Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

VIOLENCIA INAGOTABLE

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 08-05-17)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

La inseguridad puja con fuerza y amenaza en convertirse en el principal tema rumbo a las presidenciales de 2018. Las notas de violencia ocupan de nuevo las primeras planas. Entre la sociedad mexicana, es frecuente la impresión de que la violencia repunta y está extendida en todo el país. En el mes de abril un grupo de 15 soldados fue atacado a balazos por siete presuntos integrantes de un grupo criminal en la localidad chihuahuense de La Grulla, próxima a Mineral de Dolores, en respuesta los militares abatieron a los agresores. La violencia en Chihuahua explotó en octubre, tras la entrada del exsenador Javier Corral al Gobierno. La tasa se disparó a 64% (209 asesinatos). Casos similares han sucedido en Tamaulipas, Michoacán y Guerrero. En San José del Cabo, Baja California Sur, hubo un episodio muy semejante.

 

Señala un informe de la Secretaría de Marina, que varios de sus elementos fueron atacados por supuestos criminales que, posteriormente, se parapetaron en un domicilio particular desde donde continuaron el ataque. El saldo fue de un marino y siete presuntos delincuentes muertos. En la primera semana de mayo, balaceras entre militares y narcotraficantes dejaron al menos cinco muertos y 11 bloqueos en las calles de Reynosa, Tamaulipas. En Puebla, el robo violento y lleno de furia en una carretera de peaje, terminó con las ilusiones de una familia, dejó dos mujeres violadas y un bebé muerto. Y en el Campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, apareció el cuerpo de una mujer ajena a la casa de estudios, la capital del país, ha visto dispararse sus cifras de homicidios a niveles de hace 16 años. 

Recientemente, trágicas jornadas consecutivas de violencia se registraron en la localidad de Palmarito Tochapan, municipio de Palmar de Bravo, zona poblana llamada franja del Huachicol, donde la ordeña de ductos de Pemex y la venta de combustible robado se han convertido en prácticas extendidas en las que participan numerosos sectores de la población, carentes de medios legales de subsistencia y, como telón de fondo, son participes de una generalizada inconformidad social por precios prohibitivos de combustibles, inconformidad que en enero pasado se tradujo en intensas protestas populares en contra del llamado gasolinazo.  

Ante la presencia de mujeres y niños que habrían sido utilizados como escudo por los agresores, en la localidad señalada fallecieron cuatro militares y seis presuntos delincuentes dedicados a la extracción y venta ilegales de gasolina; resultaron lesionados cinco soldados y un policía estatal, y hubo 14 detenciones. Los uniformados decidieron no disparar, pero ocurrieron otros enfrentamientos en los cuales los soldados respondieron el fuego. Posteriormente, habitantes de la región bloquearon con barricadas y neumáticos en llamas la autopista México-Veracruz y los accesos al municipio, con la finalidad de exigir la salida del Ejército de la población. 

La extracción ilegal de combustible de las líneas de transporte es un fenómeno de larga data y que en diversos puntos del territorio nacional ha alcanzado niveles de gran escala y casi industriales. Las autoridades no hacen nada, pese a que podrían disponer de diversas herramientas para prevenir y erradicar esas actividades delictivas, fingen demencia y se abstienen de emplearse a fondo, la razón es evidente: la ordeña de los ductos no podría realizarse sin complicidades corruptas en el interior de las oficinas públicas y sin participación de corporaciones dispuestas a hacer negocios con la adquisición por debajo del precio regular de esos hidrocarburos.

Resulta ineludible señalar que el combate al robo de combustibles tendría que empezar por el combate frontal a la corrupción en diversos segmentos de la administración pública –Pemex entre ellos–, diseñar una política estricta de control del lavado de dinero, un cambio en la política económica para dignificar las condiciones de vida de diversas zonas del país y una reconsideración de las políticas energéticas en curso, las cuales propician el surgimiento del mercado negro para combustibles robados por la simple razón de que éstos han quedado fuera de la capacidad de compra de muchas personas.

 

Aplicar una estrategia fallida de seguridad que no ha provocado la disminución de la violencia y, según puede verse, después de 10 años, no ha reducido el poder de los grupos criminales que operan en el país, más que denotar la determinación gubernamental en el combate a la delincuencia organizada, los resultados son indicativos de la falta de avances en esta materia. Aunque los grandes cárteles se encuentren fragmentados y debilitados, según indican algunos reportes oficiales, las balaceras, los combates y las muertes violentas mantienen un ritmo constante, incluso creciente, siguen causando zozobra y muertes colaterales entre la población, además de las vidas que se cobran entre policías, militares y los propios delincuentes. Los soldados y marinos son el método predilecto por los Estados para combatir a los delincuentes pues tienen más entrenamiento y capacidad de fuego que las policías estatales y municipales que cobran por hacer nada.

 

En México se asesinan cada día a 72 personas en promedio. No es una percepción solo de los medios de comunicación o de algunos mexicanos. Peña Nieto ha admitido su avance. “2017 nos presentó un desafío mayor. Los índices de criminalidad en diferentes entidades federativas nuevamente empezaron a regresar a escenarios del pasado que no queremos que vuelvan”, confesó el mandatario a los 32 gobernadores del país exigiéndoles asumir “esfuerzos propios” y que hagan más en las tareas de seguridad, lo cual seguramente paso desapercibido. 

Qué vergüenza y poca progenitora, los gobernantes no han entendido que las confrontaciones armadas entre fuerzas policiales o militares y grupos criminales, son un terreno propicio para la comisión de violaciones a los derechos humanos, contribuyen al deterioro institucional, y generan en la sociedad sentimientos inevitables de desaliento y desesperanza, porque las autoridades no externan una estrategia ni un plan más allá de proseguir la persecución de una delincuencia que, a una década de distancia, parecería indestructible a ojos de muchos.

México requiere emprender un viraje en la estrategia de seguridad, restituir a las fuerzas armadas a sus cuarteles y a sus funciones constitucionales y emprender la formulación de una política de seguridad distinta, que enfrente el problema en sus raíces y no en sus expresiones y consecuencias últimas. A la sociedad mexicana no le queda ninguna duda, el Gobierno de Peña Nieto ha politizado los temas de la seguridad y la violencia que con toda seguridad se convertirán en estira y afloja rumbo a las presidenciales de 2018.

 


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