Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

EL FÉTIDO AROMA DE LOS SOBORNOS

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 21-08-17)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

A contrapelo de lo que sucede en las calles del país, y de su propia valoración tan baja en encuestas de opinión, Peña Nieto mostró su júbilo en la asamblea nacional priista, al grado de cambiar el saco tradicional por una casaca roja, como símbolo indumentario del inicio de la guerra electoral contra el caudillismo y el populismo. El intento de cambio de ropaje, para participar en la pasarela del 2018, incluyó una reforma estatutaria que permitirá al PRI postular como candidatos a ciudadanos que no tengan militancia, pero sí expresen simpatía con los objetivos del tricolor y tengan un perfil electoral competitivo.

A causa de tal apertura, José Antonio Meade Kuribreña, el secretario de Hacienda que no está afiliado a ningún partido, fue la figura más solicitada en la aparatosa ceremonia de clausura de la mencionada asamblea, sólo superado (ampliamente) por Enrique Peña Nieto, quien convirtió el acto en una suerte de auto homenaje e inicio de temporada de despedida. A propósito, el inquilino de Los Pinos exigió a los priistas dar la batalla, proteger y defender lo que hemos construido; la obra debe continuar (¿a qué tipo de obra se refiere?), porque, según él, consolidada con éxito la transformación del país. Solidario el PRI se declaró el partido anticorrupción y comenzó el proceso de instalar muletillas propagandísticas “a México le va bien cuando le va bien al PRI” rumbo a los comicios de 2018, estando en juego dos futuros, uno de progreso que ofrece el PRI y otro de franco retroceso.

Exaltado a más no poder, Peña Nieto manifestó a los millares de correligionarios: ‘‘Lo dije en marzo y lo reitero: quienes han traicionado la confianza de la gente y del partido (no mencionó por sus nombres a Duarte, Borge, etcétera) deberán enfrentar las consecuencias de sus actos’’. Luego hizo un llamado: ‘‘Como soldados de la patria, los priistas debemos salvaguardar el proyecto de país’’. Su discurso chocó con la áspera realidad. Emilio Lozoya, uno de los ‘‘soldados (priistas) de la patria’’, con camuflaje de director general de Pemex, fue acusado de recibir moches por 10 millones de dólares de sobornos entre 2012 y 2016. El primer soborno lo habría recibido en los días de la campaña de Peña Nieto, según publica el diario brasileño O ‘Globo.

Luis Alberto de Meneses Weyll ex director de Odebrecht México, relató a fiscales brasileños: ‘‘A principios de 2012, constaté que Emilio Lozoya había alcanzado una posición destacada en el PRI, que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012, cuyo candidato era el favorito en las encuestas electorales. Lozoya se había convertido en uno de los líderes del comité de campaña y era cotizado para asumir un cargo de relevancia en el futuro gobierno por lo que probablemente se convertiría en una persona influyente en la administración pública del país’’. Detalla que en 2013, cuando Odebrecht –ya asociada con la contratista mexicana Construcciones Industriales Tapia, a recomendación del mismo ex presidente de Pemex– ganó la licitación para ampliar las refinerías, los pagos para Lozoya comenzaron inmediatamente, relata O ‘Globo.

Pero toda regla tiene una excepción. El procurador general de la República, Raúl Cervantes, hizo un viaje a Brasil para empaparse del caso. Eso fue en febrero pasado. No hubo consecuencias. Por su lado, el sucesor de Lozoya en Pemex, José Antonio González Anaya, encargó una investigación interna a la firma de abogados Hogan Lovells, referida a los contratos de Pemex con Odebrecht durante el sexenio de Felipe Calderón y el actual. Se sabe que Los Pinos está informado del resultado. El siguiente paso le toca a Peña Nieto: no sólo en el caso del ‘‘soldado’’ que traicionó al partido, sino en el del ‘‘almirante’’ panista Calderón que también tiene su historia,  la nueva refinería de Tula (la Bicentenario) cancelada definitivamente, confirma de manera contundente los bocetos previos de corrupción y la consumación de negocios de fábula en lo alto del poder político mexicano.

Lozoya fue designado en Pemex por ser quién era y por saber qué hacer. Se estrenó como director general de Pemex con un discurso inversamente proporcional a su actuación, decía: “Esta gran empresa del Estado debe ser transparente, contar con un sistema real y permanente de rendición de cuentas. Mi administración tendrá una tolerancia cero ante cualquier comportamiento fuera del marco legal, ya sea de privados o dentro de esta empresa”. Ya se sabe cuál es la realidad, era cuestión de tiempo para que sus corruptelas salieran a flote.

Por más que en México lo encubrieran desde la cima del poder político, la larga mano del aparato mexicano de procuración de justicia no alcanzó a cubrir a este personaje de las pesquisas, denuncias y, sobre todo, acuerdos de protección y salvamento negociados entre la autoridad brasileña y una de las partes directamente involucradas, es decir, las mismísimas cabezas visibles de la trasnacional brasileña. Las revelaciones sobre las prácticas ilegales de Odebrecht han tenido gravísimas consecuencias políticas en diversos países latinoamericanos.

En Perú, se han librado órdenes de aprehensión en contra de dos ex presidentes (Alejandro Toledo y Ollanta Humala); en Brasil el escándalo ha sido ampliamente utilizado en la construcción del proceso en contra del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva; en Ecuador, el vicepresidente ha sido inhabilitado por acusaciones análogas, y en otras naciones altos funcionarios han sido formalmente imputados. En México, en cambio, el fétido aroma e incumplimiento de responsabilidades acompañan a diversos funcionarios mexicanos en los sobornos millonarios en dólares a cambio de contratos también millonarios, tanto en el sexenio pasado como en el actual.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República parecen no tener prisa alguna en empezar a esclarecer los señalamientos en contra de Lozoya, como no la han tenido en el caso de la abultada corrupción que puede sospecharse fundadamente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a raíz del desastre ocurrido el 12 de julio en el Paso Exprés de Cuernavaca, una obra que se construyó a un precio injustificablemente inflado, se entregó en forma extemporánea y se desarrolló, por lo que ha podido saberse, con múltiples irregularidades y omisiones.

En ambos casos y en muchos otros, la parsimonia de las instituciones obligadas a investigar los posibles desvíos de fondos públicos causa un grave daño a la credibilidad gubernamental en su conjunto, tal vez requieran sobornos millonarios para que cumplan con su deber, no cree usted.

 

 


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