Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

Por Alejandro Díaz Camacho (LD  20-07-15)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

 

Los señalamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), respecto a la confianza en las instituciones y el combate frontal a la corrupción, son temas tan vacíos que solamente han quedado impresos como letra muerta en la carta sexenal de buenas intenciones, misma que hasta hoy, presenta magros resultados. Todo se debe a que no existen reformas jurídicas y administrativas para dar certeza, claridad y agilidad a los procedimientos que cotidianamente padecemos y tramitamos los mexicanos ante las instancias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal.

 

A pesar del internet y otros medios novedosos de comunicación, los procedimientos administrativos y trámites que debemos realizar en ventanillas, son complejos, confusos y maquiavélicos, en ocasiones se realizan en oficinas diversas y alejadas unas de otras, abriendo espacios para intermediarios, sobornos y ayudas que simplifican los procesos a cambio de una inevitable remuneración económica. Círculo vicioso donde nada se ha implementado acerca de mecanismos de monitoreo y asesoría a los ciudadanos para que todos reciban servicios de calidad sin distinción alguna y sin espacio para la corrupción.      

 
La identidad institucional, el valor del servicio público y la ética profesional de los servidores públicos, brillan por su ausencia, la gran mayoría carece de los conocimientos y la ética necesarios, mucho menos tienen un claro compromiso institucional de servicio que garantice la atención adecuada de los ciudadanos. Algunos hasta aprovechan su función para buscar beneficios indebidos, las prácticas del nepotismo, “amiguismo” y “compadrazgo” permiten mantener en el servicio público a personas que carecen del perfil necesario para desempeñar los cargos que les son asignados. 

Como si fuera película de ciencia ficción, seguimos sin conocer el rumbo y el quehacer gubernamental, Peña Nieto y su pandilla, no han emprendido acciones para dar a conocer aquélla noticia que sea de interés general, mediante campañas de difusión y divulgación, ajenas a intereses personales o partidistas. En materia de transparencia y rendición de cuentas, las administraciones estatales como las municipales aun cuando están obligadas, no explican puntualmente cómo invierten los recursos que reciben por parte de la Federación y cuál es su impacto en términos sociales, los desvíos, fraudes y destinos inciertos del recurso federal son noticias que aparecen diariamente y desalientan la confianza en las instituciones.              

Combatir a la corrupción de forma frontal es un sueño imposible, la carencia de programas, estrategias y acciones necesarias, para apoyar la campaña en favor de la honestidad en el servicio público, así lo demuestran. En la reforma educativa por ejemplo, por ningún lado aparece la cultura de la transparencia, difícilmente se podrá impulsar para el futuro la formación de una ética en los niños y jóvenes que prácticamente ya no creen en nada.  

 

Uno de los beneficios de la transparencia gubernamental es la difusión de los casos en que se sancionan las malas prácticas de los servidores públicos. Conocer si efectivamente las autoridades castigaron alguna conducta ilícita o delictiva sería muy útil para inhibir la corrupción y creer en las instituciones. 

Sin lugar a dudas, el costo de la corrupción es muy alto, y será más alto si los órganos de inspección, verificación y control no consolidan con urgencia los objetivos anti-corrupción que se les han asignado, su capacidad para prevenir conductas irregulares y orientar a los servidores públicos para reducir las faltas por ignorancia, siguen siendo muy limitadas. La apreciación ciudadana crece respecto de la corrupción que subsiste en una proporción significativa de la actividad pública y privada.        

La corrupción y la ineficacia de las instituciones generan impunidad y lesionan la credibilidad y la confianza ciudadana en el gobierno. Toda actuación de la autoridad fuera del orden legal lesiona los derechos ciudadanos, ya sea por el abuso en el ejercicio del poder público, o bien, por la omisión en la aplicación de la ley.        

La confianza de los habitantes en las instituciones públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia se ha perdido. Hoy lo podemos constatar con la fuga vergonzosa de Joaquín El Chapo Guzmán Loera; la falta de cuidado y eficacia en su resguardo vulneró todavía más la confianza de la sociedad en el gobierno y en particular en las áreas de seguridad, defensa e inteligencia, generando una crisis con profundas consecuencias para México.  

 

A pesar de su retórico discurso de aliento, bonanza y buen rumbo, Enrique Peña Nieto y su gobierno, no han sabido aprovechar las varias oportunidades de consolidar en los mexicanos un nivel de confianza en las instituciones y en sus encargados actuales respecto a diversas acusaciones de tráfico de influencias y corrupción.  

 

La política oficial de Los Pinos ha consistido en una plena protección a los funcionarios que han sido fundadamente señalados como partícipes de actos de inmoralidad política y corrupción administrativa, además del tendido de redes mediáticas de distorsión y dilución de los casos que hubieran logrado saltar a la luz pública, apostando esos poderes al paso del tiempo, tanto en función de la desmemoria colectiva como de la aparición de nuevos escándalos, corruptelas y hasta fugas en penales de alta seguridad, que ayudan tanto a la impunidad como al archivado político de los anteriores sucesos.

 

No podría ser de otra manera cuando el propio titular del Poder Ejecutivo federal ha sido incapaz de justificar jurídica y políticamente sus peculiares formas de enriquecimiento inmobiliario, en términos de presuntas herencias y donaciones familiares, de adquisición de una casa de descanso y, sobre todo, en el caso de la Casa Blanca, que  a pesar de las apasionadas declaraciones de la señora Angélica Rivera de Peña (se cumplen ocho meses de su difusión) no se ha producido ni una sola acción o reacción gubernamental que hubiera hecho a los ciudadanos recuperar algo de confianza en los gobernantes, sus familiares y allegados.

 

La improbable expectativa de que el aparato federal de contraloría indagara el asunto y eventualmente castigara las irregularidades o presuntos delitos fue borrada de forma obscena y grosera al nombrar como secretario de la Función Pública a Virgilio Andrade, un personaje menor y tímido, que depende en absoluto de la voluntad y órdenes del titular del ejecutivo, supuesto investigado. Queda claro que en este país, la élite del poder no puede ser castigada, por más datos y evidencias que se presenten.

 

Sólo minucias, como la de Humberto Benítez, aquel procurador federal del Consumidor, que fuera dado de baja el 15 de mayo de 2013 por un escándalo de influencias familiares, y la de David Korenfeld, extitular de Conagua, pillado en gozoso uso de un helicóptero de servicio público para menesteres particulares, sin mayor pena, con la destitución en el cargo, ha quedado en disposición de venideras reivindicaciones laborales.

 

El Consejo de Seguridad Nacional y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) cancelaron la posibilidad de conocer los viajes que realizó este sujeto con el argumento de que los temas del agua son asunto de seguridad nacional. En ese contexto de impunidad institucionalizada, pandillerismo presupuestal, desvergüenza y cinismo boletinado, el gabinete presidencial está constantemente sometido a señalamientos por el aprovechamiento de los cargos para beneficio personal.

 

Sus dos principales personajes, virtuales vicepresidentes, uno encargado de lo político y policiaco Miguel Ángel Osorio Chong y otro de lo económico Luis Videgaray, han eludido sin buenas formas los documentados señalamientos de su enorme prosperidad inmobiliaria. Pero bien puede revisar el secretario Virgilio Andrade cada secretaría del gabinete estricto y despacho del ampliado donde seguramente encontrará visos de corrupción y señalamientos de trafiques varios en favor de empresarios y particulares y desde luego de servidores públicos.

 

Ahora toca el turno a Gerardo Ruiz Esparza, uno de los operadores económicos del grupo peñista y negociador de los contratos grandes, no sólo en el estado de México, donde fue secretario de comunicaciones durante el sexenio de EPN, sino en el federal, donde ocupa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nuevas grabaciones entre el presidente de OHL México, José Andrés de Oteyza, y el ex directivo de la empresa, Pablo Wallentin, aun cuando Ruiz Esparza lo niega, lo involucran.

 

Los audios reflejan el pago de vacaciones (Todo Incluido) en un hotel de lujo propiedad de la firma española tan beneficiada por unos gobiernos sumidos en la cloaca de la corrupción y la impunidad. Señalan información adelantada sobre licitaciones por lanzarse; y mencionan a Murrieta, quien podría ser el subsecretario de Infraestructura, Raúl Murrieta, involucrado en tareas para evitar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccione los trabajos preparatorios para la construcción del viaducto elevado de Puebla.

 

En apariencia el propio personal de OHL México no tiene del todo informado a Oteyza sobre las negociaciones y modificaciones de proyectos, como el trazo de la autopista Atizapán-Atlacomulco, que les representaría un nada despreciable sobrecosto de 2 mil 500 millones de pesos. Casos como el citado abundan.

 

En síntesis, los mexicanos quisiéramos confiar plenamente en el sistema jurídico y en el desempeño de las instituciones de justicia y de gobierno, lamentablemente no podemos, más aun, junto con la caída de la confianza en las instituciones y la estéril lucha contra la impunidad y la corrupción, tenemos que expresar una creciente insatisfacción con el funcionamiento incipiente de nuestra democracia.

 


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