Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

ESCLAVITUD O JORNADA LABORAL

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 06-04-15)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

De las múltiples zonas que van quedando en la obscuridad por el olvido permanente que tienen los diferentes niveles de gobierno de la República, una es imperdonable: la vida errante y las vicisitudes de los jornaleros agrícolas que en la búsqueda de un trabajo digno van de un lugar a otro sin tener un fin determinado. 

En días pasados, esa obscuridad dejó al descubierto la esclavitud disfrazada de explotación laboral que muy lejos de sus tierras, padecieron inmisericordemente un grupo de más de 200 trabajadores tarahumaras que fueron  “enganchados” y trasladados desde el municipio de Creel en Chihuahua, hasta el de Comondú en Baja California Sur por la empresa denominada Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola con domicilio en Guanajuato. 

El grupo de jornaleros indígenas (la mayoría sin saber leer y escribir) fue empleado en condiciones ilegales, insalubres y de miseria salarial en la cosecha de papa por un lapso de seis semanas. Posteriormente, serían llevados a cosechas en Sinaloa y Sonora. Ese caso grave, de corrupción laboral, habría pasado como muchos otros, sin que autoridad alguna tomara cartas en el asunto.

Los “enganchadores”, como pillos profesionales en esta materia, reconocen que actúan en franca complicidad con servidores públicos de varias dependencias y al agarrarlos con las manos en la masa, aceptaron que a los jornaleros agrícolas no les pagaban sueldo de manera correcta y sólo les prestaban abonos de 200 pesos para que compraran algunas cosas necesarias y al final de la cosecha les liquidaban: Ellos cobraban al patrón ocho pesos por costal de papas, mientras que a los jornaleros sólo les daban cuatro pesos por bulto, lo que significa que tenían que llenar 18 bultos para ganarse un salario mínimo (71 pesos con10 centavos).

Tal descubrimiento fue un desagradable episodio que tomó por sorpresa a más de uno, incluyendo al responsable de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, (cuyo salario mínimo de su cargo público es de 6,837 pesos por día) quien se vio obligado a modificar su plan vacacional de estos días y muy quitado de la pena, expuso que durante la inspección realizada por personal de la dependencia, se detectó al menos 15 niños desde bebés hasta adolescentes menores de 14 años, 10 de los cuales se encontraban trabajando fuera de lo que marca la tantas veces pisoteada ley laboral en nuestro país.  

Los inspectores comisionados por Navarrete Prida, constataron que un primer grupo de 100 trabajadores se encontraban alojados en condiciones insalubres; hacinados en pequeñas chozas elaboradas de manera provisional con palos, cintas, plásticos negros, costales y cartón, entre charcos de lodo y basura, baños totalmente contaminados y poco acceso al agua. Un segundo campamento de trabajadores agrícolas de la sierra Tarahumara, fue encontrado en las mismas condiciones de insalubridad y hacinamiento que el primero.  

La dependencia federal detectó 113 violaciones a la legislación laboral, entre las irregularidades y presuntos delitos que se pueden deslindar están: trata de personas, explotación laboral, explotación infantil y posible privación de la libertad, así como diversas violaciones a los derechos humanos de los trabajadores y sus familias, así como condiciones inseguras e insalubres en el área de trabajo, falta de sanitarios y agua potable, falta de áreas adecuadas para la toma de alimentos, falta de equipo de protección personal y muchos etcétera por delante.

Ante las diversas conductas delictivas encontradas durante la inspección, se solicitó la intervención de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur por el delito de trabajo infantil y la Comisión Estatal de Derechos Humanos levantó un acta circunstanciada por presuntas violaciones a los derechos humanos de los trabajadores y sus familias. Ambas instancias, señalaron que posteriormente se deslindarán responsabilidades y la detención y consignación de los presuntos responsables, de hecho, la Procuraduría General de la República da seguimiento a la denuncia en contra de quien resulte responsable y habrá que esperar el resultado. Ya veremos si una vez más, seguimos en la obscuridad de los hechos o de qué cueros salen más correas.

Mientras tanto, lo único que ha ocurrido ante estos lamentables hechos, fue que el Gobierno de Baja California Sur expulsó a 92 jornaleros tarahumaras –incluidos 18 menores– que fueron trasladados prácticamente como indeseables desde La Paz hasta Topolobampo, Sinaloa. El grupo de jornaleros tarahumaras se había negado a regresar a su estado de origen señalando que no tenían empleo, además de que manifestaron su interés de terminar el periodo para el que fueron contratados para el levantamiento de papa.         

Al respecto, también muy quitado de la pena, José Luis García, secretario de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua, dijo sin que le creamos mucho, que son respetuosos de la decisión que tomó unilateralmente el Gobierno de Baja California Sur y aseguró que el gobernador Cesar Duarte giró la instrucción de que al grupo de indígenas expulsados los trasladarán en camión o ferrocarril hasta sus comunidades, donde se les ofrecerá (quien sabe en qué) un empleo formal temporal y el servicio de guardería para los menores.

       
Después de ahogado el niño, a tapar el pozo, Duarte anunciará en los próximos días un programa en favor de los miles de jornaleros que llegan a la entidad en la temporada primavera-verano a diversas regiones del estado con mayor superficie del país.

La única verdad de todo este suceso, es que este caso de explotación nos debe dejar una experiencia importante y el compromiso para que el gobierno de Peña Nieto inicie como lo ha hecho con sus reformas jurídicas, una campaña fuerte de prevención para evitar que la misma situación se repita en muchos lugares del país donde los jornaleros de diversos sectores productivos, han caído en un hueco inmenso de silencios e ignorancia en el quehacer cotidiano de los políticos mexicanos.

Su incierta situación laboral, sin corregirse aún, ha sido y seguirá siendo terreno baldío e insalubre, digno solamente del clasismo racial que afecta a muchos connacionales. Todo lo demás son puros cuentos.

 

 

 


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