Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

TRAGEDIAS IRRESOLUBLES

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 03-06-17)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

A pesar de las declaraciones engañosas pero tranquilizadoras y las cifras falsas pero alegres de Peña Nieto y las autoridades de justicia que le acompañan, las tragedias sin solución, siguen contabilizando. Han pasado 33 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la búsqueda de verdad y justicia continúan sujetas a los laberintos burocráticos que de manera natural afectan a los ciudadanos en general y, en este caso particular entrampan a la voluntad política superior que ha buscado evitar que se conozcan a plenitud los hechos sucedidos en Iguala, y sus alrededores, entre la noche y la madrugada de 26 y 27 de septiembre de 2014.

Ni siquiera los esfuerzos de grupos internacionales especializados, han logrado vencer esa voluntad superior que ha alineado recursos administrativos, mediáticos, políticos y diplomáticos para impedir mayores avances. La esperanza es que, en la ruta de la sucesión presidencial, conforme vaya disminuyendo el poder formal de Enrique Peña Nieto y su equipo, poco a poco vaya cediendo la muralla hasta ahora sostenida para aislar y distorsionar todo lo relacionado con la terrible realidad de aquella noche trágica, que constituye una de los afrentas históricas del señor de Los Pinos.

Una tragedia que fue heredada y tiene solución a medias. En el mes de junio de 2009, el cielo transparente de Hermosillo, Sonora, se convirtió en infierno y humo, la codicia empresarial solapada por funcionarios públicos infames y corruptos (herencia de Felipe Calderón) permitió que el fuego en la guardería de niños ABC, que por costumbre o negligencia no cumplía con las normas mínimas de seguridad y protección civil, en pocas horas acabara con la vida de 51 futuros sonorenses y dejara a más de 100 con daños graves e irreversibles. Sus madres, los confiaban diariamente al Estado (IMSS) en su disque responsabilidad de dar cuidados y atención a los hijos de madres trabajadoras mientras ellas cumplen su jornada laboral.

A ocho años de esa terrible tragedia, padres afligidos afirman que las autoridades quisieron ver como único culpable de la tragedia al empleado de la bodega vecina, quien cumplía órdenes de incendiar la bodega contigua a la guardería, a fin de desaparecer documentos que comprobaban la corrupción y los negocios ilegales del nefasto gobernador y señor de Bachoco, Eduardo Bours. Dicho empleado fue asesinado días después de la tragedia y el crimen no ha sido aclarado. Pero ¿cómo pudo ocurrir esto?

Porque los socios dueños de la guardería, emparentados con Margarita Zavala (esposa de Felipe Calderón) y Eduardo Bours, estaban amparados además por un contrato de subrogación de guarderías del IMSS, firmado por el fallecido Juan Molinar Horcasitas. Los concesionarios, evidentemente invertían lo menos para ganar lo más, sin que se les supervisara ni se les exigiera cumplir las normas para dar digna atención y toda la seguridad humanamente posible. Como testimonio del injusto tratamiento judicial que se ha dado a los culpables de aquella desgracia, los dañados padres colocaron una escultura frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

Parcialmente, el movimiento dio resultado, un tribunal federal confirmó las sentencias de 19 a 29 años de cárcel contra 19 detenidos (17 ex funcionarios y dos socios de la guardería ABC) vinculados con el incendio y determinó que deberán purgar su condena en prisión al no tener derecho a la sustitución de la pena de prisión y de la condena condicional, esperamos que sea cierto ya que Bours impunemente sigue suelto.

Otra tragedia irresoluble: Periodistas asesinados. Salvador Adame Pardo, fue secuestrado el 18 de mayo de este año y recientemente el procurador general de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, en evidente intento de la administración del perredista Silvano Aureoles Conejo de colocar los hechos en una dimensión ajena al ejercicio periodístico, Godoy Castro afirmó que Salvador habría sido levantado y asesinado por problemas personales y comerciales con un miembro de un grupo criminal. Que su cuerpo, calcinado y sometido a exámenes de ADN para confirmar su identidad, había sido localizado en un paraje conocido como Barranca del Diablo, tramo del camino que va de Lombardía a Nueva Italia, población en la que dirigía un canal de televisión. Más allá de la imprecisa trama criminal narrada, el hecho es que Adame Pardo se ha convertido en el séptimo periodista asesinado en México desde el mes de marzo pasado.

La impunidad ha sido denominador común en el asesinato de periodistas y los mecanismos de procuración de justicia tanto federales como estatales han acumulado un déficit de credibilidad que recae ahora, de manera inevitable, sobre la versión oficial del asesinato de Adame Pardo. Incluso si lo dicho por Godoy Castro fuera cierto, el hecho es que la cadena de ejecuciones de periodistas es una tragedia irresoluble que ha alcanzado una frecuencia espeluznante y parece indicativa de una pérdida de control sin precedente en el país.

En Sinaloa, entidad cuyo impávido gerente es Quirino Ordaz Coppel, el asesinato del periodista Javier Valdez, por ejemplo, sigue anclado en el pantano burocrático, sin capacidad ni voluntad de las autoridades para actuar contra el bando ejecutor. Las redes de complicidad y corrupción que someten la acción de las autoridades al interés y designios de alguno de los cárteles en pugna, a los que usualmente los políticos deben favores, portafolios con dinero en efectivo y financiamiento para sus campañas, cobran ya los favores ofrecidos. Según imprecisa declaración del fiscal estatal, Juan José Ríos Estavillo, apariencias de celeridad, se advierten, en la búsqueda de esclarecer el homicidio de Rafael Chávez, conocido como El Borrego, hermano del ex campeón mundial de box Julio César Chávez, quien advirtió que actuará por su cuenta para encontrar a los homicidas.

En Veracruz, al gobernador Yunes Linares, atrapado en redes de complicidad  y corrupción, le ha preocupado más la ejecución de tres miembros de la Policía Federal (en José Cardel, cabecera del municipio de La Antigua), entre ellos el máximo mando de esta corporación en la entidad, que el asesinato de cuatro menores de edad, y sus padres, en Coatzacoalcos. No podemos dejar de repetirlo, los mexicanos nos encontramos conmocionados por el recrudecimiento y la expansión de un accionar delictivo que, a pesar de capturas anunciadas con espectacularidad, no encuentra una respuesta eficaz de las instituciones gubernamentales. En ese contexto, sentimos que la estrategia de seguridad pública impuesta no funciona y debe cambiarse radicalmente el enfoque del combate a los hechos delictivos. A nuestros gobernantes, la muerte de ciudadanos en general y particularmente de periodistas, mujeres y niños, poco preocupan ante los temas mayores relacionados con las pugnas cupulares y con la silla presidencial del 2018.

Señor Presidente Peña Nieto, usted sabe bien que la guerra entre grupos criminales ha elevado la inseguridad pública a niveles extraordinarios. Los frecuentes episodios de violencia que cobran vidas de ciudadanos sin importar la edad, se encuentran en niveles alarmantes. Dejémonos de tantos viajes y de cuentos ficticios (en mi tierra les dicen pendejadas). Exigimos no más tragedias irresolubles y más gobernabilidad.

 


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