Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

QUE POCA MADRE ENRIQUE.

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 20-11-17)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

En el contexto del 120 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado recientemente en San José, Costa Rica, once valientes mujeres mexicanas, denunciaron al Estado mexicano y comparecieron ante esa Corte Internacional en búsqueda de la justicia que tras 11 años no han obtenido en su país de origen. Cinco mujeres a nombre propio de ellas y seis más, narraron el horror y las atroces acciones de los policías federales y del estado de México en su contra. Dieron testimonio de las agresiones en general, y particularmente de tortura sexual, que sufrieron cuando la madrugada del 4 de mayo de 2006, siendo gobernador Peña Nieto, las fuerzas policíacas reprimieron a activistas y ciudadanos de San Salvador Atenco y Texcoco que se manifestaban en contra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Su comparecencia no fue sencilla, por momentos guardaban silencio, recordaban al borde del llanto aquellos hechos. Fueron golpeadas, sometidas, humilladas, insultadas. Médicos legistas y agentes del Ministerio Público las maltrataron, no les dieron apoyo e incluso fueron socarrones y desestimaron sus denuncias; y las autoridades estatales pusieron en duda sus dichos. Fueron impactantes los relatos de las violaciones sexuales, de la inexistencia de mecanismos inmediatos de protección física y jurídica a las agredidas, y de la sabida maquinaria de burocracia judicial adversa a las denuncias de mujeres violentadas, sobre todo si, además, son opositoras al gobierno.

De inmediato, diplomáticamente, en un absurdo e hipócrita comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República, sin titular, condenaron los hechos de violencia sexual y tortura en contra de las 11 víctimas y expusieron su disposición y compromiso para atender adecuadamente las medidas de reparación que en su momento pueda ordenar la Corte Interamericana. Que poca madre Enrique, porque tus secretarios de estado, saben bien que el principal responsable histórico de aquellos episodios de salvajismo institucional eres tú, y sucedieron cuando gobernabas a esa entidad mexiquense.

Años después, ya como ocupante de Los Pinos, haces declaraciones muy sentidas pero vacías, preocupado por tales delitos y su sostenida impunidad, te diste el lujo de encabezar una ceremonia para promulgar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Su nombre es largo y su puesta en marcha también, deberá ser realidad a más tardar a mediados del año próximo, en plena efervescencia electoral, aunque hay un plazo mayor (un año) para la puesta en marcha del Banco Nacional de Datos Forenses.

Sólo para su entrada oficial en vigor, los transitorios de la ley, de 173 artículos, marcan un periodo de 60 días. Un mes después entrarán en funcionamiento las fiscalías especializadas y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la cual, otro mes después deberá emitir los protocolos rectores para su funcionamiento y, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en funciones de la ley, ésta deberá emitir el programa nacional de búsqueda ya que, con el eje de la Secretaría de Gobernación, coordinará la búsqueda de personas desaparecidas relacionadas con los casos en los que participen autoridades federales, o lo que es lo mismo, un sueño imposible. Como lo es el que los servidores públicos que integren las fiscalías especializadas y las comisiones de búsqueda deberán estar certificados dentro del año posterior a su creación.

En tanto, las comisiones locales deberán entrar en funciones dentro de cinco meses. Un plazo igual se aplica para la integración del consejo ciudadano y la elaboración de sus propias reglas de funcionamiento. En cuanto al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los artículos transitorios indican que deberá quedar instalado dentro de los seis meses posteriores a la publicación del decreto, es decir, a más tardar en mayo de 2018.

Plazos similares, de seis meses, fueron estipulados con la finalidad de armar la infraestructura tecnológica para comenzar a operar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas. Mientras ello ocurre, las procuradurías locales deberán hacer un registro provisional. Al mismo tiempo, el Congreso de la Unión deberá legislar en materia de declaración especial de ausencia y, las entidades, armonizar las leyes locales.

Ante representantes de grupos civiles y colectivos que participaron en la elaboración de la ley, Peña Nieto admitió que: “en esta materia también tengo una enorme frustración”, sin decir en cuales otras. Es decir, el presidente se encuentra frustrado por todo lo que no ha logrado, particularmente por los casos de desapariciones forzadas, una de las experiencias más dolorosas para un ser humano. Pero ya para entonces, representantes de las organizaciones –que transmitieron vía redes sociales el encuentro privado en Los Pinos– ya habían externado su censura a la inacción del Estado ante un dolor que cambió sus vidas.

En nombre de los familiares de víctimas, Araceli Salcedo había recriminado: Ante la insensibilidad y falta de respuesta, las familias, poniendo en riesgo nuestras propias vidas, hemos asumido las tareas y obligaciones que correspondían al Estado. Nos hemos integrado en colectivos, que se han convertido en una fuente de apoyo mutuo, una plataforma para impulsar la búsqueda e investigación, así como cambios estructurales para que estos hechos no se repitan. Con firmeza señaló: “La impunidad de ayer explica la situación de hoy, la cual se ha agravado al combinarse con una corrupción generalizada, propicias para una ruptura casi irreversible de confianza entre la sociedad y sus instituciones”.

El presidente frustrado instruyó a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República para que en el plazo de 60 días realicen las acciones para instalar el Sistema Nacional de Búsqueda; construir la comisión nacional de búsqueda y el consejo nacional ciudadano; depurar y organizar el traslado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas a la Secretaría de Gobernación; poner en operación el Banco Nacional de Datos Forenses; integrar el Sistema Único de Información para la Búsqueda, y conformar el registro de fosas comunes y clandestinas, entre otras acciones.

Para su instrumentación, se necesitan varias condicionantes, como son: coloquialmente, muchos huevos, voluntad política de las instancias gubernamentales, particularmente las estatales; la profesionalización de quienes la apliquen, y recursos suficientes para su implementación, entre otros. Las prioridades son:  determinar el paradero de las personas desaparecidas, encontrar a los responsables y fincar las responsabilidades a que haya lugar, así como la reparación integral del daño a las víctimas y conocer la verdad, pues sólo así se evitará la repetición de estos hechos condenables. Por lo menos, si la ley no se instrumenta, el tema de desaparición forzada ya es una decisión política-legislativa en términos de proteger a las personas contra este dramático flagelo en nuestras sociedades. Que poca madre Enrique, no te frustres, te lo mereces.

 


volver al homepage
HOMEPAGE


LINEA DIRECTA GERARDOREYES.COM DERECHOS RESERVADOS.   regg48@hotmail.com