Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

ESPINOSOS ASUNTOS

Por Alejandro Díaz Camacho (LD  30-05-16)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

   

Seguramente que al escribir esta narrativa, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha estado a la vanguardia de muy importantes cambios, le ocupan una multiplicidad de paradigmas que impactan tanto en los derechos civiles y sociales como en las formas en que se puedan diseñar ciertas políticas públicas. En toda esta vorágine, destacan en el escritorio de los magistrados y legisladores en turno, dos asuntos bastante espinosos referidos a iniciativas del Ejecutivo Federal: el primero alude a la iniciativa de ley que Peña Nieto ha presentado con significativa rapidez, conforme a las tendencias instruidas por Estados Unidos, para aumentar el gramaje consumible de marihuana y su uso lúdico beneficiándose con esas nuevas mediciones a sentenciados y favorecer así la comercialización de productos hechos a partir de la histórica hierba santa.

El segundo tema tal vez más escabroso que el anterior, aparece después de que el pasado 17 de mayo, el Ejecutivo presentó una propuesta de reforma al párrafo primero del artículo 4 de la Constitución, con el supuesto fin de “abrir espacios de respeto a la dignidad y de reconocimiento a los derechos de todos los mexicanos” asimila de un solo golpe las históricas discusiones sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y constituye amén de una sorpresa mayúscula, un duro golpe a instituciones torales como la iglesia católica y otros credos, y a las convicciones más sentidas de la sociedad..

Con respecto al primer tema, tenemos que considerar que la SCJN es quien por ahora pone en la agenda pública el asunto acerca de permitir el uso recreativo de la hierba que te lleva al éxtasis y tal vez a un mundo raro, pero, aún falta un largo camino que tiene que ser razonado y debatido con seriedad acerca de cómo permitir ese uso, lo cual impactará inevitablemente sobre las políticas públicas de seguridad y salud que por el momento no regulan nada acerca de la producción, venta, distribución y suministro controlado del cannabis.

Recordemos que este espinoso asunto llegó a la SCJN luego de que un grupo de cuatro personas solicitó amparos para que se permitiera su cultivo y uso personal, esto partiendo del argumento de que al ser personas adultas tenían derecho a consumir sin restricción cualquier sustancia según sus preferencias, para lo cual el Estado no debería de infringir tal libertad de preferencias y consumo de la marihuana en su uso personal. Hasta ahora, la SCJN declaró validos tales amparos para su consumo solo a esas cuatro personas, pero no para el resto de los mexicanos. Ahora la cuestión sobre su legalización con todo y su complejidad pasará al terreno político, en donde hay que tener en cuenta que los asuntos en este terreno de discusión se comportan como un péndulo que oscila entre aquellos otros asuntos que son considerados como públicos o privados.

Si revisamos la evidencia histórica, las sociedades al ser plurales y heterogéneas están, al menos en el terreno político, en una pugna constante por politizar o despolitizar asuntos. Hay cuestiones que los miembros de una comunidad consideran que deben ser privadas y por tanto no penalizadas o sancionadas, mientras que otros grupos consideran que ciertos aspectos deben ser un asunto público, y por lo tanto son sujetos de alguna regulación vinculante. En el caso de la legalización del cannabis, es claro que la postura de despenalización, al igual que otras drogas como el alcohol o el tabaco, sustenta que el consumo no debe ser penalizado, es decir, consumir es un asunto privado que depende de la libertad individual de quienes toman o no la decisión de tal consumo.

En tal sentido, la parte que promueve tal legalización y el consumo privado exige que el asunto deje de ser sancionado de manera penal por la autoridad del Estado mexicano, ya que el Estado no debe meterse en las decisiones privadas de las personas respecto a lo que consumen o no. En síntesis el debate de fondo es despolitizar el consumo privado de la marihuana, o que este siga siendo sujeto de regulación política, es decir de control y penalización estatal.

Entonces las instituciones o reglas del juego que se apliquen acerca de su uso, consumo y producción van a ser de forma ineludible muy importantes para tener unos u otros resultados en materia de seguridad y salud pública. Es decir, impactarán de forma directa sobre el diseño e implementación de políticas públicas sectoriales que en términos generales definan o no la postura que el Gobierno debe tomar acerca de la regulación de un foco o área de conflicto que implique una tensión social en la comunidad.

En este orden de ideas, el asunto del consumo de cualquier droga, no solo del cannabis, puede considerarse desde dos ópticas muy distintas. Como un problema de seguridad, que debe ser sancionado, y en este caso tendríamos políticas de coerción y sanción que ataquen solo los “síntomas” de una problemática social. O considerarlo como un problema de salud pública y entonces se debe diseñar una política que ataque la “raíz” de tal situación de adicción a estas drogas. En ambos casos, el Estado gasta millones de pesos de los contribuyentes hacia uno u otro lado con resultados corruptos y totalmente nulos.

En razón de lo anterior, parece que las políticas de coerción, sanción y de uso de la violencia “legítima” estatal para penalizar todo tipo de drogas “ilegales” no son de lo más eficientes, como prueba tangible, persiste la violencia de cárteles de la droga en nuestro país y a pesar de cazar a ciertos líderes de tales organizaciones criminales, otros líderes surgen al disgregarse sus líneas de mando, y a fin de cuentas el problema de la violencia crece y no disminuye, además de que continúa con el visto bueno y corrupto de las autoridades el flujo de droga que pasa por el país y la que se consume en México.  

Que la violencia baje y no se consuma droga, es la situación deseable a la que se buscaría llegar a través de una política efectiva de penalización, lo cual es un supuesto utópico por decir lo menos, pues el mercado en Estados Unidos está asegurado, 23 Estados de ese país, han autorizado el cannabis para uso medicinal y cuatro para el consumo recreativo y en México la violencia asociada al narcotráfico ha dejado más de 80.000 muertos y 25.000 desaparecidos desde 2006, más los que se acumulen en el presente gobierno. En contra parte, si se le considera como un problema de salud pública entonces el panorama cambia, pues entonces el adicto no sería un sujeto criminal en tal cadena de penalización, sino un paciente que como tal, tendría derecho de ser tratado por el sistema de salud. A ver qué carajos sucede. 

Respecto al segundo tema, mientras crece el rechazo de la cúpula católica a la iniciativa inexplicable de Peña Nieto de imponer como derecho constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo, diferentes grupos y organizaciones de la sociedad agrupados en el Frente Nacional por la Familia, irrumpieron en cuanto espacio público les fue posible para evidenciar su repudio a la pretensión presidencial. Discuten que habiendo tantos problemas que tienen de rodillas al país, la clase política no se atreva a legislar las reformas que exige la sociedad civil respecto a: narcotráfico y la violencia que genera; la inseguridad; la desigualdad social, y la corrupción, no es posible que el Gobierno de la República ponga como prioridad legislar sobre falsos derechos, que no se sostienen desde una base antropológica, y que minan los valores sociales y familiares sobre los que tradicionalmente se ha asentado la sociedad mexicana.  

Norberto Rivera, el Cardenal católico, dice que lo primero que se debe reconocer es que la fe cristiana en la cultura occidental ha dado lugar al concepto de persona, su dignidad y su respeto. Por lo mismo, la Iglesia es la primera en defender todo lo que atañe a su dignidad y sus derechos. “Los católicos –como afirmó la Conferencia del Episcopado Mexicano–, valoramos todas las propuestas y acciones que promuevan el reconocimiento y protección de los derechos de todos y el deber que cada persona tiene de respetar la dignidad de los demás”. Sin embargo, las reformas anunciadas van mucho más allá de este loable fin y plantean un gran equívoco. 

Afirman que la opinión de la Iglesia, no pretende imponer sus dogmas a una sociedad cada vez más plural, sino expresar sus convicciones y preocupaciones en relación con la convivencia humana, y con la ética y moralidad de nuestras instituciones y sus leyes, por tanto, no es posible que a la Iglesia se le sustraiga de un debate que afecta no sólo a sus fieles –en este caso la mayoría de los mexicanos–, sino al futuro de la sociedad y a su sano desarrollo. Les causa preocupación que el titular del Ejecutivo haya instruido a la Secretaría de Educación Pública para que introduzca en la educación de los niños la perversa ideología de género, que deforma los valores fundamentales que han dado forma a la familia y a la sociedad mexicana. Pero provoca un mayor asombro la instrucción a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que con recursos públicos, México forme parte del Grupo Núcleo sobre las Personas Homosexuales, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, o Intersexuales de la ONU, y desde ese foro, promueva sus falsos derechos a escala internacional.  

Una pregunta se hace inevitable: ¿verdaderamente estas iniciativas son para beneficio de los mexicanos? O son un argumento más para distraernos y eludir el respeto de los derechos humanos consignados en nuestra ley fundamental. Ambos asuntos son tan espinosos que deberán tratarse con pinzas ¿No cree Usted?  



 


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