Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

GOBERNABILIDAD ACOTADA

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 10-04-17)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Los diarios nacionales reportan un día sí y al otro también, nuevos hallazgos de fosas clandestinas principalmente en los estados de Morelos, Guerrero y Veracruz, aumentando con ello, los índices de terror y angustia en esas entidades. El hallazgo de fosas clandestinas ha ido de la mano con el fenómeno de la desaparición de más de 26 mil personas, que bajo el velo de personas no localizadas, ha venido a ocultar la red de complicidades entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad.

En Morelos, donde mal gobierna Graco Ramírez, se trata de la fosa común de Jojutla, en el cementerio municipal Pedro Amaro, donde hasta el 27 de marzo se habían encontrado 45 cuerpos, la mayoría de ellos sin expedientes ni necropsias y varios totalmente vestidos y con pies y manos atadas. En la fosa de Tetelcingo, donde el año pasado se exhumaron 117 cuerpos, se trata de fosas comunes gubernamentales, que al parecer han sido usadas para deshacerse de víctimas del crimen organizado. En Guerrero, finalizaron las excavaciones en 20 fosas clandestinas, localizadas en el cerro Tenanchitla, municipio de Zitlala, en la zona centro del estado. 

Las irregularidades de las inhumaciones y las condiciones en las que los cuerpos fueron encontrados hacen difícil diferenciar las fosas comunes gubernamentales de las fosas clandestinas del narco. En cualquier otro país democrático, menos en el nuestro, estas exhumaciones habrían dado pie a investigar la cadena de mando y realizar destituciones al más alto nivel. Pero ¡oh sorpresa¡ la impunidad se impone a la gobernalidad. 

En el estado de Veracruz donde dice Miguel Ángel Yunes Linares que gobierna, en el predio Colinas de Santa Fe, el colectivo El Solecito, formado por familiares de desaparecidos, encontró 250 restos humanos en 120 fosas clandestinas. Ambos procesos de exhumación continúan y es muy probable que los números sigan aumentando. El país ante los ojos del mundo, parece estarse convirtiendo en un gran cementerio clandestino, sin que a la fecha se finquen responsabilidades ni se logren identificar la mayoría de los cuerpos encontrados.

Este contexto de graves violaciones a los derechos humanos, plantea nuevos retos para quienes investigan desde las ciencias sociales y otras disciplinas afines temas relacionados con el acceso a la justicia. Estamos ante un periodo de emergencia nacional que muchos científicos prefieren ignorar. Sin embargo, integrantes de una generación joven de arqueólogos y antropólogos físicos especializados en culturas mesoamericanas han decidido convertirse en investigadores forenses para acompañar a los familiares en sus búsquedas.

Antropólogas jurídicas y sociales que trabajan temas relacionados con el pluralismo legal o los derechos indígenas, están incursionando en nuevos campos disciplinarios que los acercan a lo que el antropólogo español Francisco Ferrándiz ha llamado la etnografía a pie de fosa. 

El Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF), con mucho compromiso, poco presupuesto y el apoyo institucional del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), ha recorrido los estados de Veracruz, Coahuila, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Morelos y Nuevo León, dando capacitación y asesoría técnica y legal a colectivos de familiares de personas desaparecidas en temas de búsqueda y exhumación de restos humanos. El Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), formado mayoritariamente por mujeres jóvenes, ha realizado peritajes independientes para organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos.

El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana ha creado una base de datos con un poco más de 3 mil registros de casos de fosas desde 2007 a 2014. A esta información se le agregaron variables geográficas y sociodemográficas que la organización Data Cívica ha sistematizado, creando así un modelo estadístico diseñado por Human Rights Data Analysis Group, que permite predecir en qué municipios es posible encontrar fosas clandestinas, lo cual podría apoyar en la búsqueda de desaparecidos y a la vez dar elementos para ubicar las regiones de mayor vulnerabilidad y trabajar en la prevención.

Todos estos esfuerzos de poner la investigación científica al servicio de la sociedad civil que busca justicia, se realizan con el apoyo público cada vez más reducido a la ciencia, la tecnología y la educación en el país. Mientras se crean estos espacios para producir ciencia con conciencia, el presupuesto nacional dedicado a ciencia y tecnología se redujo este año en 7 mil millones de pesos, es decir, en 23.3 por ciento en comparación con el año anterior, por ello, los nuevos retos de investigación se están enfrentando a partir de las alianzas de los y las investigadoras con los familiares de los desaparecidos.

Sin dinero para trabajo de campo, para la creación de laboratorios o la compra de equipo técnico, los jóvenes investigadores tienen que utilizar sus mermados salarios para responder a esta emergencia nacional. Que poca madre, ¿Hasta cuándo la investigación y la educación van a ser priorizadas para enfrentar las múltiples violencias que se viven en nuestro país?

Si los recursos fueran aplicados a coartar los nexos entre funcionarios y grupos delincuentes, entonces tenemos que destacar la captura ocurrida en San Diego, California, de quien fuera fiscal general del estado de Nayarit, el pillo Édgar Veytia Cambero, por su posible participación en tráfico de drogas, su captura es un signo alarmante y exasperante de la descomposición de varios gobiernos estatales, de su proclividad a involucrarse en actividades de delincuencia organizada y del vacío institucional que permite a los ejecutivos locales comportarse impunemente al margen de toda legalidad. Veytia es señalado en México como lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que en los últimos años ha disputado territorio al Cártel de Sinaloa en la costa del Pacífico estadunidense.

Ante la detención de Veytia ninguna autoridad nacional puede llamarse a sorpresa, habida cuenta de la fama pública que como perpetrador de toda suerte de atropellos y arbitrariedades, y como cómplice de grupos delictivos que operan en Nayarit gozaba el ahora exfuncionario. La ausencia de denuncias formales en su contra se explica por el terror que el fiscal suscitaba en la población del estado; su impunidad creció al amparo del empecinado respaldo que le prodigó en todo momento el gobernador saliente, Roberto Sandoval, quien llegó a referirse a Veytia como el mejor funcionario del año y, como el hombre que había devuelto la paz y la seguridad a la entidad tras una oleada de violencia criminal registrada en los peores momentos de la absurda y mortífera guerra impuesta por Felipe Calderón Hinojoza en todo el país.

Otros ejemplos lamentables de lo que no puede llamarse sino ruptura del estado de derecho en diversas entidades es la situación de César Duarte Jáquez y Javier Duarte de Ochoa, ex gobernadores de Chihuahua y Veracruz, respectivamente, ambos acusados por actos de corrupción y prófugos de la justicia que dejaron a sus estados en una grave crisis financiera. Un ejemplo más de la descomposición imperante en las esferas políticas es el desfiguro perpetrado por la bancada priísta de la Cámara de Diputados que con todo descaro cobijó durante un buen rato a Antonio Tarín, ex director de adquisiciones de Duarte Jáquez. Tarín contaba con una orden de aprehensión por presunto desvío de 300 millones de pesos y pretendió tomar posesión de la curul dejada por Carlos Hermosillo, quien falleció en un accidente. Como suplente del legislador difunto, Tarín buscaba asegurar su impunidad mediante la toma de protesta como diputado federal, lo que le otorgaría fuero, pero resulta asombroso, por decir lo menos, que la fracción priísta en San Lázaro lo haya ayudado a evadir la acción de la justicia cobijándolo en el recinto legislativo –al que, por ser un edificio federal, no tiene acceso la policía chihuahuense– en tanto el ex colaborador de Duarte Jáquez obtenía un amparo.

Por añadidura a todo este desmadre, el juez Anuar González Hemadi (juzgado tercero de distrito, en Veracruz) fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal tras el escándalo desatado por la decisión del magistrado de otorgar un amparo a Diego Cruz, uno de los integrantes del grupo conocido como Los Porkys de Costa de Oro, acusados por las agresiones sexuales a una menor en enero de 2015. En su fallo, el juez González Hemadi sostiene, tras reconocer que la joven fue sujeta a tocamientos y roces por parte de Cruz, que la acusación de abuso no se sostiene porque no hubo el elemento intencional de satisfacer un deseo sexual. De nuevo, que poca madre.

Por desgracia, episodios como los referidos no son por excepción en la vida institucional de los estados ni en la de la Federación y refieren los graves quebrantos al estado de derecho cometidos por autoridades de los tres poderes. No sorprende que en tales circunstancias la gobernabilidad del país se encuentre cada vez más acotada, a pesar de que el discurso demagógico nos diga todo lo contrario. 

 

 


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