Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

LA CALUMNIA Y LOS PLATOS ROTOS

Por Alejandro Díaz Camacho (LD  21-09-15)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

 

La calumnia y el engaño son sinónimos que nos han acompañado durante mucho tiempo pero que en los últimos días se han recrudecido. A los cínicos y malintencionados que usan la credibilidad de los demás en su propio beneficio, les gusta citar a la calumnia como una mancha de aceite que se extiende y deja huella, defenderse de sus efectos es prácticamente imposible ya que frente a historias de supuestos crímenes, abusos, trampas, adulterios, asesinatos, tráfico de influencias, uno nada puede hacer contra las fantasías del otro, que están más al servicio de su imaginación que de la realidad.

La calumnia y el engaño por si usted no lo sabe, consisten en la acusación falsa a una persona que cometió un hecho calificado legalmente como delito, a sabiendas de que éste no existe o de que el acusado no es el que lo cometió. Hace un año, la desaparición y el homicidio de 43 normalistas de Ayotzinapa escandalizó a México y al mundo, al principio el gobierno nos quiso hacer creer que todo era una calumnia y no una brutal manifestación puntual de la barbarie que se manifestó como losa rígida que hemos tenido que sopesar sobre los restos de confianza y credibilidad que quedan en las instituciones.

El informe reciente que fuera presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acerca de esa terrible tragedia, pone en grave predicamento la hasta hoy frágil y fingida voluntad de resolver el caso y atajar la impunidad. Los investigadores comprueban detalladamente: errores acumulados, omisiones, ausencia de rigor y descuido pericial, que dejan al descubierto la oscuridad de la justicia mexicana y sustentan la falsa hipótesis central contenida en la llamada verdad histórica ofrecida por la Procuraduría General de la República, en voz del entonces procurador Murillo Karam.

En su informe, los expertos internacionales nos dicen qué es lo que no pudo pasar, pero los mexicanos necesitamos saber qué es lo que realmente ocurrió con cada uno de los normalistas desaparecidos, cuya ausencia no deja de ser una tortura insoportable para sus familias y un agravio para México. Las conclusiones implícitas o sugeridas y las contradicciones detectadas por el informe del GIEI, son inconcebibles en un caso de esta magnitud, pero sin ser una calumnia, ilustran a la perfección el estado que guarda ese aspecto de la justicia en México. Seguramente sus valiosas aportaciones ayudarán a darle transparencia al proceso, pero también serán indicios para reabrir la investigación de una complicada trama que está muy lejos de resolverse. Contra todo lo que se piensa, el caso de otras tantas desapariciones forzadas, así lo hacen sentir.

Como lo reconoce el propio grupo internacional, el informe aún no es el diagnóstico definitivo de lo sucedido con los 43 normalistas desaparecidos, pues para ello, como ya fue aceptado por el desangelado gobierno de Peña Nieto, hacen falta nuevas investigaciones y peritajes colegiados orientados por la reformulación de las preguntas básicas en torno a lo sucedido.  Por lo pronto, la calumnia en Guerrero se convirtió en realidad al descubrirse múltiples fosas clandestinas alrededor de Iguala así como la fusión de las autoridades administrativas y políticas con los intereses de la delincuencia organizada provocando que muchos como Ángel Aguirre Rivero el exgobernador, huyeran despavoridos y otros como Murillo Karam fueran removidos del cargo y hasta renunciados del gabinete presidencial.

Lo único que el informe ha demostrado es que justo en Guerrero la fuerza del narcotráfico crece gracias a la floreciente impunidad que lo protege viviéndose una situación límite que las autoridades en complicidad con el poder de la delincuencia declinan investigar y las fuerzas políticas eludieron pronunciar durante las campañas electorales recientes no obstante los crímenes registrados y el conocimiento de la posible infiltración de los narcos en las candidaturas, por no hablar de otras instancias del estado.

Hoy la investigación añade la presunción de un móvil muy diferente al que aparece en la averiguación oficial en boca de ciertos implicados y vuelve a plantear que la brutal actitud de las policías de al menos tres municipios guerrerenses se relaciona directamente con el hecho de que Iguala (y a ello remite la hipótesis sobre el quinto autobús) es el corazón del traslado de la goma de opio que se obtiene a ojos vistas en la región inhóspita de la Montaña y cañadas guerrerenses.

A la luz de estos cuestionamientos, la explicación concreta en torno a las circunstancias de la desaparición de los estudiantes tendrá que reformularse atendiendo a las precisiones de los investigadores extranjeros, pero remitiéndose a los detalles concretos (¿Acaso hubo incineraciones en el basurero de Cocula o hay crematorios coludidos en la región? ¿El ejército y la policía federal estuvieron enterados o no? ¿Dónde están Ángel Aguirre Rivero y Jesús Murillo Karam?). En todo caso, aun admitiendo la disposición de la procuraduría para interrogar y consignar a cientos de implicados, habría que evaluar el peso específico de los protagonistas en la represión violenta y sobreponer una mirada más amplia para entender por qué y cómo ocurrieron los hechos.

Al final quedan las muestras de indignación generalizada y la convicción de que el estado de derecho es una ficción, quedan como una red de disposiciones equívocas, como una tierra de nadie donde la legalidad se procesa no para obtener la verdad, como ingenuamente se predica, sino donde se administran y protegen los intereses de los más fuertes. Particularmente grave es la demostración de que las autoridades federales no actuaron conociendo los hechos cuando éstos estaban ocurriendo, lo cual sólo se explica a partir de consideraciones políticas que permanecen en secreto, creando la legítima sospecha sobre el papel que éstas desempeñaron en la tragedia.

Hay, pues, responsabilidades ineludibles que deben esclarecerse plenamente por la Procuraduría General de la República, de otra manera, la credibilidad en las instituciones y en Peña nieto no podrá reconstruirse. Sin ser una calumnia, la ilusión democrática que alentó las graduales transformaciones del régimen político no desembocó en el fortalecimiento de la ley basada en el previo respeto a los derechos humanos de las personas, sino en un laberinto jurídico sin salida. Así, la tan ansiada verdad ha quedado en suspenso hasta nuevo aviso. La oscuridad y la calumnia de nuevo nos envuelven.

La atmósfera apocalíptica generada por la doble capacidad que han mostrado los funcionarios y los políticos para hacer barbaridades y para mentir o inventar verdades a medias nos ha hecho creer que todo es creíble porque todo –hasta lo impensable– es posible. Ayotzinapa así lo ha demostrado. Los efectos de tan terrible historia en muchas dimensiones de nuestra pobre vida social, han generado desconfianza y han destruido como enfermedad terminal, las relaciones entre el Estado y la sociedad y hacia el interior de la misma. Ahora solo nos queda imaginar lo peor.

Si leemos cuidadosamente la manera en que el gobierno ha tratado los acontecimientos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Guardería ABC, etc., desde la perspectiva de la moral pública y de su impacto sobre los comportamientos privados, podemos calibrar la profundidad del daño que han hecho estas tragedias. Lo más lamentable del deterioro nacional es el gran espacio que la calumnia ocupa en lo que llamamos información, que, al igual que muchos otros delitos, goza de total impunidad. Son tantas las calumnias y algunas de ellas tan extraordinarias, que ya creemos cualquier cosa porque sabemos a ciencia cierta que funcionarios y políticos son capaces de eso y más, así que si nos cuentan otra, por descabellada que sea, no nos sorprende. ¿Me crees o no me crees? 

Esta perversión revuelve la verdad con la no verdad; la información fundada en evidencias ha sido desplazada por un flujo interminable de mentiras y calumnias que circulan en forma desenfrenada, en buena medida porque, cuando examinamos las versiones oficiales de lo que ocurre en el país, resultan falsas. ¿Acaso no creemos que una mujer joven se aventó desde el balcón del departamento del Niño Verde en Cancún? ¿No es cierto que a la francesa Florence Cassez le pidieron que actuara ante las cámaras su propia detención? ¿No fue La Paca, quien descubrió gracias a sus contactos con el otro mundo los restos del diputado Muñoz Rocha?  

¿No es verdad que Moreira el ex gobernador de Coahuila en cuatro años aumentó la deuda del estado de 450 millones de pesos a 33 mil? ¿No es verdad que Arturo Montiel, Camacho Quiroz, Fausto Vallejo, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y tantos más hicieron lo mismo en su momento? ¿No es verdad que la casa blanca de las lomas sigue en el archivo de los ilícitos y que Murillo Karam fingió su verdad histórica? ¿No es verdad que los partidos políticos viven a expensas del erario y que German Larrea se burla de las autoridades ambientales mexicanas? ¿No es verdad que el presupuesto base cero y la austeridad que finge el gobierno son un engaño? Esas y muchas otras pruebas de comportamientos desquiciados enriquecen a los televidentes y televisoras mexicanas.

Para contrarrestar la calumnia y el engaño se requiere un verdadero cambio de actitud, no un mero renuevo de funcionarios al frente de las instituciones involucradas en la pesquisa, se requiere voluntad política para que las autoridades restauren su dañada credibilidad, por las múltiples y graves inconsistencias de la investigación sobre los hechos ocurridos en Iguala hace casi un año.

Por eso ahora creemos todo de todos y no podemos distinguir si el presidente de la república nos calumnia o nos dice la verdad, es una condición corrosiva que envenena las relaciones sociales y si acaso dudamos nos conformamos con los dichos populares: El buen juez por su casa empieza; Agua que no has de beber déjala correr o si el río suena, es que agua lleva.

Mientras tanto, la pregunta sigue en el aíre. ¿Quién pagará los platos rotos del despilfarro y la corrupción?
 

 


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