Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

IMPUNIDAD Y BENEFICIOS PRESIDENCIALES

Por Alejandro Díaz Camacho (LD  10-10-16)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

    

En el estado de México, se vislumbra el fatídico año de Hidalgo, le acompaña la deleznable impunidad del crimen organizado que abate totalmente a México y que apareció una vez más en voz de la española Beatriz Becerra Basterrechea, vicepresidenta de la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo. La suya es una más de las reacciones de coraje y vomito biliar ante los secuestros y crímenes que como historias de terror se multiplican cotidianamente y sin remedio en nuestro país: hace unos días, María Villar Galaz también hispana, salió de su centro de trabajo en Santa Fe, abordó un taxi con rumbo a su domicilio, en la colonia Polanco, Ciudad de México y que creen, fue secuestrada y, aunque se pagó rescate la asesinaron, su cuerpo fue encontrado en los alrededores de Toluca. María era sobrina de Ángel María Villar, actual presidente de la Federación Española de Futbol y, hasta hace unos días, presidente de la Unión de Federaciones Europeas de Futbol (UEFA). Por eso el asunto se puso de la patada. 

Pocos días después, Adriana Rosique esposa de León Serment, director de la película El efecto tequila, apareció muerta en la Ciudad de México, las averiguaciones previas, aseguraban que se trataba de un presunto suicidio motivado por el asesinato del cineasta ocurrido el pasado 27 de agosto en una lateral del Periférico y cruce con Barranca del Muerto, luego de haberla acompañado a que abordara un Uber. La versión decía que Serment y su hijo Benjamín, de 22 años, fueron golpeados por asaltantes aparentemente encabronados porque sus víctimas no llevaban pertenencias de valor. Adriana, cumplió con las diligencias acostumbradas en los laberintos policiales, forenses y ministeriales en búsqueda de que las autoridades habrían de cumplir con su cometido e indagarían las circunstancias del asesinato de León Serment y los golpes a su hijo, y que habría castigo. Qué bueno que no alcanzó a ver el desenlace final, su propio hijo y su novia, fueron los actores intelectuales de ambos crímenes, los actores materiales andan prófugos y el caso archivado.

Comento ambos casos porque confirman que tanto en el estado de México como en la capital del país, la percepción de relativa mejoría en los niveles de seguridad pública ha decaído brutalmente y, con fundadas razones los ciudadanos vivimos atemorizados ante un alarmante crecimiento en los casos de secuestro y, en especial, de homicidios contra mujeres. En la región, ha crecido la sensación de que una buena parte de los cuerpos policíacos está inmersa en un plano de gran desatención de sus obligaciones o en pleno entendimiento con los delincuentes y esto se debe a que regresaron las historias de secuestros exprés, robos domiciliarios violentos, asaltos a plena luz del día y en lugares concurridos.

Entre enero y agosto, la entidad gobernada por Eruviel Ávila, sumó 170 homicidios violentos de mujeres y 54 feminicidios; en Naucalpan y en el mismo lapso de tiempo, se cometieron 13 homicidios violentos de niñas y mujeres y cuatro feminicidios. En la capital de México, datos de la organización Semáforo Delictivo indican que en los primeros seis meses de este año, se registraron 447 homicidios intencionales, el mayor número de homicidios dolosos en los últimos 18 años. La idea de que la ciudad se ha mantenido como un lugar libre del crimen ha comenzado a desvanecerse.

En ambos territorios, los mayores afanes están puestos en el futurismo electoral y no en atender el presente cada vez más complicado, sus gobernantes, Eruviel Ávila y Miguel Ángel Mancera, hacen hasta lo imposible por ocultar o diluir esa realidad, sobre todo en función de los intereses relacionados con las elecciones estatales del año que entra, y las presidenciales de 2018.

Tampoco ha de desdeñarse el hecho de que en la etapa de máxima corrupción, conocida como el año de Hidalgo (Pendejo el que deje algo) los cuerpos de recaudación extraoficial de fondos para campañas suelen presionar a policías, inspectores y funcionarios en general para que consigan recursos económicos que ayuden a los jefes en sus siguientes campañas electorales. Esa recolección de dinero no fiscalizable pone a trabajar, hombro con hombro, a policías y ladrones, agentes y asesinos, para cubrir las cuotas que les garanticen el futuro prominente.

Sin violencia sanguínea, algo parecido ocurre, con el beneficio que tienen los ex presidentes de la República de retirarse con cuantiosos seguros de vida. Este beneficio que sangra anualmente y sin violencia al erario, ha permitido a la señora Paloma Cordero, viuda de Miguel de la Madrid, y a los beneficiarios designados en vida por él, cobrar 22 millones 153 mil pesos por concepto de pago de seguro potenciado. Alexandra Acimovic Popovic, mejor conocida como Sasha Montenegro es otra viuda privilegiada con el cobro de un seguro de vida a favor de otro ex presidente José López Portillo. Ambas viudas, están protegidas con un seguro de vida institucional, por lo que una vez que fallezcan, sus hijos y cualquier otro beneficiario designado por ellas cobrarán 17 millones 722 mil pesos por concepto de seguro.

Los testimonios constan en documentos contractuales firmados por Grupo Nacional Provincial (GNP) y la aseguradora Metlife con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Recientemente, el diario “La Jornada” publicó que los cinco ex presidentes de la República que aún están vivos (Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Luis Echeverría) gozan de cuantiosos seguros de vida y de invalidez a costa del erario, si alguno fallece sus familiares o beneficiarios recibirán entre 22 y 35 millones de pesos. Todo esto se supo gracias a que el doctor en derecho Jesús Alberto Rojas Guerrero, quien preside la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado, obtuvo a través del juicio 308/2016, iniciado en el juzgado tercero de distrito en materia civil de la Ciudad de México, copias certificadas de los contratos firmados entre la Secretaría de Hacienda y ambas empresas de seguros, donde constan los privilegios para los ex presidentes, sus esposas y familiares.

Al respecto, en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda de la Cámara de Diputados están pendientes desde hace un año dos distintas iniciativas de las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC) y Morena para eliminar las pensiones vitalicias y los gastos de seguro médico de los ex presidentes de la República, y una del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que pretende regularlas y reducir sus montos. De acuerdo con esos partidos, el pago de personal de seguridad, asesoría, ayudantía y pensión vitalicia representan un gasto de 60 millones de pesos al mes. Son beneficios injustos e ilegales, porque no tienen fundamento en la Constitución y son parte de una dinámica de privilegios y fuente de derroche de recursos públicos dice la diputada Verónica Delgadillo del Movimiento Ciudadano.

A todo esto y con su gratificación millonaria en la bolsa, creerá el señor Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI, que acercándose cada vez más el año de Hidalgo, será posible dejar algo y ajustar los salarios de los altos funcionarios, el seguro de separación individualizada, los gastos de representación y las millonarias pensiones de los ex presidentes, o será más de lo mismo. Como dicen en el pokar, pago por ver.

 

 


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