Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

URGEN OTRAS SOLUCIONES

Por Alejandro Díaz Camacho (LD  02-11-15)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Como si nada más importante ocurriera en el país, este domingo se realizó una carrera de la Fórmula Uno donde los altos precios fueron insultantes para las condiciones económicas de muchos mexicanos pero muy significativos para agrandar el bolsillo de un puñado de empresarios. Días antes, Enrique Peña Nieto se dispuso a recorrer la pista del remodelado circuito automovilístico, donde se desbordaban los esfuerzos gubernamentales por mostrar normalidad e incluso regocijo. Mientras tanto, en Oaxaca, cuatro dirigentes magisteriales eran aprehendidos y trasladados en avión gubernamental a la Ciudad de México, con un trato policial más rígido que el otorgado por el gobierno federal a jefes del crimen organizado para ser internados en un penal de máxima seguridad del altiplano, donde Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” mostró hace varios meses que tales pretensiones son una farsa y una gran mentira.

Cuando Peña Nieto mostraba al mundo su fantasía y se tomaba alegremente la foto en el podio de los vencedores, la Procuraduría General de la Republica, en una maniobra policiaca que pretende descabezar y amedrentar al movimiento de oposición a la mal llamada reforma educativa, daba a conocer las presuntas actividades delictivas de los detenidos, a los que desde hoy, acusados de cometer delitos relacionados con protestas políticas y sociales, se les incrimina tendenciosamente aun sin iniciar el proceso judicial que a fin de cuentas determinará si los presuntos responsables lo fueron o no.

Las aprehensiones tienen como contrapunto la tensión social que prevalece en estados donde hay presencia fuerte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), su significado envía el mensaje a miles de activistas en todo el país de que la guillotina judicial en cualquier momento puede dejar caer su afilada hoja policiaca contra cualquiera que participe o haya participado en las múltiples protestas que se han producido a lo largo del mandato del mexiquense.

Ante estos hechos, hay que reconocerlo, en materia de seguridad pública y justicia llevamos por lo menos 20 años de retraso y seguimos nadando de “muertito”. Los gobiernos de: Zedillo, Fox, Calderón y el actual de Peña Nieto, con sus propósitos limitados y siempre desarticulados fracasaron; si bien las cifras en materia de seguridad reflejan una realidad, la percepción social es distinta. Antes de los sucesos de Guerrero y antes de la fuga del “Chapo”, la percepción era de disminución permanente, y cuando pasaron estos dos hechos subió de manera importante.

 

Si de lo que se trata es de devolver a la sociedad la paz social que un día tuvo, ¿Por qué entonces despreciar otras soluciones? Acaso no es necesario cambiar la vista a otros derroteros. Tres factores incuestionables sustentan esa necesidad: la debilidad política y estructural del gobierno, su incapacidad ejecutiva y la complicada situación de inseguridad que prevalece en todo el territorio nacional.

Otros países como Perú y Colombia, que enfrentan situaciones aún más graves saben que la vida colectiva nacional en cualquiera de sus modos de expresión necesita de un nuevo orden y están aplicando desde hace tiempo respuestas más elaboradas que el simple choque directo de las fuerzas armadas, ellos encaran sus conflictos con modelos renovados como el de la seguridad ciudadana que conceptualmente es un bien política y jurídicamente válido, que engloba derechos de las personas como comunidad para una convivencia pacífica que se encuentra amenazada por tensiones y conflictos que generan de su parte conductas violentas que han surgido por diferentes causas: pobreza, marginalidad, mala educación, desempleo, drogadicción, alcoholismo, corrupción, falta de salud, pérdida de confianza en el otro, de valores e identidad. Esa es la esencia de nuestros males que el gobierno de Peña no quiere reconocer.

El modelo de seguridad ciudadana involucra la aplicación de una política pública que aglutine por lo menos los conceptos siguientes: Considerar prioritariamente a menores y jóvenes; estimular la prevención de la violencia intra-familiar, evitar la violencia sexual y de género; impugnar la discriminación, apoyar a las actividades grupales de la comunidad como escolares, deportivas, religiosas, ofrecer mecanismos de denuncia delictiva, creación de observatorios sociales a través de ONG y mucho más.

El mandatario mexicano nada de “muertito” porque sabe muy bien que la ciudadanía, ante la falta de respuesta oficial ya está organizándose por lo menos en tres extremos: las policías privadas y de seguridad personal, que no tienen propósitos altruistas y responden siempre a intereses privados e individuales; las guardias comunitarias que surgieron de la desesperanza pública, no se les supo sumar, fueron engañadas, manipuladas, sujetas a abusos y en casos encarceladas.

Tomar la justicia por propia mano es el tercer extremo, el ejemplo se ilustra con el linchamiento sin juicio de dos jóvenes encuestadores en Puebla y otro más doloroso ha sido Iguala, Guerrero, donde la penetración de la delincuencia organizada en las policías y autoridades municipales, logró en tan sólo una noche, la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, caso que sigue investigándose burocráticamente sin dar con los culpables y mucho menos sin acreditar la verdad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostiene en este sentido que los estados deben encontrar respuestas a los problemas de la violencia en el contexto de los derechos humanos y la vigencia del estado de derecho universalmente aceptada, es incontrovertible. Aceptado así, el problema es conciliar las acciones preventivas y persecutorias del Estado con el respeto a la integridad de los ciudadanos y con dar espacios a la sociedad en compromisos puntuales. La fuerza del estado, sin control y contrapeso acaba por generar consecuencias destructivas, igual que un Tsunami. Su control es un reto que demanda de un cambio cultural para las tropas del Ejército, la Marina y policías, que en ello participan, pero que no están hechos de esa manera.

La indignación ciudadana debe traducirse en cambios de fondo lo cual no se logra anunciando decálogos, se requiere replantear el diseño de los cuerpos de seguridad y justicia para que actúen de manera oportuna y eficaz ante situaciones extraordinarias, urge crear una cultura de respeto a las leyes por parte de la comunidad y de su participación activa en su fortalecimiento; urge convocar ejemplarmente, a la sociedad a cohesionarse, a hacerse cargo de la parte que les corresponde del esfuerzo mediante cambios de conductas de participación; urge ordenar, jerarquizar, responsabilizar, coordinar y exigir cooperación a esa madeja de instituciones que hoy conviven y actúan a su voluntad porque carecen de un marco ordenador que a ellas no corresponde aplicar.

Urge por último, un buen gobierno que reconozca que aun con pruebas de fórmula uno ¡Sin sociedad no se irá a ninguna parte!

 


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