Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

INCERTIDUMBRE O FUTURO PREVISIBLE

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 05-05-15)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

El responsable de las finanzas federales, Luis Videgaray, ha planteado que los recortes presupuestales realizados en el presupuesto de 2015 y los anunciados para el de 2016 seguirán durante varios años, es decir, en la referencia de un futuro incierto la economía mexicana deberá afrontar estoicamente la reducción de sus ingresos debido a que las perspectivas futuras han sido impactadas por tres factores totalmente negativos: 1) la importante reducción de los precios del petróleo que se mantendrán permanentemente; 2) la inminente elevación de las tasas de interés en Estados Unidos y la consecuente apreciación del dólar; 3) un bajo entorno de crecimiento en la economía global.

Con su declaración el señor Videgaray, ha dejado claramente establecido que la política de reducir el gasto del gobierno priista en los años por venir será de mayor austeridad y una vez más, para no perder la costumbre, los mexicanos tendremos que ajustarnos a una nueva realidad que en la pobreza extrema y en la ignorancia inocua, no sabemos a qué nueva realidad se refiere, probablemente su mensaje fue dirigido a los altos funcionarios, banqueros y empresarios que en su afán de acumular riqueza, han vivido una realidad diferente a los demás, que desde hace muchas décadas hemos padecido los impredecibles recortes presupuestales.

Quizá esa nueva realidad a la que tenemos que ajustarnos, sea aquella en la que si en las elecciones del próximo mes de junio, el PRI logra la mayoría en el Congreso, las instituciones públicas de educación, salud, medio ambiente, desarrollo social y de seguridad y de administración de justicia, serán las primeras en ser sometidas a dolorosos y costosos recortes que en el corto plazo agudizarán el deterioro de los salarios, de médicos, obreros, campesinos, policías, juzgadores y maestros, o que afectarán programas de largo plazo, como son: la contratación de jóvenes investigadores, la construcción o el mantenimiento de escuelas, caminos, hospitales y cárceles y, seguramente quedarán en riesgo los magros ingresos de pensionados y jubilados.

Quizá la realidad es que el futuro para los más jodidos es previsible y debemos prepararnos para lo peor, porque Peña Nieto y su gobierno que incluye al señor Videgaray, plantean que lo prioritario es preservar la estabilidad de la economía mexicana aun cuando aumente el rezago en los índices de bienestar social.

Quizá el panorama no es incierto para la acumulación del capital de las minorías, la explicación es clara, lo que no está planteado sobre la mesa de las discusiones, es qué hacer para estar en condiciones de proponer un plan de acción adecuado y determinar cuál es el objetivo fundamental de los recortes. Diputados y Senadores no lo saben y los que vienen a sustituirlos, sostendrán con el hueso asegurado y su verborrea que al evitar la inestabilidad de la economía, conjurarán las consecuencias negativas sobre las miserables condiciones de vida de la población.

En la determinación de que la prioridad es la estabilidad opera un principio económico que ha estado en el centro del debate público, tal vez, el asunto puede plantearse del siguiente modo: ¿frente a dificultades macroeconómicas cuál debe ser la respuesta del Estado? ¿Evitar que las dificultades afecten a los sectores sociales con mayores dificultades o mantener la inflación, las finanzas públicas y las cuentas externas en condiciones financieras adecuadas?

En Europa por ejemplo, cinco años atrás (junio de 2010), se puso en el centro de las discusiones, lo que usted plantea señor Videgaray, la noción de que habría que priorizar la consolidación fiscal y, consecuentemente, habría que reducir el gasto público para que el déficit fiscal fuera financiable sin complicaciones de largo plazo. La tesis europea fue expuesta con la imagen de que la austeridad, al producir confianza en la firmeza estatal para mantener su situación financiera bajo control, generaría crecimiento.

Cinco años después ha quedado demostrado que la austeridad no ha generado crecimiento. Por el contrario el efecto ha sido un estancamiento que ha provocado que Europa haya perdido muchas de sus capacidades para generar mayor producción a partir de niveles sociales de consumo suficientes. Políticamente la austeridad ha puesto en crisis el proyecto social de la Europa unida, afectando drásticamente a la población trabajadora que ha tenido que subsistir sin empleo por un tiempo demasiado largo.

Si el modelo en cuestión, fue aprendido durante sus constantes viajes al viejo continente, consecuentemente el gobierno mexicano se propone responder a dificultades ciertas con la misma caracterización que ha llevado a los europeos a un estancamiento recesivo de larga duración. Como advertencia, conviene señalar que Europa venía de años de crecimiento con bienestar social y que nosotros, en cambio, venimos de años de extrema pobreza, de rezago económico y de un estancamiento estabilizador sin el más mínimo indicador de bienestar social.

Quizá en su ámbito de competencia, convenga corregir la aplicación del modelo político-económico vigente en el país que se ha caracterizado por colocar el poder público al servicio de los intereses financieros y comerciales, generando además del estancamiento económico, la descomposición, la desigualdad, la dependencia, la pobreza, el desempleo, la devastación y la violencia, un entorno propicio para la corrupción, y no parece factible contrarrestar las desviaciones en el ejercicio de los cargos públicos si el gobierno no rectifica a tiempo las bases mismas que incentivan esas desviaciones.

Señor Videgaray, usted mejor que nadie sabe que en nuestro país, es indispensable plantear que ante la crisis, no es muy sano discernir caminos alternativos, sino poner de relieve qué otras vías de respuesta estatal son posibles y socialmente preferibles. Frente a la reducción de algunas fuentes de ingreso del sector público, una ruta obvia es incrementar otras fuentes de ingreso. No vaya a ser un engaño lo que el gobierno ha repetido tantas veces; que no se propondrán nuevos impuestos, ni aumentarán los existentes, cancelando una ruta que pudiera producir ingresos sin afectar las condiciones de vida de la población.

En tiempos electorales esta discusión debiera estar en el centro de las propuestas políticas, sin embargo, las fuerzas políticas que están en pugna y que pudieran impulsar una respuesta estatal que atienda prioritariamente las necesidades sociales fundamentales, como empleo digno y mayores salarios, ni saben que hacer, ni parecen estar interesadas en contrastar diferenciaciones de política económica de este tipo para perfilar en el mediano plazo una alternativa socialmente diferente.

La propuesta gubernamental de reducir el presupuesto, debería discutirse en todos los ámbitos posibles revelando sus debilidades teóricas y prácticas las cuales se reflejan después de que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción como andamiaje institucional que el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, consideró que tardará de dos a tres años para comenzar a funcionar y dar resultados ya que, para su implementación aún es necesario contar con el aval de la mayoría de las legislaturas estatales y la promulgación de leyes secundarias, sus reglamentos y la normatividad correspondiente.

Las declaraciones de este demagógico burócrata, marcan un punto de contraste con respecto al discurso optimista del gobierno federal, cuyo titular Peña Nieto, señaló que se trata de un problema cultural y de un esfuerzo inédito para realmente combatir y prevenir actos de corrupción en el ámbito público y también a veces en el ámbito privado y/o en el vínculo entre ambos sectores. A mí me parece que la dificultad de combatir la corrupción no radica en que se trate de un problema cultural, como señaló el propio Peña Nieto, sino que obedece a factores estructurales cuya modificación es condición incondicional para combatir con eficacia ese malestar endémico.

En efecto, es saludable y necesario que el Estado cuente con fuentes alternativas de ingresos y con herramientas jurídicas e institucionales para hacer frente a flagelos como la corrupción, que afecta por igual a los gobiernos de las distintas fuerzas partidistas en los órdenes federal, estatal y municipal, amén de que representa una pérdida importante de ingresos públicos que, de acuerdo con estudios de diversas organizaciones, se cuentan por miles de millones de pesos.

Los mexicanos no ignoramos que en nuestro entorno nacional, la aplicación del Estado de derecho es sistemáticamente soslayada, en lo oscurito sabemos que imperan altos niveles de impunidad para las diversas conductas ilícitas que se presentan en el país, la práctica inexistencia de consecuencias penales o administrativas con que se han saldado los episodios de presunta corrupción y manejo ilícito de los recursos públicos por parte de gobernantes, funcionarios o personas de su círculo cercano, no nos sorprende, los ejemplos allí están: Línea 12 del metro, el tren México-Querétaro y otros tantos bienes inmuebles de procedencia gris o blanca que no alcanzaría el espacio para señalarlos.

Sabemos que la impunidad es generalizada y la prevalencia del interés privado sobre el bien público genera sólidas estructuras de incentivos para que los funcionarios consoliden oportunidades indebidas de negocios al amparo del poder, cabe suponer entonces, que en ese futuro previsible, estos factores prevalecerán a pesar del inicio tardío de operaciones del Sistema Nacional Anticorrupción, su atención requerirá, sin duda, de medidas que vayan mucho más allá de la aplicación de la reforma recién aprobada.

No creen ustedes señor Peña Nieto y Videgaray que ante nuestra realidad, lo que es deseable y necesario es que las autoridades muestren voluntad política para actuar en ese sentido. ¿La tendrán o habrá que ir a buscarla en Europa?

 


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