Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

MÁS BASURA EN EL SOCAVÓN

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 14-08-17)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

En ausencia de una explicación consistente por parte de la autoridad federal y a casi un mes del accidente que desgarró a una familia, provocó la muerte de dos inocentes personas y arrastró consigo el enfado y la angustia vecinal, tres peritos independientes en ingeniería civil e hidráulica, Humberto Marengo Magallón, Héctor Manuel Landeros y Mario Rodríguez, firmaron el documento debido a que otros especialistas asignados se disculparon de participar por tener algún conflicto de interés, señalaron en un análisis preliminar, las causas que llevaron el pasado 12 de julio al hundimiento de un tramo de la carpeta asfáltica en el Paso Exprés de Cuernavaca, inaugurado con salpicaduras de demagogia y sin estar terminado por el Non Grato Peña Nieto, el mal visto gobernador de Morelos Graco Ramírez y la comparsa secretarial de Gerardo Ruiz Esparza. Un adelanto de casi tres meses que de manera inevitable genera suspicacias acerca de la motivación política de la presurosa apertura del tramo carretero y que debe servir como recordatorio de que en proyectos de esta magnitud deben imponerse sin excepción los criterios técnicos. 

En su dictamen, los expertos dicen que el desastre se originó por la falta de remplazo del desagüe de una vieja alcantarilla que tendría que ser cambiada cuando se realizó la obra. Concluyeron que la carretera sobre la que se construyó el Paso Exprés data de 1967; entonces se puso una alcantarilla de 1.20 metros de diámetro debido a que la vocación de la vía era rural. ‘‘Fue un error el diseño de la obra; se tuvo que revisar porque la zona ya no es rural sino urbana y hay más descargas y población’’. Al hacer un recorrido por la alcantarilla los peritos observaron daños en la estructura y aseguraron que el cambio era obligado, y así debió ser señalado por SAC Ingeniería, empresa coordinadora del proyecto.

La zona se hundió debido al reblandecimiento de tierra por las lluvias, por el daño que presenta la tubería, que data de 1987, cuando se cambió por una de 1.56 metros de diámetro, así como porque se hicieron dos inyecciones de concreto para rellenar algunas zonas, material que no logró penetrar. Las lluvias intensas en la región, ‘‘sin ser extremas’’, no fueron el mayor motivo para el hundimiento, como sí lo fue que la alcantarilla erosionada por el paso de los años y por la corrosión que se produce por el metano y sulfatos que se desprenden de los desechos y aguas negras en época de secas, estuviera llena de basura, lo que produjo que se hiciera un tapón aguas abajo. Dijo que al confinar el terraplén con muros de concreto y con la inyección de ese material es posible que se haya provocado la desviación o fractura de la alcantarilla, pero eso sólo puede comprobarse con un peritaje especial que llevaría tres meses.

Marengo Magallón, afirmó que es a la empresa SAC ( Sistemas Avanzados en Computación), coordinadora del proyecto, a la que le correspondía la decisión de cambiar o reparar la alcantarilla defectuosa, aunque no vaciló en señalar que hubo varios responsables, toda vez que lo ocurrido en el Paso Exprés es resultado de una cadena de falta de supervisión y malas decisiones, y advirtió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe hacer un examen de conciencia y cambiar todos sus procesos de supervisión y realización de proyectos.

Su informe consolida la impresión general de que esa obra de libramiento de la capital morelense fue realizada en forma poco escrupulosa, opaca, descuidada y con un agraviante desprecio a la seguridad de los usuarios. Las fallas y desatenciones ampliamente documentadas, implican responsabilidad administrativa y judicial contra constructores y autoridades, pero el campante secretario federal de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, lo ha asumido como un episodio que debe afectar a muchos otros, si es que realmente los afecta, pero no a él, quien constituiría una especie de máximo sitial de la virtud, inalcanzable por los errores y delitos cometidos en el ámbito bajo su responsabilidad. En una parte de sus declaraciones auto exculpatorias se explicó cantinflescamente: “Si yo asumo una responsabilidad política de otra manera, simple y sencillamente estoy reconociendo cosas que no debo reconocer, porque hay quien sí cumplió con cosas y yo debo ver en este momento, es mi principal responsabilidad, que quien no cumplió con algo lo reconozca, que acredite, y que se castigue”.

Los pretextos del secretario, resultan particularmente exasperantes si se recuerda el enorme descuido con que se ejecutó la obra, y que se tradujo en afectaciones a viviendas y en un pronunciado incremento en el número de accidentes mortales debido a la falta de señalizaciones y de pasos provisionales adecuados en el tiempo que duró la construcción. No se puede concluir otra cosa de la cadena de fallos que involucra a las empresas contratistas, a la que coordinó la ejecución de la obra y a los funcionarios que no realizaron un mínimo ejercicio de supervisión. La falta de una reacción gubernamental enérgica, clara e inequívoca al desempeño desastroso de la SCT y de los contratistas incrementa día a día el descrédito institucional y la desconfianza de la sociedad en las autoridades.

En el México actual, basta con anunciar nuevas obras y desplegar retórica de autocomplacencia para olvidar lo ocurrido y entrar de lleno en el redituable tráfico de intereses, reinstalado a plenitud, en las carreteras de la gran corrupción. En lo que prácticamente significa una confesión pública y concreta de irresponsabilidad criminal compartida, el gran recaudador, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que será construido un nuevo viaducto cuyo costo será sufragado por el consorcio Aldesa-Epccor, ya que se harán valer las fianzas de anticipo y cumplimiento, así como el uso de un seguro de daños a terceros pero podemos estar seguros que esa secretaría, siempre al servicio de los intereses empresariales, encontrará sutiles vías para compensar más adelante a las firmas ahora afectadas.

Justificó esta construcción al señalar que “es fundamental para retomar el buen funcionamiento de la vía y garantizar la seguridad de los usuarios y las poblaciones aledañas al Paso Exprés de Cuernavaca, el buen funcionamiento de este tramo, el afluente hidráulico requerido en la zona y la pronta reanudación del funcionamiento normal de la vía”. Así, establece en una tácita aceptación de que no se había cumplido con lo que ahora se anuncia como logros a alcanzar.

Parece que el socavón se llena de basura administrativa y corrupción, ya que Cuauhtémoc Ochoa, el actual subsecretario federal del medio ambiente, ha sido el principal impulsor de José Luis Alarcón Ezeta, quien fue delegado de SCT en Morelos y quien desatendió las denuncias relacionadas con el socavón. Además, su papá trabajó en Pemex muchos años; el padrino de Cuauhtémoc les consiguió unos contratos con Pemex por allá de 1996, en Cadereyta, para la reconfiguración de la refinería. Esos contratos con Foster Wheeler fueron muy amañados y les permitieron que de 1996 a 1998 construyeran tres verificentros, en los cuales José Luis Alarcón es o fue socio en alguna parte pequeña. Se dice también que no se debe dejar de lado la corresponsabilidad del actual subsecretario de infraestructura, Óscar Callejo Silva, “ya que en su anterior cargo, como director general de Carreteras Federales dentro de la misma SCT, fue quien lideró la revisión y aprobación de los proyectos, así como la adjudicación de la obra al grupo de empresas representadas por la compañía Española Aldesem; asimismo, él adjudicó el contrato de supervisión, todo bajo los mismos intereses.

Sólo nos queda esperar que al conocerse públicamente los documentos suscritos entre la autoridad y las empresas ejecutoras de la obra conlleve como acompañamiento obligatorio la apertura de investigaciones de índole penal y administrativa y la renuncia de los principales funcionarios involucrados en un fracaso de esa magnitud, las irregularidades detectadas no deben sumarse al historial de la impunidad.

A propósito, lo de Non grato se debe a que centenares de habitantes de Chiapa de Corzo, en Chiapas, declararon visitante non grato a Enrique Peña Nieto. El masivo repudio al ocupante de Los Pinos se produjo en un contexto irónico que subraya la distancia entre los anuncios y propaganda de los gobiernos  y la realidad que palpan las comunidades que cuentan con recursos naturales que son ambicionados para desarrollar megaproyectos productivos.

 

 


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