Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

COSAS DEL AYER

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 08-06-15)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Se hace esta remembranza para que aquellos candidatos que codician curul o un cargo político administrativo, sepan que el Poder Legislativo no es sólo el encargado de hacer leyes: sus integrantes son los representantes del pueblo y, por tanto, su misión es también debatir los problemas nacionales; así como limitar y equilibrar al ambicioso Poder Ejecutivo. En el caso de los integrantes de la 62 Legislatura, especie ya en peligro de extinción, recordamos que estos no representaron, no debatieron, no limitaron: solamente aprobaron sin medir las consecuencias, los proyectos y reformas estructurales que propuso el Ejecutivo y repitieron sus nulos posicionamientos frente a los problemas más candentes. Así lo mostró su gris actuación ante un caso más de injusticia a la mexicana: la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Después de la tragedia, la legislatura en decadencia, actuó solamente cuando Peña Nieto, declaró su indignación y consternación ante la información que circulaba en los medios. Ante los hechos ocurridos, muchos días de incertidumbre y de incredulidad ciudadana tuvieron que pasar para que el Poder Legislativo instalara una comisión especial integrada por un representante de cada fracción parlamentaria (siete) para dar seguimiento a las investigaciones. El panista Guillermo Anaya, presidente de la comisión, declaró entonces, que el tema era presa de un “manejo político… escandaloso” y pidió a sus colegas tener la sensibilidad necesaria para estar en permanente comunicación con las familias de las víctimas.

La comisión se reunió con el entonces procurador Murillo Karam, con el secretario de Gobernación Osorio Chong y con representantes de la ONU, de ONG y del Ejército. El informe de sus pesquisas no llegó a ninguna conclusión operativa ni rindió cuenta de ninguna acción efectiva. Sus integrantes hicieron caso omiso de la recomendación de Anaya, jamás se reunieron con los familiares de los estudiantes, ni con los supervivientes. Ni siquiera fueron a Iguala o Ayotzinapa, pues era peligroso para el hueso que roen y para su integridad física.

La verdad es que los integrantes de esa comisión no hicieron nada, no habían turnado, aprobado, desechado ni atendido una sola minuta, iniciativa o proposición. Mucho menos, cuando varios de sus miembros hicieron suya la verdad histórica de Murillo Karam, - los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes del cártel de los Guerreros Unidos- El agotado ex procurador fue premiado y cobijado por Peña Nieto al ofrecerle el cargo de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cambio que parece haberse dado en función del acomodo electoral del PRI y no en función de los reclamos sociales o las necesidades de un equipo eficiente en el Ejecutivo Federal.

Entre otros informes, los legisladores en turno, recibieron el del Grupo In­ter­disciplinario de Expertos Independientes, cuya integración fue aceptada por el Estado mexicano. Este grupo difundió un informe que describe las inconcebibles contradicciones entre las instancias federales, estatales y municipales, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que fuera reconocida por Peña Nieto en su 25 aniversario por su “trabajo comprometido, perseverante y profesional que contribuye diariamente al respeto y a la dignidad de mujeres y hombres, así como la igualdad, justicia y libertad de los mexicanos”. La hipocresía y demagogia a más no poder.

Tras el devastador análisis, los expertos sugirieron impulsar cambios legislativos e institucionales; reconocer la dimensión del problema de las desapariciones forzadas; establecer un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con protocolos; eliminar obstáculos jurídicos y fácticos que reduzcan la efectividad de la búsqueda de personas; crear un instituto nacional de servicios forenses autónomo; aprobar una ley general e integral sobre desapariciones; así como no estigmatizar a las víctimas de la violencia. ¿Lo atendió la 62 Legislatura? Parece que de dientes para afuera, porque nada se ha visto claro y todo sigue en la oscuridad.

Al iniciar este año, en el mes de febrero, otra comisión del Legislativo se reunió con parlamentarios europeos preocupados sobre el tema, ellos mostraron a sus pares me­xicanos su extrañamiento por la no resolución del caso Ayotzinapa. Los senadores priistas Omar Fayad y Blanca Alcalá respondieron que en dos meses el gobierno había detenido a los responsables materiales e intelectuales- el matrimonio Abarca- y el caso estaba cerrado. Fueron los eurodiputados quienes durante su visita mostraron los escalofriantes números de la desaparición forzada en México, que hicieron palidecer a la dictadura militar argentina.

Esos diputados europeos, recordaron a los legisladores mexicanos que todos los expertos y las instancias independientes rechazaron la verdad histórica de Murillo y la de los senadores priistas. Y les preguntaron: ¿cómo se comunican ustedes con la sociedad?, ¿cómo se organizan, si es que se organizan?, ¿a través de qué consultas sociales?, ¿cómo se comunican ustedes con las familias del caso Iguala? No oyen, no ven, no escuchan. Tampoco entonces, los legisladores mexicanos acusaron recibo de lo que se les decía alto y claro, seguían ciegos y sordos ante la verdad.

En los medios y las redes sociales se publicó ingente información. Poca y pobre ha sido la que da cuenta de las acciones de la 62 Legislatura. Sólo una se relaciona con el  privilegio de legislar: la reforma al artículo 73 constitucional que tipifica la desaparición forzada. Durante su discusión en el Senado se pronunciaron discursos escalofriantes: más allá del reconocimiento de que la desaparición forzada es una constante en nuestra historia contemporánea, escuchamos a los senadores plegarse a la verdad histórica del Ejecutivo federal o simple y llanamente hacer campaña electoral.

Ayotzinapa pasaba así a la lista de rezagos y pendientes: un asunto más que sin respuesta quedó para analizarse en un futuro indefinido. A ninguno de los legisladores pareció inquietarle el destino de los 43 normalistas. Por ahí, opiniones y comentarios a título personal. No vale la pena citarlos: fueron sólo eso, opiniones vagas y pláticas de café.

En realidad, omisiones, silencios cómplices, que pintaron a los integrantes de la 62 Legislatura como lo que fueron y lo que seguramente serán los de la próxima legislatura, con contadas excepciones: un conjunto de individuos grises y pusilánimes que al llegar a su curul, dan o darán la espalda al pueblo que supuestamente representan y en defensa de los intereses de grupo se olvidaran de los grandes temas nacionales: Ayotzinapa, Tlatlaya, San Quintín, ABC, corrupción, impunidad, etc.

Por ese pasado incierto y lleno de fallas, las elecciones de este domingo 7 de junio, además de millonarias – 8 mil 584 millones- pintan complejas y riesgosas por la desobediencia de los candidatos y partidos políticos, su gris perfil e incipientes campañas, la violencia y asesinato de más de 20 candidatos para diferentes puestos, por la latente amenaza del crimen organizado y lo más grave, la rebelión impune del magisterio disidente que ha puesto en jaque al país.

El riesgo en la próxima jornada electoral se significa más por los activistas de la CETEG y la CNTE que ponen en tela de juicio la realización de los comicios del domingo destrozando previamente oficinas públicas y sedes partidistas. El único y explicito propósito de aquellos que se ostentan como maestros, es poner en entredicho, por la vía de la presión y/o de la violencia si es necesario, el statu quo a las instituciones, al sistema de gobierno o, mejor, el orden social. Sus sueños, como ellos lo afirman, “no caben en las pinches urnas”.

En nuestra incipiente democracia, el palpable triunfo parece entonces corresponder a la disidencia magisterial (CETEG y CNTE) apuntalada por intereses de grupos radicales y anárquicos. Su amenaza de boicotear los comicios y sus desmanes y actos vandálicos en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y el propio Distrito Federal sirvieron para conseguir lo que querían: asegurar sus plazas, cobrar su salario sin trabajar en las aulas y la suspensión indefinida del proceso de evaluación para el ingreso, la promoción y permanencia de docentes en la educación básica y media superior. El gobierno ha cedido y concedido a más no poder, timorato y carente de oficio dio marcha atrás a la reforma educativa, engendrando con recursos del erario a un monstruoso y envalentonado contrincante cuyo último interés es presentarse en las aulas y ofrecer la cátedra.

En las entidades que se mencionan, sus gobiernos han preferido fingir demencia con la esperanza de que pase ya la jornada electoral y, por sí sola, la paz social vuelva a prevalecer… como es previsible suponer, los gobernantes saben que no ocurrirá, porque las cosas del ayer que no se resolvieron oportunamente, en el México actual reflejan solamente el inicio de su escalada.  

La violencia, el voto nulo y la abstención, seguramente amenazan a la elección, pero si se institucionaliza el conflicto poselectoral, no sólo se pondrá en riesgo la integración de los poderes del Estado y la legitimidad de los resultados, sino también la estabilidad política y la paz social. Finalmente, la papa caliente estará en manos del Instituto Nacional Electoral y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), mientras tanto te sugerimos que no anules tu voto, pero si vas a votar, que sea tempranito para que no corras riesgos.  

 


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