Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 06-11-17)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Cuando a principios de 2007 fue aprobada la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una pequeña parte de la sociedad auténticamente preocupada por esos temas celebró la obtención de un dispositivo legal para combatir, con miras a erradicar, la inadmisible violencia que en diversas formas se ejerce contra ese sector que en México constituye casi el 52 por ciento de la población. Antecede a esta Ley, un largo proceso que impulsaron colectivos feministas y académicos, medios progresistas y organizaciones de mujeres y de derechos humanos frente al pavoroso crecimiento de los actos violentos contra niñas y mujeres, cuya expresión más atroz es el feminicidio, prototipo de lo que buena parte de la legislación internacional denomina crimen de odio.

En opinión de Luis Raúl González Pérez, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en nuestro país, la norma orientada a proteger la vida de las mujeres no se aplica ni se cumple a cabalidad; el acceso efectivo a la justicia es limitado; las tareas de prevención no alcanzan y no producen los resultados esperados y deseables, sus dinámicas operativas restan eficacia y eficiencia a su implementación y en consecuencia, ante el conjunto de acciones y omisiones del Estado que generan impunidad y falta de acceso a la justicia, los hechos de violencia quedan impunes.  

Recientemente, el mismo González Pérez pidió a las autoridades federales emitir una declaración de alerta de violencia de género para Puebla, entidad en las que se han documentado 83 feminicidios entre enero y septiembre de 2017, y 324 desde finales de 2012 a la fecha: uno cada cinco días, en promedio. Debemos apuntar que, a pesar del eco mediático en torno de los más recientes asesinatos de mujeres en Puebla, ese estado se encuentra en el lugar 18 en la lista de violencia y feminicidios, lo que basta para señalar que es aterradora la situación nacional en esta materia. En declaraciones por separado, Pablo Navarrete, coordinador jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) destacó que la vida y la seguridad de la mujer no se puede garantizar en aquella entidad. El silencio camotero del gobernador José Antonio Gali Fayad y del procurador de justicia Víctor Antonio Carrancá Bourget lo confirman.

En la entidad poblana y en el resto del país, un denominador común en los asesinatos de mujeres en razón de su género es la renuencia de las autoridades a hacer justicia en general y, particularmente, a admitir que se trata de feminicidios y a tipificarlos como tales, renuencia que se reproduce cuando se trata de procesar actos de violencia de género que no necesariamente culminan en la muerte de la víctima. Un ejemplo terrible de la ausencia de voluntad para sancionar agresiones contra las mujeres es el del episodio sufrido en septiembre pasado en Tlapa, Guerrero, por la activista Yndira Sandoval (La Jornada, 22/10/2017). Como lo ilustra ese caso, las víctimas que se atreven a denunciar los hechos y a exigir justicia son, con frecuencia, victimizadas de nueva cuenta por los propios organismos que debieran investigar y sancionar los ataques.

En suma, la erradicación de los feminicidios –y de las muertes violentas en general– no requiere de nuevos organismos burocráticos, de nuevas leyes o reformas a las existentes, sino de la voluntad de los gobernantes de todos los niveles y de los funcionarios de los tres poderes de la Unión para prevenir, esclarecer y sancionar en forma puntual y creíble cada caso, así como de campañas constantes e intensivas orientadas a desactivar la acendrada y casi omnipresente misoginia. Una de las herramientas de que dispone la ley comentada para cumplir con su propósito es la alerta de violencia contra las mujeres, generalmente conocida como alerta de género, lo cierto es que a escala nacional todavía existe un alto grado de desinformación sobre el concepto, tanto en el ámbito de la sociedad, donde esa violencia se ejerce, como en el terreno institucional, desde donde se debería atacar.

 

Algunos organismos ocupados y preocupados por esta verdadera plaga social opinan que los alcances de la alerta de violencia de género están adecuadamente definidos, y que lo que falla es su aplicación, por lo que la solución pasaría simplemente por un ajuste a los mecanismos de ésta. Otros opinan que el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida descrito en la ley no es más que un compendio de buenas intenciones, una fórmula vagamente definida, que no especifica con claridad qué es exactamente lo que deben hacer en cada caso las policías y las autoridades de procuración e impartición de justicia para poner freno a la galopante violencia de género.

 

 


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