Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

¿NO SE SUPONE QUE ELLOS SON LOS BUENOS?

Por Alejandro Díaz Camacho (LD  25-04-16)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

   

Me encuentro en Tijuana donde las redes sociales de esta ciudad fronteriza, empezaron a circular tardíamente un video editado el pasado 14 de abril, en él, una jovencita de alrededor de 30 años, con una bolsa de plástico en la cabeza, sentada descalza en un piso de tierra, es interrogada, sometida y torturada por tres policías federales y elementos del ejército mexicano. Una mujer militar corta cartucho en la cabeza de la joven y sin disparar le cuestiona “¿ya te acordaste o quieres más?”….

La indignación de la sociedad fue inmediata, las increíbles y terribles imágenes pusieron en evidencia el carácter de los nefastos estados penales contemporáneos a los que estamos sujetos. Se trata de una prueba más de cómo las nuevas guerras contra el terrorismo y el crimen organizado aplican cotidianamente la cátedra del terror que pasa por sobre cualquier legislación contra la tortura, la cual desafortunadamente ocurre desde el momento de la detención hasta la puesta a disposición de la justicia con fines de castigo e investigación.

Desde luego que esto no es una invención nuestra, lo dicen los organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las propias Naciones Unidas, que mediante sus informes han documentado lo que Amnistía Internacional ha llamado la epidemia de la tortura en México. En el informe de Juan E. Méndez, el relator especial sobre la Tortura de la ONU, presentado el 29 de diciembre de 2014, se planteó que la tortura era un problema generalizado en México, y documentó que sólo entre diciembre de 2012 y julio de 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos había recibido mil 148 quejas por violaciones atribuibles sólo a las fuerzas armadas, las cuales, por instrucciones de su jefe superior, no han emitido ninguna respuesta.

Se dice que la reforma penal de 2008, tan aplaudida por la creación de los juicios orales y la simplificación del proceso judicial, también legitimó un régimen de excepción constitucional en nombre de la seguridad. En su momento, muchos especialistas apuntaron el carácter violatorio de los derechos humanos de esta reforma, que a la vez que crea un régimen especial para la delincuencia organizada priva a los imputados de muchas de sus garantías individuales y tiene una definición bastante laxa de lo que se entiende por delincuencia organizada. Quien sea acusado de participar en actos de delincuencia organizada puede ser objeto de prisión preventiva antes de la investigación y puede estar encarcelado hasta 80 días sin acusación formal en centros de reclusión alejados de sus familias y abogados; inclusive se le puede ocultar la identidad de sus acusadores, en cárceles mexicanas hay muchos casos de estos.

Especialistas en estudios de violencia contemporánea, como Pilar Calveiro y Rita Laura Segato, señalan que en México, estamos en una nueva etapa de la informalidad de la guerra, donde todos los códigos éticos se rompen en nombre de la seguridad nacional y se flexibiliza el derecho. Los estados de excepción crean cuerpos indefensos, desechables y torturables, que generalmente son cuerpos morenos, desnutridos y pobres, que los medios de comunicación muchas veces construyen como víctimas culpables.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dice en su informe que entre 2006 y abril de 2015, recibió 11 mil 608 quejas por torturas y malos tratos, que 57.2 por ciento de los presos en cárceles federales dicen haber sido golpeados en su detención y que al menos se han presentado más de 10 mil quejas por abusos de autoridades penitenciarias, de las cuales sólo 3 mil se han investigado.

Ante este panorama tan gris y contaminado, es comprensible que el gobierno de Enrique Peña Nieto y su gabinete de seguridad y justicia no se sienta preparado y seguro para recibir otra visita del relator de la ONU contra la tortura, como señaló en días pasados el subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo.

Ponerle nombre y apellido a estos números nos acerca a la dimensión real del terror de la tortura en los cuerpos y mentes de quienes la sufren. Las historias son múltiples y dolorosas, las palabras de la víctima en el video, llenas de terror y angustia lo dicen todo y dan cuenta de la macabra estructura logística e institucional que existe detrás de estas prácticas de tortura: “Después supe que me tenían detenida en una casa de seguridad de la policía antisecuestros”. Escuché a un hombre decir: “Mátala, ya sabe mucho, nos echará a perder todo”, sentí cómo él venía hacia mí, creí que había llegado la hora; no sentí miedo por mí, sino por mis hijos.

Saber que me iban a matar era un descanso muy bueno, ya no aguantaba las torturas. A mi marido, no dejaban de torturarlo, reconocía su voz de lejos, le dijeron que tenía que firmar su declaración. En ese momento me di cuenta que ellos eran policías. Tuve miedo y me pregunté:

¿Acaso no se supone que ellos son los buenos?”

 


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