Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

BLINDAJE GUBERNAMENTAL

Por Alejandro Díaz Camacho (LD  04-04-16)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

   

Como si México fuera un país en estado de guerra y ante una serie de hechos ocurridos en días pasados, en el Congreso se está calentando la aprobación inédita de una nueva ley debidamente consensuada que permite al Presidente de la República declarar un estado de excepción para suspender las garantías individuales y los derechos universales. Tal desvergüenza se debe a que el estado de crispación nerviosa del residente temporal de los Pinos y de sus principales colaboradores se ha incrementado por causa de logros no alcanzados y particularmente, por aquellos temas que se salen de control, principalmente los referidos a derechos humanos y la procuración de justicia.

 

Hechos como la aprobación de la ley Atenco en el estado de México, que regula el uso de la fuerza pública y faculta a las policías estatal y/o municipales a intervenir cuando consideren “ilegal” alguna manifestación o protesta; el virtual anuncio de expulsión del grupo de los expertos internacionales que han intentado encontrar pruebas concluyentes de la responsabilidad del gobierno en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa; y, las amenazas sufridas por el comisionado Interamericano de Derechos Humanos Emilio Álvarez Icaza, a partir de los reportes hechos por esa comisión sobre la crisis de derechos humanos que afecta al país, realmente crispan los nervios y los ponen más tensos que una cuerda de violín.  

No solo en esta materia andan mal las cosas, súmele que en virtud de su imprudencia y falta de visión, tampoco les han salido bien las alteraciones a la esencia Constitucional, - logradas mediante la operación comercial llamada Pacto por México- aprobadas con objeto de enajenar los recursos de la nación. Su incapacidad para prever la inminente caída de los precios del petróleo, los ha metido en un callejón sin salida, al que sólo han podido responder mediante más demagogia, endeudamientos económicos y tremendos recortes presupuestales, que han puesto al país en una situación de jaque mate y quizá de mayor riesgo que el incurrido hace más de 30 años, durante el periodo de José López Portillo, el defensor canino de la moneda nacional.

Ante los ya muy próximos tiempos electorales, no se necesita ser adivino ni muy inteligente para imaginar los resultados “favorables” de las encuestas secretas que la oficina de Los Pinos ha ordenado para conocer el nivel de simpatía y credibilidad que en estos momentos tienen Peña Nieto y su equipo cercano de colaboradores en la sociedad mexicana. Los resultados de esa oficina, tal vez sean muy distintos a nuestra realidad histórica la cual conocemos gracias al sistema alterno de consultas como las que publican el diario “La Jornada” y diversas redes sociales que interactúan, tanto sobre la imagen deteriorada de Peña Nieto, como sobre la llamada reforma educativa y sobre el caso Ayotzinapa que ante la política del Estado mexicano de querer cerrarlo, éste, poco a poco se acerca al laberinto de la impunidad y el olvido.

Todos estos sucesos los están llevando ahora a imaginar y crear nuevos métodos y mecanismos de control jurídico que deben sustituir a las leyes vigentes y con ello, eliminar el juicio político a altos funcionarios y el gobierno de la razón, los derechos ciudadanos y los universales. Por ejemplo, si usted dedica unos momentos a la consulta sobre la procedencia de un juicio político al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, cuya imagen pública no es muy diferente a la de Peña Nieto, usted podrá constatar que esa demanda respalda de manera casi unánime a las presentadas por varios partidos políticos interpuestas ante el Congreso de la Unión, para que ese nefasto funcionario responda por la desaparición de los recursos públicos por un monto cercano a 80 mil millones de pesos, cometida por diversos colaboradores de su administración, con su muy probable participación.

Dicha demanda, por razones que es fácil suponer, está siendo bloqueada en el Congreso y difícilmente va a prosperar, de esta manera, se muestra de manera clara la efectividad de las leyes y acciones emprendidas por el actual gobierno para frenar y erradicar la corrupción, pero seguramente también para impedir la existencia de un precedente que pueda en su momento llevar a juicio al mismo Presidente. De hecho, esta es la más plausible razón para no haber removido del poder a Duarte de Ochoa, no obstante que en las condiciones actuales sólo representa un lastre gigantesco para el PRI y para su candidato en las elecciones de junio próximo cuando el pueblo veracruzano sin trampas electoreras y modificaciones a su sufragio, pueda elegir a su nuevo gobernador.

No obstante el blindaje gubernamental y la secuela de pésimos gobernantes que hemos padecido, subrayo la importancia que los juicios políticos a los altos funcionarios pueden tener al término de sus mandatos, en virtud de constituir un recurso importante que tenemos los ciudadanos, el cual está sustentado en el artículo 87 de la Constitución.

Dicho recurso nos permitiría crear un precedente para que los funcionarios corruptos entiendan el riesgo y las consecuencias de gobernar dándole la espalda al pueblo, al que finalmente habrán de rendir cuentas y responder por sus abusos de poder, así como por los desvíos de recursos y los conflictos de interés establecidos a través de sus subalternos o familiares cercanos, tal vez así nuestra percepción sería diferente ¿No lo cree Usted?

 


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