Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

NARRATIVA DE UN CASO CERRADO

Por Alejandro Díaz Camacho (LD  02-05-16)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

   

Por decisión del gobierno mexicano, termina el periodo de trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que fue creado en medio de una de las más importantes irrupciones sociales en la historia reciente. La fuerza de millones de mexicanos que protestaron a escalas nacional e internacional en favor de los estudiantes de Ayotzinapa y contra el mal gobierno obligó a las autoridades a abrir las puertas a una vigilancia externa.

De hecho, el Acuerdo Técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el gobierno mexicano y los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, no fue firmado por el Presidente de la República, o siquiera por algún integrante de su gabinete, sino por funcionarios menores. Peña Nieto confió y compró la idea de que los pagos que daría su gobierno para cubrir los gastos del grupo de expertos, asegurarían que los investigadores tuvieran un comportamiento estrictamente institucional. Esta estrategia de contención suave se combinó desde el primer momento con el recrudecimiento de las tácticas más represivas del régimen.

A pesar de que desde el principio el gobierno hizo todo lo posible por recortar y minimizar el trabajo de los expertos, éstos iniciaron su tarea en marzo del año pasado, cuatro meses después de que la Procuraduría General de la república (PGR), encabezada entonces por Jesús Murillo Karam, presentara una macabra versión de los hechos: “los normalistas habían sido ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula, y sus restos, triturados, colocados en bolsas de plástico y arrojados al aledaño río San Juan”. Tal versión fue elevada en enero de 2015 a rango de verdad histórica, pese a sus múltiples inconsistencias y contradicciones y a las críticas de que fue objeto por especialistas y organizaciones de derechos humanos.

En un primer informe, presentado en septiembre del año pasado, el GIEI no sólo descartó la factibilidad de esa historia, sino señaló múltiples fallas en la investigación oficial, incoherencias, ocultamiento de pruebas y otros vicios de la pesquisa de la PGR, recomendaron transformar los procedimientos de trabajo de esa dependencia, propuso líneas de investigación que hasta entonces no habían sido consideradas, como el seguimiento que el centro de comunicaciones regional –en el que participaban además del Ejercito, las policías municipal, estatal y Federal– hizo desde que los estudiantes salieron de Ayotzinapa y durante el curso de la agresión y la existencia de un quinto autobús presumiblemente cargado con heroína camuflada en su interior.

Según los expertos, el vehículo presentado por las autoridades en las indagatorias no es el mismo que salió de la central camionera de Iguala, y el conductor aparentemente fue sustituido (sembrado) con la finalidad de alterar los hechos. El GIEI señaló, asimismo, los datos que indican que los presuntos agresores fueron, en su mayoría, sometidos a apremios físicos después de su captura –como se desprende del expediente mismo– y desvirtuó de manera rotunda –en contenido y en procedimiento– el tercer peritaje sobre fuego en el basurero, realizado a espaldas del propio grupo de expertos por peritos que firmaron una cláusula de confidencialidad a perpetuidad y cuyos métodos de trabajo permanecen en completa opacidad.

En los meses siguientes la PGR se mostró reacia a seguir las recomendaciones de los expertos independientes, omitió líneas de investigación fundamentales, como la de los registros de telefonía de los muchachos desaparecidos y de sus presuntos verdugos, y se negó a analizar la participación de agentes de la Policía Federal en la agresión, pese a que no sólo estuvo al tanto de ella, sino que realizó bloqueos viales en el perímetro de los ataques.

En su informe Ayotzinapa II, el GIEI volvió a hacer trizas esa verdad histórica  y exhibió además al jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, tipejo que ahora es investigado por ser pieza clave en los intentos por desviar el caso hacia una quinta versión que no está sustentada en el expediente oficial. Tomás Zerón, se presentó el 28 de octubre de 2014, en el río San Juan, acompañado del subdirector de servicios periciales y el presunto auto inculpado, Agustín García Reyes, El Chereje. Según el informe médico realizado 11 horas antes, el detenido tenía 30 lesiones externas, hematomas, excoriaciones y costras hemáticas, a pesar de que la detención fue pacífica, y un primer informe médico de la Marina, horas antes de ese segundo informe, no revela lesiones.

La conclusión del trabajo del grupo de expertos se produce en un ambiente de descalificación gubernamental disfrazada de obstrucción absoluta a las indagaciones en puntos claves, como el militar, y de una dilución irreversible de la narrativa oficial que pretendió a través del discurso demagógico dar por concluido el caso. La batalla esencial que libraron el GIEI y el gobierno de Enrique Peña Nieto se dio en el terreno de la simulación institucional mexicana y la estructural impunidad mafiosa que se pertrecha tras laberintos burocráticos y manipulaciones procesales que pervierten los fines y el funcionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia e impiden llegar al fondo de los asuntos.

El saldo para el bando oficial es negativo. Miguel Ángel Osorio Chong fluctuó entre algunas declaraciones amables hacia el trabajo del GIEI y el impulso de tretas de torpedeo contra esos expertos, sobre todo en materia de guerra sucia mediática. Arely Gómez fue la policía buena, que puso cara amable y cumplió el rol de esforzarse en abrir puertas y expedientes, aunque al final actuó tramposamente al dar a conocer de manera unilateral el más reciente reporte pericial sobre el incendio en el basurero de Cocula.

Mención aparte merece el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien dos días antes de la firma del convenio con la CIDH, el lunes 10 de noviembre de 2014, hizo pronunciamientos públicos inéditos en respuesta a las descalificaciones sociales cada vez más fuertes en contra del Presidente como del Ejército Mexicano. Señaló que ante los juicios injustos y erróneos de parte de la sociedad, “el desarrollo y el progreso de la nación están en juego”. Valiéndose de una argumentación simplista, al postular que los soldados mexicanos no pueden someterse al interrogatorio de extranjeros, fue tajante en su oposición a que los expertos independientes sostuvieran alguna forma de diálogo sin restricciones con los militares que estuvieron en diversos momentos de aquella fecha trágica.

Peña Nieto se queda, naturalmente, con la asignación de la máxima responsabilidad histórica en este episodio que, con todas las culpas y desviaciones que Los Pinos quiera atribuir al GIEI, buscaba coadyuvar al cumplimiento de una obligación concreta del Estado mexicano, llegar a la verdad real de lo sucedido en Iguala, encontrar a los desaparecidos si aún están vivos, y hacer justicia.

Si bien el gobierno no ha descalificado frontalmente el trabajo de los expertos internacionales, si persiste la determinación de defender, sin argumentos de peso, la verdad histórica ofrecida por Murillo Karam hace más de un año. La terminación de la tarea encomendada al GIEI deja, ante extravíos, mentiras, carencias y omisiones de la versión oficial, un tremendo vacío en la justicia nacional y coloca a las autoridades del país en una situación por demás comprometida, nos queda a todos la idea de que faltó y seguirá faltando voluntad política para llegar a fondo en el esclarecimiento real de los móviles, la ubicación de los 43 desaparecidos, las responsabilidades y las complicidades de la barbarie ocurrida esa noche de septiembre en Iguala.

El GIEI volvió a manifestar la certeza de que en los ataques contra los normalistas, hubo una coordinación operativa central, con una estructura de mando (C4) que integró a elementos uniformados y de civil (OBI/inteligencia) del 27 batallón de infantería del Ejército; las policías Federal, federal ministerial, estatal y ministerial de Guerrero, así como las municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, que actuaron en complicidad y/o colusión con presuntos miembros del grupo delincuencial Guerreros unidos. Según el informe, a partir de la declaración de un soldado identificado como RALA, el C-4 estaría integrado por militares encubiertos, que aportan información de lo que acontece en las calles, quienes en el momento en que ocurrieron los hechos habían sido nombrados por el comandante del 27 batallón, coronel José Rodríguez Pérez.

El informe destaca la negativa de la Sedena de brindar ningún tipo de información al GIEI que señala que en 12 ocasiones solicitó por conducto de la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación tener la posibilidad de entrevistar a personal del 27 batallón del Ejército en Iguala por considerarlos testigos claves; conocer las bitácoras, documentos, registros de planes de acción o información realizados por la Sedena; reportes escritos y grabaciones del C-4; reglamentos de zona y régimen militar, así como órdenes de operaciones y el Manual de procesos de campaña; los convenios entre las diversas policías municipales, federales y el Ejército respecto del sistema de seguridad, así como los informes de los Grupos de información de zona y de tropas especiales del 27 batallón. El general Cienfuegos, dijo públicamente que el GIEI no tenía competencia para realizar dichas entrevistas.

Prácticamente sin encontrar culpables se cierra el capítulo de la peculiar participación de investigadores externos que intentaron sumar sus experiencias y capacidades al esclarecimiento de lo sucedido en Iguala, así, se cerró una supuesta verdad histórica, que se transformó en mediática, técnica y pericialmente desacreditada. Los expertos se fueron, no se dejaron comprar por las dádivas gubernamentales, su conclusión desnuda con profesionalismo e independencia las mentiras del gobierno sexenal en funciones y de su principal encargado Enrique Peña Nieto, transparenta la traición a la verdad, a la justicia, al pueblo de México y particularmente al de Ayotzinapa.

Con expertos o sin ellos, ese Estado, ese gobierno y ese encargado están en una falta histórica, cada vez más evidente. ¿No lo cree así usted?

 

 


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