Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

SAN QUINTIN Y LA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Por Alejandro Díaz Camacho (LD  13-07-15)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Verificar el avance y cumplimiento de las negociaciones con los jornaleros del Valle de San Quintín, Baja California, es un exhorto que la Cámara de Diputados aprobó para que se aplique a la inoperante Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) donde todo indica que no ha cumplido con sus funciones, ya que los asuntos que le atañen, particularmente laborales y en materia de previsión social, han abortado el despegue para impulsar y estimular lo relativo a su función pública. Organizaciones empresariales, patrones, trabajadores y sindicatos están fuera de pista y seguramente hechos un camote ante la ineficiencia de la dependencia y las incomprensibles reformas jurídicas del sector.

En el caso de San Quintín, los diputados reclaman que se investigue y sancione a los patrones que no cumplen con la prohibición de emplear niños en la recolección de frutas y hortalizas ni revisan las condiciones de mujeres que denuncian acoso sexual de capataces y empleadores que en pleno siglo XXI imponen condiciones de ese tipo.

El exhorto de los legisladores demanda que el aumento de salario, mejores condiciones de salud, educación y vivienda son problemas que en San Quintín aún no se han resuelto; consecuentemente, los trabajadores del campo, siguen careciendo de servicios básicos y seguridad social. Los legisladores demandantes, saben bien que si se revisa el contexto laboral de los jornaleros de Baja California sentaría un precedente para mejorar las condiciones de todos los jornaleros del país que están en desventaja y prácticamente en situación de esclavitud.

Dicen que el caso de los jornaleros de esa zona en Baja California está generando una imagen negativa del país y de los productos (de la zona), y a raíz del mismo, muchos inversionistas hortofrutícolas suspendieron sus proyectos ya que no descartan que detrás de San Quintín se maneje una campaña para ocultar posibles intereses políticos, pues están involucrados sindicatos que no son del país y se aprovechan porque saben que tanto la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) como las autoridades laborales locales, duermen en sus laureles y parece que les vale madre todo lo concerniente a esta crítica situación.

Más que la STPS, es Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), quien asegura que se avanza en el tema de las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas, pero también afirma que falta mucho por hacer, ya que no se trata sólo de un tema de salarios; es también un asunto social, de derechos humanos, de educación, de salud y de oportunidades, es decir, es un asunto más enredado que el queso oaxaqueño y no tiene una fácil solución.

Por separado y con el síndrome de la demagogia a cuestas, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, considera que quienes critican las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas y utilizan los derechos humanos como una barrera no arancelaria, no reconocen el éxito de México en el mercado internacional por el incremento de las exportaciones de frutas y hortalizas y por esa ignorancia, denuncian que hay una explotación de los menores de edad en el sector agropecuario. Como para morirse de la risa.

Medio en broma y medio encabronado el jefe Martínez y Martínez, reclama que en el país (refiriéndose tal vez a España, Francia u algún otro), no hay trabajo infantil en los campos agrícolas; lo que existe en el ámbito de la agricultura familiar, es la enseñanza de los padres a sus hijos del amor a la tierra, las labores agrícolas y el contacto con los animales. ¿Y la Cheyenne Apa?

A propósito de ese amor a la tierra y de la enseñanza -tan de moda por la ineficiencia de las autoridades educativas- se dice que la reforma educativa fue justificada por sus promotores con un argumento central: el de la calidad. La exposición de motivos de la nue­va norma asienta: El imperativo de la calidad debe alcanzar a todos los niños y jóvenes en el marco de una educación inclusiva. Cabe señalar que originalmente no se contemplaba elevar a rango constitucional el derecho de los mexicanos a recibir una educación de calidad. Su incorporación a la Carta Magna fue realizada por el Senado de manera precipitada como resultado de las presiones empresariales, pagándose ahora las consecuencias.  

A pesar de ello, el presidente Enrique Peña Nieto reivindicó esta modificación como suya.

Dijo: “la reforma educativa, estableció los cimientos para que todos los niños y jóvenes del país tengan acceso a una enseñanza de calidad que los prepare para el futuro”. Fue así como a los atributos que debe tener la enseñanza impartida por el Estado, contenidos en el artículo tercero constitucional, se añadió a los de laica, gratuita y obligatoria, el de calidad. En esta lógica, la evaluación del magisterio (factor humano) pasó a ser considerada elemento decisivo para garantizar y mejorar la calidad del sistema de enseñanza, sin considerar el entorno físico, social y económico, la infraestructura escolar y los medios pedagógicos para este fin.

Un concepto tan relevante como el de calidad educativa debería estar jurídicamente claramente definido, pero no es así. ¿Cómo entonces, establecer las metas y contenidos que necesitan tener los programas del sistema de enseñanza pública? ¿Cómo saber qué tipo de profesor se requiere para llevarlos a la práctica en las aulas? ¿Cómo evaluarlos si no hay referencias de calidad? La Constitución y las leyes secundarias no lo definen. 

Los funcionarios del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), encargados por ley de evaluar la calidad de la enseñanza, reconocen públicamente que no saben con claridad qué es este término, Sylvia Schmelkes, consejera presidenta del organismo, confesó que es sumamente difícil definirlo, es un concepto que no se deja definir, porque es un concepto relativo, en la normatividad que aplica, no hay consistencia ni claridad conceptual. El concepto de calidad es un concepto dinámico en el momento en el que se obtiene un nivel de calidad, en ese momento se puede uno proponer metas superiores de calidad, por eso es muy difícil definirla.”

Las cuatro normas que se refieren a ese concepto y lo definen (artículo tercero constitucional; Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), la Ley General de Educación (LGE) y la Ley del INEE) lo hacen de manera vaga, incomprensible, confusa y con muchas contradicciones.

En la LGE (artículo 8) se define calidad como la congruencia entre objetivos, resultados y procesos del sistema educativo. En la Ley del INEE (artículo 5) calidad se describe como la cualidad de un sistema educativo, que integra las dimensiones de relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia, impacto y suficiencia. La LGSPD menciona el concepto de manera directa o asociada en 10 ocasiones, pero nunca precisa su significado. ¿Cuál de todas estas definiciones es la correcta?

La señora Schmelkes, dice: Lo que nosotros (el INEE) hemos asumido como una definición del concepto de calidad de la educación es el derecho a una educación. Infortunada respuesta, porque la Constitución en su artículo tercero asienta la calidad como atributo de la enseñanza que imparte el Estado. Es falso que la legislación aprobada contenga aproximaciones a lo que es la calidad en la educación. El nuevo texto del tercero constitucional dice: La educación será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. La redacción desafía las más elementales reglas de sintaxis. ¿Qué quiere decir eso?

Manuel Pérez Rocha del periódico La Jornada, diseccionó el texto: Mejoramiento constante ¿de qué? Este mejoramiento sin objeto ¿es la base de la calidad o, más bien, resultado de la calidad? ¿O es la calidad misma?

El máximo logro académico de los educandos ¿es otra base de la calidad? ¿O es resultado de la calidad? ¿O es esta la esencia de la calidad? Esta definición de la educación ¿servirá para orientar los esfuerzos de educandos y maestros? ¿Es un criterio claro y práctico para que el nuevo INEE realice sus evaluaciones?

Sin lugar a dudas, ninguno de los miembros de la LXII legislatura, sin tener calidad educativa para legislar, se dio cuenta de la confusión y del desmadre que iba a ocurrir con su concepto de calidad en la reforma educativa aprobada. Los legisladores que lo redactaron y aprobaron utilizaron un lenguaje oscuro, frases desordenadas e ideas vagas y confusas. No podía ser de otra manera. El término “calidad”, no proviene del mundo de la pedagogía, sino de los negocios. Pese a ello, empresarios, políticos, funcionarios y magistrados lo utilizan para tratar de justificar una reforma administrativa y laboral carente de contenidos educativos.

Señor presidente, nuestra recomendación es que además de cuidar su salud (ya no viaje tanto y ocúpese más de su país), tenga cuidado con los secretarios de estado que lo rodean, los resultados y abusos están a la vista, economía precaria (Videgaray), gobierno interno en decadencia (Osorio Chong), salud (Mercedes Juan), educación (Chuayffet), desarrollo social (Rosario Robles) y de seguridad, mejor ni hablamos; la fuga del Chapo Guzmán y un país marcado por la desigualdad y el racismo, nos dicen todo.

Recuerde que tres años de su gobierno han pasado sin que podamos conocer la verdad tan necesaria de algunos eventos (tren Querétaro, línea 12 del metro, la casa blanca, Malinalco, Las Lomas, Tlatlaya y Ayotzinapa, las fosas comunes de Guerrero y Michoacán (entre otras), la inconformidad en las calles, el desempleo, etc.).

Es notorio que en todos los casos, el poder del estado ha buscado imponer su visión de las cosas; sin embargo, la indignación magisterial, la de jornaleros agrícolas y la de otros sectores sociales no cesa y amenaza con extenderse a todo el país, como si fuera una enfermedad terminal que no tiene remedio.

Definitivamente, mientras usted viaja a Francia sin atender nuestra recomendación, la desconfianza aumenta, su precaria salud, su mandato y su gabinete tienden al colapso.

 


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