Linea Directa


 

CANASTA NAVIDEÑA

Por Gerardo Reyes Gómez (LD  21-12-2015)  

 

Cuatro regalos contiene esta canasta que ha sustituido a la tradicional piñata mexicana y le ha pegado fuertemente a los Reyes Magos, estos regalos son: La Secretaría de Cultura; La Reforma Jurídica del Distrito Federal; Ayotzinapa; Hangar Presidencial.

Un regalito que los legisladores federales con velocidad asombrosa, quisieron poner debajo del adorno navideño, se refiere a que por primera vez, México contará con una Secretaría de Cultura. Irresponsablemente y al vapor, el pleno del Senado aprobó la minuta de la Cámara de Diputados, para que se sustituya al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), creado en 1989 durante el gobierno de Carlos Salinas, pero sin tocar la vida y las reglas internas de los institutos nacionales de Bellas Artes (INBA) y de Antropología e Historia (INAH). La nueva dependencia absorberá a Radio Educación y al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y mantendrá sin alteración los derechos de los trabajadores de todo el sector.

La historia que registra el propio Senado da cuenta de que, si bien desde el nacimiento de la nación existen esfuerzos constantes por tener una política de cultura, fue en 1921 cuando el titular de la naciente Secretaría de Educación Pública (SEP), José Vasconcelos, creó el Departamento de Bellas Artes como parte de ella, y en 1924 el gobierno revolucionario decide agregarle el Departamento de Arqueología. Fue en 1939 cuando se creó el INAH y en 1946 el INBA, los dos grandes pilares de la cultura en el país. Algunos especialistas argumentan que la cultura y la educación deben ser responsabilidad de una misma área administrativa (SEP) regida por un principio: educación es cultura o no es educación, otros indican que educación y cultura no deberían unirse, porque la cultura es el campo libre de la creación, en cambio la educación es el espacio de lo obligatorio y lo aburrido.

Para el novel secretario de Educación, Aurelio Nuño, estas ideas de educación y cultura son inaceptables, su vanagloria personal parece ser el motor del mundillo llamado sector cultural, o peor aún comunidad cultural. Reclama la creación de toda una secretaría alejada de la educación pública, por considerar a sus propias actividades pertenecientes a un nivel superior, y encuentra degradante distraerse con las obligatorias y aburridas tareas del sistema escolar. Esta separación y jerarquización la denunciaba Vasconcelos: Educar a la masa de los habitantes es mucho más importante que producir genios, puesto que en realidad el genio no vale sino por la capacidad que tiene de regenerar a una multitud además de su propia persona.

Nuño concibe a la educación precisamente como el espacio de lo obligatorio; es, sobre todo, el espacio donde debe acatarse la ley, y su función es imponerla con el apoyo de la Policía Federal y los granaderos, y el auxilio de la televisión y otros medios. Esto lo ha manifestado con palabras y con hechos de fuerza. Para el actual secretario, la labor de la escuela se debe reducir –también lo declaró públicamente– a enseñar a leer, enseñar matemáticas y enseñar inglés, para hacer del pueblo mexicano un pueblo bilingüe. En nombre del progreso, del desarrollo, de la competitividad, se regresa pues a hacer de la SEP una secretaría de instrucción pública (SIP), empobrecida, cuya acción se sostiene con sobornos, toletes, gases lacrimógenos y cárcel.

Un regalo inesperado llegó al Distrito Federal. Con artificiales aires de héroe social justiciero, Miguel Ángel Mancera ha agregado a la pancarta electoral 2018 elaborada con interés maximizado respecto al salario mínimo, la reforma política del Distrito Federal, que lo seguirá siendo en cuanto sede de los poderes federales, rebautizado con su mismo nombre de Ciudad de México. El artículo 44 constitucional, sin necesidad de reformar nada, ha sostenido que “La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el estado del valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General”.

En la canasta de los sueños, la reforma chilanga, ha sido vergonzosamente despojada de un carácter auténticamente democrático: sólo 60 de los cien constituyentes de la Ciudad de México serán elegidos de manera directa, pues el 40 por ciento restante será aportado por los ejecutivos federal y local y por representantes de las cámaras federales, según eso, la tal reforma al final de la historia sólo será una pancarta futurista más, a menos que una participación ciudadana entusiasta y enérgica impida tales planes PRI-PRD-Los Pinos. De no ser así, la histórica vocación crítica de la Ciudad de México puede ser dañada legalmente con el nuevo sembradío de artículos y cláusulas: se denominará de nueva manera lo que hoy se etiqueta de otra, se generarán formas distintas para los mismos contenidos institucionales hoy tan demeritados y por último, el malabarismo constituyente a fin de cuentas no cambiará para bien nada de fondo.

Mientras tanto, ya entró en vigor el nuevo reglamento de tránsito del DF, pletórico de buenas intenciones y aceptables propuestas que, sin embargo, darán pie a los institucionalizados abusos de los agentes en busca de extorsión a infractores, más ciertas cuotas de multas obligatorias aplicadas por cámaras fotográficas y alcoholímetros para fortalecer las finanzas del gobierno capitalino.

En Ayotzinapa, la noche de paz será larga y poco a poco se ira transformando en noche de luto. Nuevamente, el fantasma que persigue a ese lugar llegó a Washington, representado por un grupo de ciudadanos que se vieron obligados a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se juzgue al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos. Apenas hace unos días, un grupo de padres de familia y sus abogados pidieron al organismo internacional que se responsabilice al Estado mexicano por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales conforme a la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Esta petición se originó en hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011, cuando los estudiantes de Ayotzinapa se movilizaron a Chilpancingo para exigir una reunión con el gobernador Ángel Aguirre Rivero y demandarle el cumplimiento de los compromisos pactados con él en un encuentro previo. El mandatario no sólo había eludido hacer realidad los acuerdos a los que había llegado, sino que en varias ocasiones los había dejado plantados. Así es que, ante la inminencia de las vacaciones decembrinas, los normalistas decidieron presionarlo movilizándose.

Ese día, a mansalva, los uniformados asesinaron a dos estudiantes (Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús), varios más fueron heridos y detuvieron ilegalmente y torturaron a otro. En el ataque, Gonzalo Miguel Rivas Cámara, empleado de una gasolinera ubicada en el lugar de la agresión policiaca, murió como resultado de las quemaduras que le produjo un incendio provocado en la estación de servicio.

Según los demandantes, estos hechos ejemplifican algunas de las más graves violaciones a los derechos humanos en México: la represión de la protesta social, el uso desproporcionado de la fuerza, el empleo de la tortura como medio de investigación y la falta de esclarecimiento y sanción de violaciones graves a los derechos humanos. Aguirre Rivero (nadie sabe dónde encontrarlo) no sólo no honró su palabra, sino que se escondió.

Pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un documentado informe de lo sucedido, no hay un solo responsable de los asesinatos de los normalistas en la cárcel. Peor: algunos de los testigos claves del caso han sido asesinados. En diciembre de 2013 la institución lamentó que los familiares de las víctimas no han tenido un acceso efectivo a la justicia, lo cual abonó el terreno para que, el 26 de septiembre de 2014, seis personas (tres de ellas estudiantes) fueran ejecutadas extrajudicialmente y 43 normalistas de Ayotzinapa fueran desaparecidos en Iguala.

Sin duda alguna, esta navidad, la impunidad, la extorción y el me vale madre alimentan la violación a los derechos humanos. Quizá por eso hay una nueva solicitud de enjuiciar al Estado mexicano en Washington.

 

Por último, al arbolito navideño de la casa presidencial, le faltará el esperado regalo de altos vuelos. Se trata de una nave majestuosa (un Boeing 787 Dreamliner), que ni siquiera usan los presidentes de las naciones más poderosas del planeta, como Estados Unidos, Rusia y China,  advertimos que no es un juguete de niño, es efectivamente un palacio que vuela: puede transportar hasta 250 pasajeros, alcanza una velocidad de casi mil kilómetros por hora y es capaz de hacer la ruta Nueva York-Atenas sin hacer escalas y tiene un costo de 7,500 millones.

 

La gestión de la compra del regalito, la inició el expresidente Felipe Calderón al final de su corrupto sexenio pero sin duda alguna, ha sido el sueño con alas del joven residente de “Los Pinos”, quien por su mal comportamiento durante el año, junto con su familia e invitados, y miembros del Estado Mayor, se quedará con las ganas de estrenar en este mes la fastuosa nave, tampoco podrá apantallar en enero del próximo año a algunos jefes de Estado que no cuentan con medios tan espectaculares para participar en reuniones sobre asuntos económicos globales como la de Davos, Suiza.

La razón es que su generoso compadre Hinojosa y una filial de su muy afamada empresa HIGA, a pesar de contar con casi mil millones de pesos para la construcción del espectacular  hangar donde será guardado en sus ratos de reposo el palacio flotante, no lo tuvieron a tiempo. Seguramente, el cobertizo contará con amplias instalaciones para el ocupante principal y sus cómplices, pero en realidad sólo tendrá uso útil durante cinco años, pues en 2020 habrá nuevo aeropuerto internacional, en el que deberá construirse otro hangar presidencial.  

Como de costumbre, la navidad será empañada, la compra de este avión a todo lujo, es otra bofetada a los mexicanos que además no saben si habrá castigo para el amable contratista por incumplimiento de contrato, o si la tardanza se debió a que se agregaron obras y servicios que a su vez encarecieron la de por sí abultada cuenta empresarial y por supuesto el 10% de participación proporcional (Los famosos Moches). Estimado lector, le deseamos una carretada de felicidad y muchos tragos de ánimo para el próximo año. 

 


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