Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

ESTADO DE DERECHO, ENGAÑO, MENTIRA Y OMISIÓN.

Por Alejandro Díaz Camacho (LD  14-12-15)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Confieso que soy un inexperto, pero creo que en lo general, el problema del Estado de derecho en México radica en la falta de certeza de que la ley nos protege y nos obliga a todos por igual. Mi incertidumbre se produce sobre todo cuando existen conflictos entre dos o más individuos o entre éstos y la autoridad, ya sea porque una parte no acató las normas o porque existe ambigüedad respecto a cuál es el sentido de las mismas. Hoy quien tiene un conflicto jurídico (laboral, electoral, civil, penal, etc.) sabe que la posibilidad de resolverlo, tenga o no la razón jurídica, pasa por variables externas a la ley que impactan en el funcionamiento de las instituciones legales: quien eres, a quien conoces, cuánto dinero tienes y en algunos casos a que equipo le vas o a qué partido perteneces.

Todo ello genera un orden social en donde la posición política y económica de las personas, y no la ley impersonal, es determinante para ganar o perder en un conflicto con otro, el policía, el ministerio público, la averiguación previa y el juez no quieren justicia, quieren dinero. Un Estado de derecho significa una sociedad que tranquilamente se articula y ordena en torno a la igualdad ante la ley y no a través de las relaciones personales, la capacidad de influencia y las jerarquías sociales. Para dar un ejemplo, para la población que vive en pobreza, la posibilidad de hacer valer sus derechos frente a otros es simplemente imposible, no hay defensa ni defensor. Ser pobre es vivir fuera de la protección de la ley.

Confieso que independientemente de mi ignorancia, me cuesta trabajo entender el rabioso ataque que en el contexto de los eventos electorales, experimentadas figuras del PRI y sus allegados han lanzado contra el fiscal electoral Santiago Nieto Castillo, porque sin haber consultado su perfil o sin investigarlo, realizó el trabajo para el que lo eligieron los senadores en forma casi unánime: 97 votos a favor y una abstención. En mi ignorancia, creo que mentira, engaño y omisión, son sinónimos de una calumnia política con forma monstruosa de conspiración. 

Resulta que aquel joven fiscal que fuera electo por unanimidad, solicitó una orden de aprehensión contra Arturo Escobar y Vega, (quien ha sido diputado, senador, vocero nacional de su partido) y subsecretario de Gobernación hasta hace unos días. Personaje, que quizá en su currículo para obtener el puesto, también omitió ser un delincuente electoral acostumbrado a violar las normas y comprar voluntades al amparo de la habitual impunidad, que consecuentemente es uno de los responsables de la depredación electoral cometida el pasado mes de junio.

Escobar y su partido político (PVEM), no solo han estado involucrados en el otorgamiento de miles de tarjetas de descuento en pleno proceso electoral, se les vincula al tema del famoso cine minutos que el panista Javier Corral dice que fueron producidos por una empresa propiedad del hermano de Escobar. El tema de la maleta que llevó a Chiapas con 1.5 millones durante las elecciones, no puede quedar de lado ya que su origen inexplicable nunca pudo aclarar el señor del Tucán.

Escobar y Vega, para blanquear su imagen, se apunta por propia mano a la lista nacional de víctimas del poder, se declara acribillado y mancillado por el fiscal Nieto Castillo, y con la entusiasta colaboración de múltiples medios, articulistas y comentaristas que también son engañados, tiende una cortina de humo verde al anunciar acciones penales y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para limpiar su nombre y el de su familia.

Se dice que una vez terminada su metamorfosis, el tucán Escobar tratará de dialogar más adelante (semanas o meses que se lleve el asunto) con Osorio Chong, el secretario de gobernación para ver si le restituyen su subsecretaría encargada de prevenir delitos. Por lo pronto, el lance sirve para avanzar en la descalificación entre un escándalo magnificado del fiscal que se atrevió a buscar la acción penal contra uno de los tantos infractores verdes, azules, rojos, amarillos y de cualquier otro color.

Cierto es que el fiscal Nieto cometió dos errores graves: la omisión de no registrar en su currículo, que fue asesor del PRD en el senado antes de ser elegido titular de Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) y la difusión adelantada de la solicitud de una orden de aprehensión contra Escobar. Pero no le hagamos al cuento, esas irregularidades de ninguna manera afectan la sustancia del asunto en cuestión, ni eximen al delincuente de los presuntos delitos electorales que cometió en los pasados comicios.

Yo diría que hay un tercer error del fiscal. Se atrevió a meterse con un político que tiene influencias en los círculos del poder. Su atrevimiento causó enorme malestar entre los inquisidores Emilio Gamboa del PRI y Pablo Escudero senador del verde ecologista y yerno de Manlio Fabio Beltrones, ambos saben que pueden entablar pleito con cualquier persona sospechosa y se fueron a la yugular del fiscal en defensa del señor de las maletas. En su calumnia, reclaman y exigen al fiscal acto de humildad y decir que mintió, y en caso de no reconocer sus pecados, lo quieren cesar para poner a otro fiscal a su modo, antes de los comicios de 2016.

Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) que preside Ciro Murayama, aprobó aplicar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) otra multa de 88 millones 547 mil pesos por recibir dinero de origen desconocido para pagar 11 millones 218 mil 641 pesos a la empresa Grupo Textil Joad, propiedad de Jorge Alberto Peralta Casal, quien incumplió con el contrato (suministro y elaboración de 763 mil 599 playeras estampadas con el logo de dicho partido) y tiene un largo historial de detenciones por defraudación en contra de varios clientes. A cambio, el PVEM recibió un terreno ubicado en Iztapalapa, y que escrituró a nombre de Marco Antonio de la Mora Torreblanca, ex secretario de organización del partido, suplente de Escobar en la Cámara de Diputados y actual delegado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Guerrero.

Esta anomalía donde Arturo Escobar y Vega estuvo involucrado al firmar diversos contratos, fue detectada por el INE desde 2010 y, por tanto, fue una investigación muy larga, en la que no medió la denuncia de un partido político adversario del PVEM, sino diligencias efectuadas por el Instituto Federal Electoral IFE. De confirmarse ésta multa, se sumará a los más de 500 millones de pesos impuestos este año a dicho partido por casi una veintena de violaciones cometidas durante la pasada campaña electoral.

Murayama afirma que es la sanción más alta en la historia de la fiscalización producto de la revisión de un informe ordinario de gastos y por una conducta individual. Las faltas cometidas en esta ocasión por el Verde son: recibir ingresos de origen desconocido que no fueron informados, hacer gastos no informados a la autoridad y tener cuentas por cobrar no cobradas.

Quizá Nieto Castillo mintió, omitió, pero no engañó; diputados, senadores y hasta el presidente Peña Nieto y su gabinete mienten y engañan diariamente: Tasas financieras, porcentajes, inversiones, empleo y números de ensueño. Estrategias, políticas, programas, acciones y cruzadas inimaginables. Hazañas, magníficos aguinaldos, logros y hasta medallas deportivas colgadas al pecho a título de triunfo. Un millón de laptops entregadas, otro tanto de televisiones por aquello del apagón analógico, una evaluación magisterial y sobre todo paz y prosperidad acordes con la época. 

Como podemos ver, el Tucán Escobar, queriendo ser palomita blanca vuela cada vez menos. La ira e indignación, las denuncias del partido en el gobierno y la tinta en los periódicos deberían volcarse contra el político del partido verde. Lamentablemente, todo sería un sueño, los priistas necesitan los votos de sus renacuajos verdes para no perder el control que ejercen en distintas entidades y lograr la mayoría en el congreso.  

Si realmente existe el Estado de derecho en México (certeza jurídica), el delincuente no es el fiscal Nieto Castillo, por lo tanto, toda la atención tiene que estar enfocada en un delito electoral que si está demostrado, no en la honorabilidad, la humildad, mentira o credibilidad de un fiscal probo que efectivamente omitió datos curriculares, pero que valientemente lo está denunciando.

 

 


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