Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

JUSTICIA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD

Por Alejandro Díaz Camacho (LD  26-10-15)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Con toda seguridad, el entramado institucional de la justicia se sustenta en el bien común y su impartición convalida los actos ciudadanos mediante el ejercicio pleno de nuestros derechos pero con la obligación de no transgredir la norma. Pero, ¿Qué sucede cuando los ciudadanos dejan de ser legítimos depositarios del derecho o bien dejan de actuar conforme al marco de la ley? Y, ¿Qué sucede con aquellos sectores que no cuentan con los medios para comprar un aparato de justicia? El racismo, la pobreza y la desigualdad de género, como actos discriminatorios son variables significativas que explican las muchas fallas del sistema judicial y la situación cotidiana de lo que ocurre en la calle donde se amplía la brecha injusta que existe entre los estratos sociales.

Las variables que se enuncian, las sufren con mayor desigualdad e intensidad grupos en situación de vulnerabilidad que por ignorancia, falta de salud mental, adicciones e incapacidad para valerse por sí mismos, quedan carentes de representación y acción ante la policía, el Ministerio Público, los jueces y en general ante el resto de la población. Desde su primer día de existencia, su libertad y su derecho a la procuración de justicia les han sido negados o bien socavados.

Para ellos, el sistema de justicia ha perdido total credibilidad, los procesos que deben enfrentar ante la justicia, son engorrosos y de fianzas económicas altas (cuando se tiene derecho a ella), lo cual, sin ser la única razón, ha propiciado que en muchos pueblos, supuestos delincuentes sean ejecutados aplicando la justicia por propia mano, porque no ven otra salida; la masacre de dos inocentes encuestadores en Ajalpan, Puebla ocurrida hace unos días, nos dan la razón. Los “secuestradores roba niños” no fueron objeto de juicio; su ejecución inmediata y pública fue un estúpido y contraproducente acto de venganza social que culmina con un hecho criminal de autodefensa fundado en la ausencia de ley, de Estado y de autoridad.

Igual de reprobable es el hecho de Puebla, como el acto de evadir la justicia que se compra en los tribunales para el hijo que manejaba ebrio y mató a un transeúnte, o para el ladrón que fue detenido por un policía de otro turno y que no lo conocía; para nadie es un secreto que siempre habrá un juez que pueda dispensar ciertos delitos o extraviar algunas pruebas incriminatorias por determinada cantidad de dinero; según como se aprecie el nivel económico del cliente y sus familiares. En términos de solidaridad, lo que importa es el grado de omisión y ceguera social, política y económica sobre este verdugo que nos afecta a todos.

Las transgresiones a la norma alcanzan dimensiones insospechadas de injusticia que se pueden ilustrar con antecedentes mediáticos generadores de polémica entre la opinión pública, pero además evidencian que la cultura de la legalidad merece consideraciones mucho más profundas para garantizar plenamente la justicia y su ejercicio. La aparente lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas, los secuestros perpetrados por los mismos integrantes de agrupaciones policíacas, y las ejecuciones, son asuntos que llenan los noticieros diariamente.

Detrás de ello, al sistema de justicia lo envuelve todo un sistema de corrupción: la riqueza indebida, la ocupación de cargos públicos, el conflicto de intereses, el tráfico de influencias y el acceso a movimientos mediáticos, son característicos de aquellos que se favorecen de un aparato de justicia deficiente y a modo. Tampoco es secreto que en la impartición de justicia ciertos sectores de la sociedad mexicana gozan de privilegios y estrategias que los ponen por encima de los grupos más desprotegidos, el dicho popular que dice: “El que no tranza, no avanza” aplica a la perfección y se demuestra con una interminable lista de delitos a los que se les ha dado “carpetazo”, mientras que los responsables están libres, gracias a los recursos de amparo y fuero constitucional.

Aun sabiendo quiénes son las cabecillas de las grandes mafias y quienes los autores de millonarios fraudes en el sistema bancario; robos descarados a Pemex; guardería ABC de Sonora, Ayotzinapa, Tlatlaya, la casa blanca presidencial en turno, línea 12 del metro, etc. los encargados de impartir justicia nada pueden hacer, pues la represión y los ajustes de cuentas, son el pan nuestro de cada día. Poner el dedo en la llaga, implicaría desmantelar todo un sistema corrupto desde las altas esferas del gobierno hasta la última línea jerárquica, el riesgo de quien destape la cloaca, es que cierto día, su cuerpo flote sobre las aguas de algún pestilente río; por citar uno de los tantos modos de ejecutar que existen en México.

El sistema de justicia en nuestro país, en vez de enjuiciar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, con frecuencia castiga a las víctimas, mientras los responsables casi universalmente gozan de impunidad, lo cual no sorprende a nadie. La tortura, pese a su prohibición legal, es un incentivo para obtener confesiones, propicia la condena de personas cuya culpabilidad no ha sido demostrada; se presta a la manipulación como herramienta para criminalizar la protesta social; discrimina a los grupos vulnerables; y no respeta el principio de la presunción de inocencia. Pero esto se agrava por las enormes irregularidades en los procesos jurídicos que se llevan a cabo y por la corrupción más grave, que está en las casas y oficinas de gobierno. 

Al conceder valor probatorio a confesiones rendidas ante autoridades distintas a la judicial, es común que la carga de la prueba para demostrar que hubo tortura recae en la víctima, y existen certificados médicos y otras diligencias oficiales que asientan información incompleta o falsa al respecto. El último eslabón, la cárcel mexicana, es en sí misma una tortura multiplicada muchas veces. Son sitios de degradación y corrupción, los sufrimientos que se padecen en ellas son inadmisibles: hacinamiento de internos en celdas de tres por tres metros, falta de lugares adecuados para el aseo y la elaboración de alimentos propios porque los que allí ofrecen son incomibles; amenazas constantes de todo tipo por las mafias internas y los custodios; pagos para estar en condiciones de sobrevivencia.  

Para la mayoría de los mexicanos la aplicación de la justicia no es expedita, completa ni imparcial (condiciones consagradas en el artículo 17 constitucional) y no tienen confianza en el Poder Judicial –encargado de la impartición de justicia-, cuando el 47% dice que duda si será tratado con justicia por las autoridades correspondientes en caso de ser acusado de cometer un delito.  

La visión predominante entre la ciudadanía es que en general el sistema judicial mexicano no cumple con los elementos básicos que garantizan justicia a los mexicanos y no creen que la honestidad y la justicia sean valores que prevalecen en los juzgados del país. Opinan que si un delincuente sujeto a proceso tiene dinero, puede ser declarado inocente en un juicio y el 48% está seguro que las leyes benefician a los delincuentes. Esta posición aumentó 5 puntos en un año.  

Seis de cada diez ciudadanos opinan que la policía no hace buen trabajo de investigación y poco más de la mitad dijeron estar de acuerdo con el principio de inocencia, “un ciudadano sujeto a proceso ha de considerársele inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Es decir, de entrada se presume que el individuo es inocente y que no corresponde al acusado defenderse sino que corresponde a la parte acusadora (Ministerio Público, demandante, etc.), probar la culpabilidad.  

La brecha más grande entre la sociedad se encuentra en la pregunta sobre la imparcialidad y calidad de la justicia, es mayor la posición que niega el calificativo y rechaza la calidad de justicia que se imparte. Incluso, el 55% de los mexicanos expresan dudas acerca de las declaraciones de los presuntos delincuentes y dudan que los testimonios de los procesados sean voluntarios, como lo marca la ley.  

La falta de confianza en los procesos del sistema judicial, aunada a la percepción de corrupción y el actuar de las autoridades, son causa de que no exista concordancia entre lo manifestado sobre la presunción de inocencia y las consecuencias de ésta. Pocos mexicanos no saben que, por ley, el Estado mexicano está obligado a proporcionar un defensor de oficio (público y de calidad), para que defienda al acusado en un proceso judicial, pero este defensor nunca se encuentra.

En nuestra línea directa, es viable concluir, que la Constitución representa una definición ampliada de la justicia, pero la palabra es estéril, sorda y nace muerta, si no consideramos que también sea cultural y que forje identidades desde la cuna donde la madre transmite el derecho de nacer y el sentido de ser patria. Es decir, la impartición de justicia no comienza en las sedes jurisdiccionales, se inicia antes, y se cobija de valores y principios que se reciben en el seno familiar, y se cultivan a lo largo de la educación formalizada. Por tanto, contar con sistemas educativos y de justicia robustecidos, son aproximaciones que llevan a reflexionar sobre lo que institucionalmente es justo y estamos obligados a realizar. Ese es el mensaje para nuestros gobernantes.

En las sociedades democráticas, un sistema judicial moderno y robusto debe ajustarse en lo jurídico, pero también en lo político y en lo económico y debe velar por la seguridad de sus miembros y no dejar a uno solo detrás, por ello, la Procuradora, los ministerios públicos, las y los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de demostrar la capacidad técnica para la aplicación del derecho, deben tener presente que más allá de sus decisiones jurisdiccionales, están obligados a velar por el bien colectivo.

No olviden que un buen juez que por su casa empieza, es también un buen ciudadano que puede ser admirado y que incluso mediante el sufragio puede llegar a ser un buen presidente, que mucha falta nos hace.

Como corolario, decía Augusto Monterroso (1921-2003), "Mientras en un país haya niños trabajando y adultos sin trabajo, no hay justicia y la organización de ese país es una mierda". Con todo respeto esperamos que este no sea nuestro caso.

 


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