Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

CONTRASTES

Por Alejandro Díaz Camacho (LD  03-08-15)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Tres informes acerca de la riqueza y la pobreza en México hicieron cimbrar en días pasados la residencia oficial de los Pinos. Riqueza y pobreza son extremos que como el agua y el aceite contrastan marcadamente y no se mezclan entre sí, ambos reaccionan separadamente, pero juntos, pueden llevarnos a transitar por ese laberinto sin salidas de nuestra inmensa desigualdad nacional que por generaciones y sin remedio sigue siendo tan persistente como la propia incapacidad que ha tenido y tiene el Estado para superarla.

El primero de esos informes fue la notable investigación de Gerardo Esquivel, Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político, presentado por Oxfam México; luego la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) de 2014, elaborada por el INEGI y, apenas una semana después el Informe de Coneval 2014 sobre la medición de la pobreza.

Los tres estudios, sacudieron a propios y extraños, incluyendo a la inestable secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, al gabinete de desarrollo económico y al mismo presidente Peña Nieto, quien de acuerdo a su ego no deja de aprovechar cada foro que se le ofrece para resaltar sus reformas estructurales y decirnos que todo está bien cuando a todas luces parece todo lo contrario.

El señor de los Pinos, a pesar de su magra estrategia sin los cambios necesarios, manotea y defiende a grito abierto algunos logros particulares, pero eso sí, en ningún momento duda en rechazar toda apertura hacia la búsqueda de un Estado social que nos garantice el derecho constitucional a la salud, educación, seguridad social, nivel de cohesión social o característica y servicios de la vivienda.

La desigualdad extrema en México, dimensiona el verdadero tamaño de los ingresos del decil (10%) más rico de los hogares mexicanos, corrige para ello, las discrepancias entre cuentas nacionales y las ENIGH cuyo dato duro señala que en el 2014, el ingreso corriente promedio de los hogares mexicanos se redujo 3.2 por ciento y que el diez por ciento en el que se ubican los hogares de altos ingresos recibe 35.4 por ciento del total de los ingresos corrientes, es decir, el ingreso promedio del 10 % de los hogares más ricos, es 1.24 veces mayor que el del 60 por ciento de los hogares de menores ingresos en el país.

En la medición de la pobreza, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) documenta que la pobreza general aumentó en 2 millones de personas entre 2012 y 2014 (pasó del 45.5% al 46.2%) y la pobreza extrema se redujo ligeramente en 87 mil personas al pasar de 9.8% a 9.5%, lo cual quiere decir que hace apenas un año, 55.3 millones de mexicanos sobrevivían en condiciones de pobreza de las cuales 11.4 millones eran pobres extremos y sin esperanza. El mensaje para Peña Nieto y su gabinete es muy claro, la política social tiende al fracaso, véase por donde se vea, la ligera disminución de la pobreza extrema difícilmente se puede revelar como un éxito, y en el mejor de los casos sólo se contuvo su aumento.

La galopante realidad de esta miserable situación es que durante 20 años, el ingreso de la mayoría de los mexicanos no ha mejorado y, lo que es mucho más grave, los mexicanos que no pueden sufragar los gastos mínimos de subsistencia (canasta alimentaria básica) pasaron de 60.6 millones en 2012 a 63.8 millones en 2014. Las cosas no cambian para los pobres, siete años atrás en 2008, los ingresos de 50.6 millones de mexicanos no alcanzaban para cubrir las necesidades básicas respecto a salud, educación, alimentación, vivienda, vestido o transporte público, incluso dedicando todos sus recursos a estos términos.

Cada uno de los documentos citados coinciden en que no es posible cancelar la pobreza si se mantiene el nivel de ingreso que se tenía en 1992 como resultado del pobre desempeño de la economía, que no crece al ritmo exigido por las crecientes necesidades de los mexicanos. Los datos que se aportan nos permiten observar en vivo y a todo color la cruda realidad con criterios objetivos que se exentan de las abusivas cargas ideológicas y del discurso efímero con que los funcionarios suelen defender las políticas públicas.

Su consecuencia esperada debiera ser la reconfiguración del mapa social del país mediante la adopción de políticas sociales que actúen de acuerdo con nuestra cruda realidad nacional. Esos mismos datos advierten que en 2014 se tuvo una pobreza patrimonial de 53.2 por ciento, prácticamente la misma que en 1992 y que en 2000. Obviamente, algo está muy mal desde hace muchos años y nada se hace para corregirlo.

No se requiere ir muy lejos para comprender que no puede ser bueno para el país que menos de uno por ciento de la población acapare alrededor de 43 por ciento de la riqueza total, y que entre esa minoría absoluta 16 de las familias más ricas dispusieran de una riqueza valorada en 142 mil 900 millones de dólares y aumentando (Oxfam).

Si analizamos los polos de la desigualdad, los datos crudos señalan que estamos en medio de otra década de pérdidas o estancamiento, y esto cuestiona no sólo la dirección o el sentido, sino también la pertinencia de la estrategia contra la pobreza y de la política económico-social en general. La economía a pesar del optimismo hipócrita de los súper genios Videgaray y Carstens, no se recupera ni lo suficiente ni de forma sostenida, el modelo hacendario incluye una precarización del empleo y de los ingresos, el telón de fondo es que ambos están anclando al país en una pobreza ruda y persistente que resiste todas las estrategias públicas aplicadas.

El gran problema es que los que gobiernan no saben y mucho menos son capaces de darle un giro sustantivo a la estrategia para crecer. Los secretarios de Estado, gobernadores, senadores, diputados y el propio presidente, admiten en el discurso la urgencia de eliminar la pobreza extrema pero al mismo tiempo alardean el avance inexorable de la clase media, identificada de modo burdo como lo que no está en los extremos confiando en que las reformas estructurales hagan el milagro de convertir a los pobres de hoy en los consumidores del ilusorio mañana.

Ni el fantasma permanente de la violencia social ni la muy real presencia de un ejército de jóvenes al servicio de la delincuencia organizada han sido argumentos para revisar el papel del Estado en la recomposición de la política para el crecimiento como una tarea central e ineludible. Rolando Cordera, señala en el periódico “La Jornada” que en México se ha impuesto una especie de aceptación inercial de la desigualdad, como si se tratara de una parte de nuestro paisaje; como si, en obediencia a un perverso designio, nos hubiéramos acostumbrado como sociedad a vivir con y entre ella, por ello, dar un viraje al timón de la nave y retomar el rumbo es prácticamente imposible. Quienes diseñan la política pública están obligados a responder a esta situación absolutamente inadmisible.

La intolerancia hacia todo cambio que no sea reforzar el libreto de las reformas estructurales o, en otras palabras, a darle a la dimensión social el trato privilegiado en la gestión de la economía, repercutirá, lo estamos viviendo, no sólo en la desaparición de un patrón de crecimiento, sino en el despilfarro de los recursos, con su cauda de incertidumbre, desconfianza y corrupción que acompañan la decadencia de un régimen que se quiere mostrar democrático pero que en cada momento niega la teoría de la igualdad.

Este es el hecho fundamental, hoy preocupa la estabilidad del país, seguramente junto a esta condición, existen otras situaciones a las que debe dedicarse atención, pero no es posible soslayar lo que constituye la característica decisiva de la estructura social.

Tenemos que reconocer que la política pública en materia de desarrollo social, diseñada por los gobiernos de los pasados 30 años ha fracasado y seguirá fracasando si no se puede crear un auténtico Estado social, con capacidad para instrumentar una política fiscal más progresiva y que el gasto destinado a los sectores más desfavorecidos sea orientado regional y sectorialmente aprovechando el mosaico socio cultural y económico que nos ofrece nuestro país.

Un elemento fundamental es la modificación de la política salarial y balancear el poder de negociación entre trabajadores y empresarios. Un elemento adicional es que se fortalezcan verdaderamente los mecanismos que aseguren transparencia en el ejercicio del gasto y que la rendición de cuentas sea trascendente.

Señores gobernantes, mientras esto no suceda y no obstante la grandiosidad de los proyectos globales que ensombrecen el entendimiento de los grupos de poder y aumentan la ignorancia e incertidumbre de los más pobres, la realidad como contraste nos seguirá colocando ante la nada envidiable situación de que la calidad de vida de los mexicanos empeora y la vulnerabilidad sigue aumentando a cifras escandalosas. 

 


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