienes no reportaron bajas, dijo que murieron 11 personas y añadió que los policías comunitarios detenidos llevaban consigo 580 dosis de mariguana y siete portaban armas de uso restringido. Según la CRAC, lo sucedido en los bienes comunales de Cacahuatepec fue una provocación para liberar a Iván Soriano Leal, ex militar, quien fue aprehendido en La Concepción por encabezar un grupo armado con el objetivo de asesinar a Marco Antonio Suástegui, vocero del Cecop. Se trata del oscuro personaje al que entre 2013 y 2014 se alió Eliseo Villar Castillo para cometer un fraude por más de 800 mil pesos contra el sistema comunitario. El enfrentamiento confirma la peligrosidad de dicho sujeto y los alcances de sus pretensiones. 

Nuevo León: dos adolescentes, ambos vecinos de un sector ubicado en una zona marginal del área metropolitana de Monterrey, Bryan de 17 y Raúl de 16 años de edad, respectivamente, fueron ultimados en el municipio de Escobedo, Nuevo León; otros tres resultaron lesionados. Fuentes policiacas refirieron que cerca de las 3 horas de ayer, en un baile que se celebraba en la colonia Alianza Real, un grupo armado llegó y abrió fuego, no precisaron si el ataque fue aleatorio o iba dirigido contra las víctimas.

Tamaulipas: El periodista independiente, especializado en temas políticos Carlos Domínguez Rodríguez fue asesinado cuando conducía un automóvil, en compañía de su hija, por en el centro de Nuevo Laredo, Tamaulipas, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Fuerzas federales acordonaron el área e impidieron que se acercaran compañeros del reportero; su último trabajo fue en El Diario de Nuevo Laredo. El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca envió condolencias a los familiares y demagógicamente se comprometió con los periodistas de Tamaulipas a que el homicidio no quedará impune y se actuará de manera firme en contra de cualquier ataque a la libertad de expresión.

En su informe anual del 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) precisó que periodistas y medios de comunicación en Tamaulipas han estado en la mira de grupos delictivos en los últimos 15 años, por lo que éste es uno de los estados más peligrosos para ejercer esta labor. Unos 12 periodistas fueron asesinados en México durante 2017 a raíz de su trabajo informativo, durante la administración de Enrique Peña Nieto suman 39. En Ciudad Mante, Juan Manuel Hernández Acevedo, regidor panista también fue ejecutado durante el ataque su esposa resultó herida. Al lugar acudió personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las policías federal y estatal para acordonar el lugar para que los servicios periciales pudieran levantar el cuerpo y tomar evidencias. Hernández Acevedo fue presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar e integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Ciudad Mante. La PGJE integró la carpeta de averiguación para establecer el móvil del crimen y quiénes son los responsables.

Veracruz: A más de un año del asesinato de dos integrantes de una familia originaria de Oaxaca, que se encontraba de vacaciones en Veracruz, así como de la desaparición forzada de tres más –al parecer en manos de efectivos de la Marina– la Procuraduría General de la República (PGR) no ha hecho avances en la investigación sobre el caso a pesar de que existen circunstancias suficientes para eso. La Armada negó su participación en los hechos, pero la familia de vacacionistas dijo haber recabado testimonios extraoficiales de marinos que admiten que la institución castrense sí tuvo que ver en los asesinatos y desapariciones, por haber confundido la camioneta donde viajaban los vacacionistas con el vehículo donde al parecer habían detectado a un grupo delictivo. El problema es que tanto la PGR como la Fiscalía de Veracruz no han llevado a cabo acciones tendentes a corroborar la información de la Marina, de que ellos no fueron, ni tampoco indagaron una llamada anónima que recibieron los familiares de las víctimas en la cual señalaban como responsable de los hechos al teniente de corbeta Gardiel Andrade Arana. “Ni la PGR ni la Fiscalía de Veracruz han sido diligentes en esta indagatoria; pretenden agotar una investigación ‘de escritorio’, cuando sabemos que es indispensable hacer investigaciones de campo”.

Zacatecas: cuatro personas murieron en la ciudad de Fresnillo, entre ellas una niña de tres años de edad, en acciones atribuidas al crimen organizado. Un grupo de presuntos sicarios atacó con fusiles de alto calibre a los cinco integrantes de una familia que se encontraban en la calle Ignacio Zaragoza, colonia Esparza, de esta ciudad. Los agresores no han sido detenidos.

Dos cosas destacan de todo este desmadre: la primera es que las autoridades judiciales no quieren hacer nada, siempre integran expedientes de escritorio para establecer quiénes son los responsables y el móvil del crimen, pero los delincuentes nunca han sido detenidos. La segunda es que a pesar de las ordenadas y abscisas del sistema cartesiano y de los indicadores geográficos de altitud y latitud para localizar un punto en el espacio, nunca se ha podido determinar el origen de la narcoviolencia que muy a pesar de la política dictada desde Los Pinos y de la demagogia presidencial, sigue la mata dando.

 

 


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