Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

EN BÚSQUEDA DE LA DIGNIDAD

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 30-10-17)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

La dignidad es una cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden. Ante la corrupción de los partidos políticos y la complicidad con la violencia y la impunidad que afecta a nuestro país, recuperar la dignidad es atrevernos a imaginar otros caminos y otros futuros posibles. Al respecto, tenemos dos casos que comentar en línea directa:

Primer caso: Las candidaturas independientes, las que son serias, están siendo una opción para la sociedad civil que busca otras formas de entender y ejercer el poder. En este escenario, una mujer indígena María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, se ha lanzado a buscar su candidatura independiente para la Presidencia de la República desestabilizando las prácticas y discursos del poder en torno a la nación y la ciudadanía. El concepto de dignidad le acompaña en su proselitismo, como principio político zapatista para enfrentar el racismo y la descalificación de la ciudadanía indígena. Este concepto engloba la reivindicación del respeto a la vida en todas sus manifestaciones, como asidero para enfrentar las múltiples violencias. Marichuy, inspirada en la lucha de las mujeres zapatistas, nos recuerda que: La dignidad está haciendo nacer un nuevo mundo en medio de la destrucción, el dolor y la rabia de nuestros pueblos, del México de abajo en los campos y las ciudades. Su voz habla por la dignidad de los excluidos del proyecto nacional.

Sus discursos no se limitan a denunciar las violencias que viven las mujeres, sino que también reivindican su fuerza política hablando del importante papel que están jugando las madres de los desaparecidos, en su lucha incansable por encontrar entre los escombros la verdad y la justicia. Sus reflexiones surgen desde una experiencia que le ha tocado vivir en carne propia de despojo y desposesión violenta de tierras y recursos naturales, que las mujeres indígenas, en su triple condición de mujeres, de indígenas y de pobres viven la mayor de las opresiones, son explotadas y violentadas en sus hogares, en sus trabajos, en todos los espacios de la sociedad; el actual sistema las somete a la más cruda explotación y cotidianamente se les trata como simples mercancías orillándolas a esta intersección de exclusiones. El llamado de Marichuy y su personalidad de mujer digna, nos dan una ligera esperanza en estos tiempos sombríos.

Segundo caso: Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), fue cesado tras asegurar a un medio de comunicación que había sido presionado para declarar inocente de las imputaciones que existen en una investigación contra Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, y la presunta transferencia de recursos provenientes de un soborno de la empresa Odebrecht que se destinaron a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Nieto Castillo, en búsqueda de la dignidad, no claudica en su objetivo de que se califique jurídicamente la ilegalidad de su destitución, pero reconoce que tampoco es pertinente continuar con un proceso que polariza a la sociedad y lesiona a las instituciones. Postura digna desde el punto de vista de quien escribe.

Por ello, antes de que hicieran leña del árbol caído, notificó al Senado que desiste de su petición de que esa cámara del Congreso objete la decisión de removerlo como titular de la Fepade, debido a que la polarización política provocada y la desconfianza del PRI y el PVEM en torno a mi persona, no generan las mejores condiciones para la lucha electoral de 2018 y menos para cumplir la obligación constitucional y desarrollar la función de fiscal electoral, con la libertad de actuación anterior.

La fiscalía que deja, se encarga de investigar, perseguir y prevenir los delitos electorales, marcando una diferencia en la persecución de los delitos para investigar a los instigadores de los mismos.

Cuestionó la decisión tomada por el encargado de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, ya que contenía, al menos, los siguientes vicios jurídicos: falta de motivación respecto a las conductas desarrolladas, violación al debido proceso en razón de que no fui escuchado para expresar argumentos para mi defensa; falta de fundamentación y falta de competencia en razón de que dicho funcionario carece de la facultad para remover a un fiscal, en virtud de que la naturaleza jurídica de la fiscalía cambió en 2014.

En el fondo y en la forma ha resultado equívoco y muy costoso, en términos políticos, el berrinche y posterior manotazo que de Los Pinos hubo de pasar a la Procuraduría General de la República (con un titular recién llegado, precario) para dar por despedido a un fiscal electoral incómodo. En términos estrictamente jurídicos, el procurador interino, Ricardo Elías Beltrán, dio curso a una decisión muy delicada sin haber comprobado la veracidad de los dichos que le servirían de base. Elías Beltrán ni siquiera reúne los requisitos legales para estar a cargo de la PGR, porque, entre otras cosas, no tiene una experiencia de 10 años como abogado. ¿Es acaso esta una postura digna o, tendremos que buscarla en Los Pinos, sabiendo de antemano que fracasaremos?

 


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