Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

EL PODER DE FACTO Y LA VIOLENCIA INCONTENIBLE

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 05-05-15)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Como si fuera ciencia y ficción, se afirma que en México, la violencia es endémica e incontenible y que a pesar de los supuestos esfuerzos oficiales por minimizar el impacto de la inseguridad en la percepción social, la violencia, con furia incontrolable y el descontrol delictivo siguen afectando a la población en varias regiones del territorio nacional dando la impresión de que el empeño por desviar la atención de tales problemas no logra más que acrecentarlos.

El constante quebranto del estado de derecho y la duda de tener paz social en el territorio nacional, quedó demostrado recientemente durante los actos de violencia ocurridos en Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, con saldo de siete muertos y una veintena de heridos, en la cual se realizaron más de 40 narco bloqueos –varios de ellos incendiarios– y fue derribado un helicóptero de las fuerzas armadas. 

Estos actos bien orquestados, son la demostración fehaciente de que, a contrapelo del optimismo que puede apreciarse en el discurso oficial -al cual no le podemos creer nada-, los fenómenos relacionados con el auge delictivo, la inseguridad y la violencia no han variado de manera significativa entre el sexenio anterior y la ingobernabilidad palpable del actual, que a más de dos años de administrar el país, no ha tenido la capacidad, en los hechos, de dar un viraje real a la estrategia errática y contraproducente de seguridad.

Hasta cuando entenderemos que lo que el país necesita es contar con una política social, laboral, educativa y de salud capaz de actuar como factor preventivo contra la delincuencia; que la política económica que se mantiene intacta, provoca desarticulación social, desempleo y marginación; que prevalece la impunidad ante la casi totalidad de los crímenes perpetrados tanto en la administración pasada como en la actual, y que se ha postergado el saneamiento de las corporaciones policiales del gobierno, toda vez que las fuerzas armadas siguen siendo empleadas en tareas ajenas a su mandato constitucional reproduciéndose con frecuencia los casos de abuso militar y policial, así como presuntas ejecuciones extrajudiciales.

En las cacareadas reformas constitucionales de Peña Nieto, los derechos humanos no aparecen por ningún lado, éstos han experimentado un estancamiento en las acciones oficiales para garantizar su observancia e incluso se ha manejado la negación de la realidad respecto del clima de vulnerabilidad generalizada en que se encuentran las garantías individuales, como quedó de manifiesto con el diferendo entre la cancillería y la Organización de las Naciones Unidas respecto de la persistencia de la tortura en el país.

A decir del gobierno, el repunte de violencia en el occidente del país sería una respuesta delictiva al operativo lanzado por las fuerzas federales contra el cártel Jalisco Nueva Generación. No obstante, si se toma en cuenta la coordinación castrense y la amplitud con que se efectuaron los bloqueos e incendios referidos, los ataques perpetrados parecen, más que una reacción, un abierto desafío al Estado por parte de una de las organizaciones más violentas y sanguinarias de los años recientes y la cual parece haberse consolidado regionalmente a la par del desmantelamiento de otros cárteles de proyección nacional e internacional.

Como garante de la seguridad pública y de la observancia de la legalidad, el notorio incumplimiento del Estado representa un desgaste político que conduce, a corto o a largo plazo, a la ingobernabilidad, como ya se ha constatado en diversas entidades. Frente a ello, el optimismo oficial y particularmente el del presidente de la República, constituye una postura tan equivocada como riesgosa en la medida que merma la capacidad de las autoridades para resolver uno de los problemas más ominosos de cuantos padece la población. Tanto el narcotráfico como la corrupción han rebasado lo permisible.

Desde luego que el poder acumulado por las organizaciones delictivas no es nuevo y sería improcedente achacarlo nada más a la presente administración, sabemos bien que es producto de una cadena de omisiones e irresponsabilidades que involucra a las autoridades federales, estatales y municipales, las cuales, desde hace varios sexenios, haciéndose de la vista gorda, han permitido la infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones de seguridad pública y han abandonado a su suerte a la población ante el embate de esos grupos. Garantizar la vida, la integridad física, el patrimonio y el libre tránsito de la población se quedaron ilegibles en el tintero.

La violencia carece de límites para quienes la ejercen y para los que no, ha adquirido dimensiones inconmensurables. El problema se ha reproducido en forma geométrica y no hay visos de mejoría. Lo mismo sucede con la corrupción, con la impunidad, con la injusticia, con la pobreza, con los políticos ladrones y con la mediocridad de nuestros gobernantes.

Mientras que el presidente Peña Nieto y su gabinete de seguridad crean que todo marcha a la perfección, la justicia cotidiana en sus vertientes civil, laboral, mercantil y administrativa, seguirá rezagada, olvidada y, en muchos de los casos rebasada, la causa nos lleva a que los procesos son excluyentes, lentos, complejos y costosos, lo que genera espacios de ilegalidad e impunidad, de corrupción y abuso, y si a ello, agregamos la desastrosa situación que impera en el ámbito penal entre procesados y sentenciados, podemos concluir que la procuración y la impartición de justicia enfrentan una situación de desastre que hace cuando menos cuestionable la existencia de un estado de derecho que confluye en la crisis institucional generalizada por la que atravesamos.

Queda demostrado en este sentido, que el monumental déficit de justicia en todas sus vertientes tiene sus raíces en la corrupción y en la injusticia social y económica y, por ello, las acciones aisladas en los ámbitos de la procuración y la impartición difícilmente se traducirán en una mejoría perceptible si no van acompañadas por un lado, de una moralización general de las instituciones públicas, y por el otro, de un replanteamiento de la política económica vigente.

Sí usted ha tenido oportunidad de entrar a un tribunal, se dará cuenta que los principios de equidad e imparcialidad resultan meras abstracciones cuando entre los litigantes que se enfrentan en los tribunales existe una desigualdad tan aplastante como la que separa a trabajadores de bajo escalafón y empleadores poderosos, a consumidores individuales y corporaciones trasnacionales, a comunidades indígenas y promotoras de megaproyectos, a usuarios de servicios financieros y grandes bancos, a ciudadanos atropellados en sus derechos e instituciones de seguridad pública. Si a lo anterior se agrega la apestosa descomposición existente en procuradurías y ministerios públicos, resulta claro que la desproporción de los recursos que unos y otros pueden invertir en un juicio equivale a un juego con cartas marcadas.

Por desgracia, lo que nos ocurre forma parte de una descomposición institucional y social de gran calado que no podrá ser resarcida con políticas como las que han mantenido vigentes las recientes administraciones, incluida la actual, que se distinguen por su carácter meramente reactivo y superficial.

Todos sabemos - menos los gobernantes en turno- que para superar el empantanamiento de la justicia en sus diversas vertientes y después de casi nueve años de una violencia inducida por la equívoca estrategia gubernamental de seguridad pública y combate a la delincuencia, la sociedad mexicana reclama  reformular el rumbo del país y emprender una transformación orientada al restablecimiento de condiciones mínimas de justicia social, democracia económica, transparencia, rendición de cuentas y respeto irrestricto a los derechos humanos. Esto es un proceso de reconstrucción nacional el cual, a su vez, tendría que concertar el respaldo y la participación de todas las fuerzas políticas y sociales de la nación.

Los hechos ocurridos en él occidente, además de exigir que el gobierno federal muestre voluntad política para reconocer la realidad y para afrontarla de manera inteligente y responsable. Obligan a recordar que, a pesar de la detención de capos del narcotráfico, el estado de derecho sigue viéndose reducido al nivel de ficción y de buen propósito, y que pese a los incesantes operativos y desplazamientos de efectivos policiales y militares, importantes sectores de la población están temerosos a merced de las acciones de grupos criminales que sin lugar a dudas ejercen, en varias zonas, un alarmante poder de facto.

 


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