Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

CUAL LIBRE EXPRESIÓN

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 22-05-17)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Privar de la vida a un informador no sólo es un homicidio condenable como tal, sino también expresa la brutal cancelación de la libertad de expresión de la víctima y un grave atentado al derecho a la información de la sociedad que ante estos hechos, ha ido cobrando conciencia de que el acto de matar a un periodista es cometer un crimen en distintos ámbitos y contra mucha gente. La consecuencia natural no deja de ser una mezcla de sentimientos encontrados de zozobra, impotencia y frustración.

 

En la semana pasada, la pluma de Javier Valdez Cárdenas, dejó de escribir. El Premio Internacional a la Libertad de Expresión y autor de varios libros sobre delincuencia organizada, fue asesinado vilmente en Culiacán, Sinaloa. Las autoridades no saben qué hacer, el móvil se desconoce, tal vez perdió la vida porque en uno de sus libros, “Los huérfanos del narco”, describe el retrato de una realidad sangrienta e incontenible: la voraz guerra del narco en México vista desde las acciones y secuelas de niños y jóvenes que se han integrado al narco por su propia voluntad; deslumbrados por el dinero o arrastrados en la lucha entre sicarios y ejército federal o policías estatales; o entre los narcotraficantes que luchan por dominar el negocio de la droga.

 

Su artero crimen además de haber generado manifestaciones de indignación y solidaridad, ha mostrado más desnudos que nunca a los presuntos e impotentes gobernantes, que provistos solamente de los tradicionales suministros de la demagogia, el falso discurso y el engaño, sólo se han mostrado casualmente arrepentidos, con aspiraciones justicieras inaceptables sobre todo en los casos de agresión a periodistas y de la vida nacional en pleno.

 

Como siempre ocurre en estos casos, en la residencia oficial de Los Pinos, rápidos y furiosos organizaron un evento para salir del paso, armaron con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que ahora preside el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, una mesa de soluciones, con discursos insustanciales, insulsos e inofensivos. Los términos “estamos haciendo”, “vamos a investigar” y “nadie está por encima de la ley” abundaron por el rumbo de Chapultepec.

 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, más preocupado, por sus tiempos políticos y, por su futura colocación en el tablero electoral, manifiesta: ‘‘ Tenemos claro que ante estos actos las palabras no bastan, se requiere una respuesta de Estado; garantizar la labor periodística y cerrar las puertas a la impunidad”.

Pero como esa política de Estado no existe, ni se diseñará ni aplicará en lo que resta del caído sexenio peñista, solamente ofreció las recetas tamaleras e ineficaces, para salir del paso. “El gobierno de la República condena y repudia las cobardes agresiones contra periodistas, porque atentan contra la libertad de prensa y son inaceptables” “La Federación y las autoridades locales deben actuar juntos para garantizar que en todo el territorio nacional, sin excepción, los periodistas puedan realizar su labor con seguridad y libertad” “La Federación adoptará medidas para garantizar que los periodistas puedan realizar su actividad con libertad y seguridad”.

Por órdenes de su jefe Peña Nieto, con la sensibilidad que normalmente lo desborda, presume el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que ya está en marcha y mediante el cual se ha dado cobijo a 538 sujetos de los cuales 196 son periodistas y el resto defensores de derechos humanos. Mientras los trabajadores de la comunicación social aseguran que ese mecanismo, las fiscalías, las comisiones y demás oficinas gubernamentales de ‘‘defensa’’ del periodismo son patrañas para entretener, simular y, en especial, para consumir partidas presupuestales. Expresó sus condolencias a los familiares de los periodistas caídos y enfatizó que la reunión de Peña Nieto con los gobernadores busca abonar, desde la corresponsabilidad, un tema tan importante como las agresiones contra los comunicadores.

Uno de esos gobernadores, Quirino Ordaz Coppel, administrador de la realidad sinaloense, impuesto desde Los Pinos, sin base social ni fuerza política propia para enfrentar a los cárteles dominantes, no pudo responder las preguntas puntuales que en el auditorio del palacio de gobierno de Sinaloa, en Culiacán, le plantearon varios periodistas. ‘‘¿Cuándo se va a resolver el asesinato de Javier Valdez?, ¿dónde están sus asesinos?, ¿qué va a hacer este gobierno para darle seguridad al gremio periodístico?, ¿qué va a pasar con los maestros que por dar clases los están matando?, ¿si no se resuelve el crimen quién va a caer? Quirino Ordaz Coppel no contestó nada, solo fingió demencia.

Sería deseable que la declaración formulada por Osorio Chong, “garantizar el libre ejercicio del oficio periodístico y salvaguardar la vida de los informadores resultara cierta; sin embargo, es difícil hacerse ilusiones de obtener resultados inmediatos, toda vez que buena parte de los asesinatos de periodistas perpetrados en lo que va del presente sexenio se han saldado con impunidad para los agresores y los mecanismos oficiales de protección a informadores han resultado insuficientes e inadecuados para preservar la integridad de quienes se encuentran en peligro de muerte por reseñar los gravísimos procesos de descomposición que tienen lugar en México.

Ante la timidez de las reacciones oficiales, parece que la indignación y la solidaridad cívica y pacífica, pero enérgica, son la forma pertinente de conseguir un cambio en la contraproducente política de seguridad actual y lograr que las autoridades cumplan con las obligaciones básicas de cualquier gobierno: mantener la paz pública por medio de corporaciones civiles, perseguir y consignar a los presuntos criminales en el marco de las leyes vigentes y preservar la vida y la integridad de todos los habitantes, incluidos los periodistas.

 


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