Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO, SALARIO Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 27-11-17)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

 

Con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), reveló que 43.9 % de las mujeres ha enfrentado agresiones del esposo o pareja a lo largo de su relación, y el 53.1 % sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja. Es decir, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, por lo menos, 30.7 millones han enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida. Mientras a la mujer mexicana se le dificulta sobrevivir a homicidas y agresores y a las autoridades judiciales y al propio presidente Peña Nieto les vale madre, éste, anunció que en los próximos días enviará al Congreso una propuesta para que entre los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, se elija a quien sustituya a Agustín Carstens como gobernador de esta entidad financiera, cuyo mandato concluye este 30 de noviembre.

A escasos días de su partida a Basilea, Suiza, el doctor Carstens fue notificado (cortesía del Inegi) que en la primera quincena de noviembre “el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.92 por ciento, alcanzando una tasa anual de 6.59 por ciento, lo cual quiere decir que al obeso personaje se le perdió la brújula, una vez más falló en su insistente pronóstico en torno a la inminente reducción de precios para retomar niveles normales (más-menos 3 por ciento). La inflación se aceleró en la primera mitad de noviembre para alcanzar una insólita tasa interanual del 6.59 por ciento, por alzas en los precios de gas, electricidad, frutas y verduras, según reporta el Inegi. Cada día que pasa se ve más complicado que regrese al tres por ciento de hace un año y por otro lado, el banco central tuvo que ajustar a la baja su pronóstico de crecimiento económico para este año. El peso sigue dando tumbos, arriba de 19 unidades por dólar, y la devaluación, desde el arranque del sexenio, se ubica en torno a 50 por ciento.

En lo que ha tenido éxito Carstens es en lo que siempre debió haber fracasado: el freno a los salarios. Los ocho pesos 32 centavos que subirá el mínimo a partir del próximo mes sólo cubren el 3.9 por ciento de la inflación esperada, no alcanzan ni para unos chicles, menos para el boleto del metro o para un taco al pastor. Urge, pues, que alguien llegue a inyectarle oxígeno al Banco de México, ya que hay que apretarse el cinturón una vez más debido a que la situación económica va de mal en peor y en eso Carstens tiene toda la razón, mire usted, tan sólo otro ejemplo.

Recientemente, el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Jaime Valls Esponda, señaló: “las universidades públicas han operado en condiciones deficitarias en los últimos años como resultado del crecimiento acelerado de la matrícula, el crecimiento parcial de las plantillas de personal académico y administrativo, los compromisos contractuales adquiridos a lo largo de décadas y la falta de solvencia para atender las obligaciones derivadas de los sistemas de jubilaciones y pensiones. Esas circunstancias son comunes a diversas instituciones del Estado pero, a diferencia de las entidades públicas y privadas que han sido rescatadas con recursos del erario en décadas recientes, las universidades han sido abandonadas a su suerte”.

Desde luego, es deplorable que anualmente las autoridades universitarias deban rogar a las legislaturas la asignación de recursos para salvar el periodo, algunos centros oficiales de enseñanza superior del país transitan actualmente por dificultades coyunturales en aspectos tan básicos como los pagos de nómina, una situación injustificable y exasperante que ha obligado a voltear los reflectores a la bajísima prioridad que se concede en las esferas políticas –legislativas y gubernamentales– responsables de diseñar y asignar los presupuestos.

Esa circunstancia es, sin embargo, la expresión extrema de muchos años de desdén y desinterés que ha colocado al conjunto de las universidades del Estado ante la imposibilidad de ofrecer sitio a la población joven que demanda educación superior y de postergar, reducir o cancelar programas y actividades de investigación y de extensión que resultan cruciales para el desarrollo sustentable del país.

Resulta desolador que desde la lógica del modelo político y económico vigente, las autoridades legislativas y ejecutivas no alcancen a comprender que, al descuidar el sustento, el desarrollo y la expansión de los institutos de enseñanza superior, se renuncia a toda posibilidad de crecimiento sostenido, a toda perspectiva de solución de los conflictos sociales y a cualquier mejoría futura en la situación del país. Es indignante que las universidades Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y las autónomas Benito Juárez (Oaxaca), de Morelos, de Nayarit y de Zacatecas no dispongan de dinero para cubrir los salarios de este mes y del próximo, ni para otorgar los aguinaldos de ley a su personal.

Ante esta circunstancia, resulta evidente la necesidad de establecer mecanismos legales que fijen, tanto en el ámbito federal como en el estatal, porcentajes mínimos del producto interno bruto y de los presupuestos que se designen a la educación universitaria que imparte el Estado. Y en lo inmediato es urgente que las autoridades locales y nacionales encuentren la manera de dar asistencia financiera de emergencia a las instituciones públicas de educación superior que enfrentan carencias de recursos para operar, y no se diga para desarrollarse y ampliar sus actividades. Ya no más tarugadas presidente Peña, Diputados y Senadores, las oportunidades y el futuro cierto de miles de jóvenes depende de ello.

 

 


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