Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

HIPOCRESÍA GALANTE

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 01-08-17)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

El discurso xenofóbico y racista que caracteriza a la presidencia de Donald Trump, que es compartido por los sectores políticos y sociales más cavernarios del espectro político en la nación vecina, según el cual los trabajadores extranjeros son responsables de buena parte de los males que aquejan a Estados Unidos, debe contrastarse con las quejas de empresarios, principalmente en los ramos agrícola, de la construcción y de servicios, en el sentido de que ningún trabajador local está dispuesto a tomar las plazas dejadas por los migrantes, y que incluso una explotación del campo propiedad de uno de los hijos del prepotente y actual mandatario ha solicitado autorización para contratar a migrantes para la vendimia.

 

Más allá de la responsabilidad ineludible de las autoridades estadounidenses debe admitirse también que los trabajadores mexicanos y centroamericanos se encuentran en circunstancias de extremada indefensión debido a la falta de firmeza de sus propios gobiernos, los cuales han fallado en la generación de empleos bien remunerados y en exigir a Washington la despenalización de la migración laboral y el cese de los atropellos y las violaciones a los derechos humanos que enfrentan sus ciudadanos en territorio estadounidense. En el caso de México, es evidente que el tema debe ser llevado a la mesa en la que a partir del 16 de agosto, habrá de renegociarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, descrito como montaña rusa por Ildefonso Guajardo Villarreal, el secretario de la economía mexicana.

 

En las pláticas para la renegociación o modernización del TLCAN, no puede repetirse el error de dejar de lado del cuerpo asesor a: organizaciones laborales, ambientales, de derechos humanos, pero sobre todo asociaciones de migrantes, entre ellas el Centro de Derechos del Migrante, Inc. (CDM) organización trasnacional de derechos laborales dedicada a garantizar el acceso a la justicia para las y los trabajadores migrantes basados en México, y que como señala se siente indignado porque el presidente de Estados Unidos haya abandonado a las y los trabajadores migrantes.

 

Si bien los negociadores mexicanos tendrán un papel central en la conformación del acuerdo, el Congreso mexicano debería hacer su trabajo y realizar diagnósticos, discusiones y propuestas, pero lamentablemente la mayoría de sus políticos tienen como única preocupación las cuotas y los cuates que les puedan pavimentar sin socavones el 2018.

 

Tal parece que la mejor solución sería la adopción de una política económica capaz de impulsar el crecimiento, generar empleos, dignificar el campo y mejorar los niveles de vida de la población, de modo que ésta no se vea empujada por la necesidad a abandonar su lugar de origen para emprender viajes inciertos y sembrados de peligros de todas clases.

En su momento, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su estrategia para obtener apoyo de sus habituales electores promoviendo temor y miedo y criminalizando a los migrantes, está generando no sólo tragedias de horror para los migrantes que sufren las deportaciones, pero al estar disminuyendo su flujo, se ha puesto en evidencia que se trata de una fuerza laboral altamente productiva para los campos de Estados Unidos y que ha llenado las vacantes que la economía estadounidense requería.

 

Importantes pronunciamientos señalan que, aun aumentando el salario más allá de los 10.50 dólares en que está fijado, no hay trabajadores estadounidenses que quieran realizar la dura labor de trabajar la tierra. Muchos granjeros han señalado que “ante la escasez de trabajadores, o importamos alimentos o importamos trabajadores”. Según la American Farm Bureau Federation, siete de cada 10 trabajadores agrícolas a escala nacional no tienen papeles. Es decir, se trata de un rubro que depende casi por completo de la mano de obra extranjera, básicamente mexicana.

 

Con hipocresía galante, el gobierno de Estados Unidos ofrecerá este año 15 mil visas adicionales H2B que se otorgan a trabajadores no agrícolas de temporada para una serie de negocios, entre los que se encuentra la Trump Organization, que contrata trabajadores extranjeros. Dicen los políticos gringos que la decisión de añadir más visas de trabajo es una demostración del compromiso del gobierno para apoyar a los negocios estadounidenses.

El fenómeno migratorio, objeto de permanentes estudios y medidas orientadas a moderar sus efectos (que sean o no efectivas es cuestión aparte), en años recientes presenta variantes que lo tornan aún más preocupante. Una de ellas es la ascendente proporción de niños que, sumados a los nutridos contingentes de personas que alimentan la migración y en ocasiones solos, recorren el largo y accidentado camino que separa su tierra natal del país de su destino. 

Los datos que contiene el Anuario de Migración y Remesas 2017, que han elaborado de manera conjunta el Consejo Nacional de Población y la Fundación Bancomer, indican que durante el año pasado el número de menores detenidos cuando intentaban cruzar ambas líneas fronterizas (desde el sur hacia México y desde nuestro país rumbo a Estados Unidos) alcanzó un máximo histórico, superando por casi 10 por ciento el de por sí elevado registro anterior. La cifra (más de 100 mil) da una idea de la magnitud del problema, pero resulta todavía más impactante si se toma en cuenta que sólo abarca a aquellos menores que no lograron hacer el cruce, y no a la totalidad de los que emprendieron la travesía.

El término menores comprende a los no acompañados, que las instancias migratorias de las Naciones Unidas definen asépticamente como personas menores de 18 años que se encuentran separadas de ambos padres y no están bajo el cuidado de ningún adulto que por ley o costumbre esté a su cargo, fórmula insuficiente para describir la indefensión en que se desplazan decenas de miles de menores que, a diferencia de los adolescentes de más edad, ni siquiera han dejado atrás su condición de niños.

En esta parte del mundo y en esta coyuntura, donde los movimientos poblacionales no son producto de guerras intestinas (aunque la narcoviolencia y el combate a la misma aportan su propia y alta cuota de migrantes) el desplazamiento de menores es, en gran parte, resultado de políticas económicas erróneas que han lesionado gravemente el tejido social y favorecen una continua atomización de los núcleos familiares.

A las épocas en que sólo los varones emigraban para buscar mejores horizontes económicos y una vez asentados llamaban a los suyos, le siguió un éxodo masivo de mujeres –solas o con hijos, a menudo pequeños– y a éste se sumó la salida cada vez más numerosa de menores de edad que ahora inquieta a las autoridades y los organismos internacionales de asistencia. Y, pese a las medidas restrictivas y de control que diseñan y ponen en práctica los gobiernos, es difícil que la tendencia detenga su línea ascendente, porque el camino del exilio voluntario es preferible al de la miseria extrema.

Periódicamente la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, Unicef, exhorta a los gobiernos de Centroamérica y de México a “hacer todo lo que esté a su alcance (…) para brindar a los niños, niñas y adolescentes el apoyo, atención, protección, educación y oportunidades de preparación” necesarias para evitar que abandonen sus hogares y se expongan a los riesgos de la odisea migratoria.

Pero mientras persista, como hasta ahora, la hipocresía galante y un esquema económico cuyo único propósito es minimizar la intervención del Estado en aras de una iniciativa que privilegia el lucro y se desentiende de las necesidades sociales, el llamado tiene pocas posibilidades de éxito.

 


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