Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

CONTROVERSIAS Y OBRAS IRREGULARES

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 17-04-17)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Diversos actores políticos que pertenecen a un abanico político e ideológico que va como péndulo desde la Presidencia de la República hasta el partido Morena el de López Obrador, han hecho varias objeciones al contenido textual de la Constitución de la Ciudad de México. Muy molesto, Miguel Ángel Mancera Espinosa, gobernador de la capital del país, en su frágil y casi pasional respuesta, dice que se está en presencia de un ataque del gobierno federal, como si presentar controversias y recursos jurídicos fuese una maldad y no un derecho, defendió lo que, según él, tiene el carácter de avanzada vanguardista y pase lo que pase nadie quitará del ánimo de los capitalinos el llevar al triunfo a la tal Constitución citadina, tan vapuleada y violada antes de su prematuro nacimiento.

Los enojos y manoteos de Mancera en tiempos electorales, tienen resonancia periodística, pero no mueven a ninguna solidaridad social, pues la mencionada Constitución no es una necesidad sentida de los chilangos capitalinos, sino una maniobra oportunista que ha pretendido vestir y dotar a Mancera de un logro histórico en el contexto de las elecciones presidenciales de 2018.

Mancera sabe que de origen, ese proceso estuvo descalificado por la fórmula con la que se integró el grupo constituyente, con predominancia aritmética de representantes de los poderes gubernamentales y partidistas y un abierto rechazo a una plena visión democrática. A paso veloz de los constituyentes, entre ellos Porfirio muñoz Ledo, Alejandro Encinas y otros personajes, la redacción del magno texto se condujo entre arreglos y negociaciones partidistas, concesiones entrampadas y una vocación por la pedantería de propósitos ficticios que no tienen respaldo presupuestal, viabilidad operativa ni claridad en cuanto a competencias jurisdiccionales. El resultado está a la vista, la constitución chilanga no podrá entrar en operación sin correcciones externas.

Lo que si preocupa y trasciende en esta gran ciudad, es lo irregular de las obras que se realizan. El colapso de la obra Centro Comercial Avenida Toluca 479, en la colonia Olivar de los Padres, delegación Álvaro Obregón, con siete personas muertas y otras tantas heridas, sacó a flote los actos corruptos y las múltiples irregularidades con las que se construía, entre otras no contar con autorización en materia de impacto ambiental al inicio de los trabajos y edificar un mayor número de niveles a los permitidos.

Ahogado el niño, a tapar el pozo. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), abrió tres indagatorias por presuntas irregularidades en materia de construcción, desarrollo urbano y ambiental. Las indagatorias documentan que el centro comercial se construía en dos predios localizados sobre una orilla de la barranca Texcalatlaco, que divide las avenidas Toluca y Desierto de los Leones, en ellos, hubo explotación de minas de arena que posteriormente fueron rellenadas. La obra fue suspendida el 30 de marzo de 2016 por la delegación Álvaro Obregón, por exceder supuestamente el número de niveles a los autorizados, pero, de acuerdo a lo documentado por la PAOT, posteriormente los sellos fueron retirados sin motivo aparente.

La investigación de los hechos identificó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda emitió el dictamen de impacto urbano positivo para el proyecto, mientras la Secretaría de Medio Ambiente recibió el dictamen de daño al medio ambiente, pues la obra comenzó sin contar con la autorización de impacto ambiental, situación por la que el desarrollador fue sancionado. El registro de manifestación de construcción, necesario para iniciar los trabajos, tiene vigencia del 3 de marzo de 2015 al 3 de marzo de 2018, pero no fue hasta octubre de 2016 cuando la obra contó con el permiso de medio ambiente. Las obras las realiza la constructora Impulsora Tlaxcalteca de Industrias (ITISA), pero el desarrollo pertenece a los dueños de la papelera Lumen, que además de vender papel caro ahora son expertos en desarrollos inmobiliarios.

Como es de suponer la delegación Álvaro Obregón rechazó dar mayor información sobre la obra y su único pronunciamiento hasta el momento ha sido que entregará el expediente a la Procuraduría General de Justicia capitalina quien determinará las causas del colapso.

En la delegación Cuauhtémoc, no cantan mal las rancheras, la PAOT, solicitó a la delegación valorar la demolición de ocho pisos de una torre de departamentos ubicada en la avenida Baja California número 370, en la colonia Hipódromo, por exceder los niveles de altura permitidos, y dejar sin efecto la manifestación de construcción expedida para dicha obra irregular, denunciada por los vecinos desde hace más de un año: la violación al uso de suelo y la continuación de los trabajos de construcción, a pesar de los sellos de clausura impuestos en el predio.

En la resolución administrativa la PAOT detalló que el inmueble, que lleva construido 15 niveles, no sólo violentó el plan parcial de desarrollo urbano de la colonia, sino también las disposiciones para las áreas de conservación patrimonial. Apuntó que la obra no se apega al certificado único de zonificación del uso de suelo que fue presentado para el registro, al rebasar por 23 metros la altura permitida. Tampoco cuenta con el dictamen favorable y visto por parte de la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, del Instituto Nacional de Bellas Artes.

De la política inmobiliaria que se lleva a cabo en la delegación Benito Juárez, se dice que se basa en un programa de desarrollo urbano caduco y notoriamente obsoleto, con el que justifican todo tipo de construcciones, aduciendo con estadísticas del año 2000 que la demarcación está despoblada por lo que, se llevan a cabo múltiples desarrollos intensivos bajo esta falsa premisa.

En obras federales resalta el caso de la obra del Tren Interurbano México-Toluca, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aseveró que la denuncia de los comuneros de que existe una fuga de agua que podría indicar la ruptura de uno de los 16 manantiales localizados en el paraje La Pila es inexacta, ya que no existe fuga alguna de agua en la zona donde se construye un túnel por donde pasará el tren. Argumentan que la presencia de agua obedece a la composición del suelo, que de manera natural incluye líquido, el cual se extrae como parte del material de excavación sin que se afecte en modo alguno la producción ni el aprovechamiento de los manantiales que se ubican en microcuencas no conectadas entre sí y en cotas por encima de los túneles.

Lo absurdo de todo este lío es que la dependencia gubernamental encargada de desarrollar y supervisar el transporte ferroviario de carga y de pasajeros en México asegura categóricamente que no se ha roto ningún manantial y que durante la ejecución de los túneles no habrá afectación alguna a ellos. Pero, por su parte, comuneros de Acopilco presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque en la manifestación de impacto ambiental de la obra no se contempla la existencia de manantiales, nada afecta a los ecosistemas y la vida sigue en paz.

Ellos tienen documentado con dictámenes técnicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana que sí existen. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) acaba de expedir un documento donde dice que efectivamente en la sierra Monte de las Cruces, por donde pasará el tren, existen acuíferos.

Otro caso a la vista. En el proceso de construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, se descubrió en la cuenta pública 2015, el incumplimiento de disposiciones legales: adjudicación directa de contratos con sobrecosto, no se garantizaron las mejores condiciones de contratación para el estado, y falta de control de registro de recursos del financiamiento crediticio por mil millones de dólares.

No hay duda, las graves irregularidades permitidas en estas construcciones tanto por las autoridades estatales, delegacionales de la Ciudad de México y las Federales sea cual sea, representan un gran negocio para unos cuantos pero son de un impacto totalmente adverso para la comunidad, en términos urbanos, de convivencia e incluso de salud física, mental y económica.

Mientras la irregularidad persiste, las carreteras y las carísimas autopistas por donde se recorre el territorio nacional, siguen produciendo tragedias lamentables, no sólo por fallas humanas que también las hay, sino por la falta de atención y control al transporte de carga (dimensiones y pesos máximos) como sinónimo del declive institucional del país.

Recuerde, si toma no maneje y si maneja no tome y regrese con bien a su hogar.

 

 


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