Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

VALLE DE SAN QUINTÍN, INCOMPRENDIDAS FRUSTRACIONES

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 06-04-15)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Todo parecía indicar que a partir de enero, el salario mínimo tendría un ascenso importante. La iniciativa de ley que el presidente Peña Nieto anunció para desvincular el salario de multas, tarifas, hipotecas y pensiones, era una pieza clave para avanzar en ese sentido. Pero oh sorpresa, nuevamente el navegante quedó fuera de ruta, el salario mínimo alcanza sólo para dos cosas para nada y para pura….: en la zona geográfica A, donde está el Distrito Federal, las dos Bajas Californias, Acapulco, Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Matamoros, Reynosa y Coatzacoalcos, entre otros el salario será de 70.10 pesos diarios y en el área geográfica B, que comprende estados como Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Quintana Roo, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, el sueldo mínimo será de 66.45 pesos diarios. 

En el Valle de San Quintín, a pesar de la relativa tranquilidad que le caracteriza, nubes negras de tormenta le amenazan al igual que en Comondú con los tarahumaras. En la escena actual, éste Valle, es el principal productor agrícola de Baja California, donde labora un verdadero enjambre de cerca de 80 mil jornaleros agrícolas. En días pasados, en estos extensos y productivos valles agrícolas sin la graciosa intervención de las televisoras o de reporteros extraviados, se presentó la súbita y masiva explosión del corajudo descontento popular. La irrupción de los trabajadores del campo fue un hecho de la mayor relevancia para los motivos de la actualidad nacional.

Ver una muchedumbre de campesinos, mal ataviados, cortar caminos y agruparse masivamente en torno a sus nuevos liderazgos fue causa de asombro y temores de las autoridades estatales y federales que brillan por su ausencia en la región, la mayoría de los rijosos como les llama el gobernador, son migrantes internos originarios de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y otras entidades del interior de la república y forman parte de los millones de mexicanos vulnerables que debido a la pobreza y a la falta de empleos formales, renuncian a sus comunidades indígenas y campesinas de su origen,.

De acuerdo con datos de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social., muchos de los jornaleros no han concluido la educación secundaria y con el afán de tener un trabajo que garantice el pan de sus hijos y familias, se someten a condiciones de esclavitud que las grandes empresas del sector disfrazan de beneficios incluso actuando en complicidad y franca corrupción con servidores públicos de diversas instituciones que se ven beneficiadas por esta cadena irrompible de explotación laboral.

Este grave escenario, no es exclusivo de San Quintín, se presenta  en los estados de México, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Chiapas, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán y Puebla, entre otros y afecta a más de 2 millones de personas o quizá muchas más, que sin tener un contrato formal de trabajo; carecen de prestaciones y no pueden acudir al médico si sufren un accidente laboral o se enferman. Los jornaleros de San Quintín, lo único que exigen es un salario digno, que les paguen las horas extras, trabajo de ocho horas en lugar de 16, los días festivos y el séptimo día de descanso, como marca la ley.

El salario de los jornaleros que se presenten a trabajar a los campos agrícolas del valle se incrementa 15 por ciento, conforme al compromiso que hizo la parte patronal en la mesa de diálogo, que respeta el derecho de los trabajadores a continuar su movimiento en demanda de un sueldo homologado de 200 pesos el día y el pago de 20 pesos por caja de fresa, mora, pepino y tomate en la pizca a destajo, éstos son productos que, en las mismas calles circundantes, tienen un valor bastante más alto.

Las organizaciones rechazan los actos de represión contra los jornaleros organizados que luchan en legítima defensa de sus derechos laborales y proponen diseñar políticas públicas para cuidar esos derechos, generar un diálogo respetuoso con sus empleadores y con las autoridades, e incorporarlos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, las autoridades federales haciéndose como que no oyen, todavía tratan de bajarle el tono a las básicas e inexplicables exigencias de tan numerosos trabajadores del campo, a pesar de haber constatado la falta de verificaciones de la Secretaría del Trabajo Estatal, que derivó  en el paro que miles de jornaleros mantienen desde el 17 de marzo en la zona.

Su homólogo en el nivel federal precisa: Como las extensiones de tierra son muy grandes, se descuidó por muchos años la vigilancia; haber dejado tanto tiempo el trabajo de inspección tiene consecuencias. Añade que la ubicación, extensión y clima del valle dificultan las verificaciones, y detalla que se requieren entre siete y 10 inspectores para tres días de trabajo. Se requiere el uso de helicópteros (como el que usa para asuntos personales David Korenfeld Federman, titular de la Comisión Nacional del Agua) y otros medios para transportarnos, pero a veces no nos dan todo lo que quisiéramos para la eficiencia de nuestro trabajo. La dependencia federal afirma:

Nosotros coadyuvamos para atender la emergencia pero este problema compete atenderlo directamente al estado, por tratarse de sus facultades en el sector. El vocero en el tema es el gobernador (Francisco Vega de Lamadrid). Otro más de los gobernantes que lamentablemente no quiere atender a esa muchedumbre de rijosos. Los observa desde el aire, desde el campo militar o en una forzada visita rápida en selecto hotel de la comarca, según dicen, varios altos funcionarios de su gobierno son, al mismo tiempo, empresarios agrícolas (ranchos), ilegítima connivencia que se repite durante años. Este cruce de papeles e identidades ha impedido, antes, ahora y después, la debida comprensión del problema y, por tanto, su tratamiento.

Resalta, en estos momentos álgidos, la distancia con el gobierno panista de Baja California. En el actual diferendo y negociaciones ha sido notoria la ausencia de los empresarios, algunos son dirigentes de trasnacionales boyantes que en cierta forma, son discretas potestades. La dependencia, señala que a muchos les falta información, porque como nunca antes nadie había ido a sus ranchos, desconocían la normatividad. Se cree que todos empezaron en la informalidad.

Uno de los empresarios agrícolas más poderosos del valle es Felipe Ruiz Esparza, hermano del actual secretario de Comunicaciones y Transportes, él es socio y dueño del rancho Seco o rancho Magaña, uno de los más importantes de la región, desde donde presume su influencia política para evitar que los miles de jornaleros agrícolas reciban mejores salarios y prestaciones laborales. Sus amenazas e influencias, parecen tener sustento. Cuatro inspectores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entregaron a pequeños agricultores un citatorio del jefe del Departamento de Auditoría, para que se presenten a las oficinas de la subdelegación en Ensenada, deberán de entregar entre otra documentación, copias fotostáticas de las liquidaciones de sus cuotas obrero-patronales, de su nómina, lista de raya y recibos de pago de sus trabajadores, así como de su registro patronal ante el IMSS y listado de jornadas semanales.

Los trabajadores con cierta desconfianza, demandan reanudar la mesa de diálogo, con la presencia de un representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y funcionarios de la Secretaría de Gobernación y subrayan el compromiso del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social de afiliar a todos los jornaleros y sancionar a las empresas que incumplan esta obligación, así como evaluar la posibilidad de que se construya en San Quintín un hospital general, ya que el número de derechohabientes se incrementará como conquista del movimiento.

Para este movimiento, otro mundo aparte se acomoda en torno de la información, la crítica, la difusión y la interrelación con los medios masivos. En este campo, los gobiernos son activos participantes. El gobierno de Baja California no canta mal las rancheras, es oficiante en sendos canales televisivos, dueño de diarios, formidable anunciante, dispensador de favores, atento, receloso y en ocasiones hasta despreciativo con los periodistas independientes y críticos. Es permanente investigador del ánimo popular, cotidiano escucha de la radio, lector de periódicos (aunque sea a través de resúmenes), benefactor para con sus aliados y muy severo con la disidencia.

La rebelión de los jornaleros del Valle de San Quintín los agarró desprevenidos, era un suceso esperado sólo por aquellos que entienden o se preocupan por los de mero abajo. Se incubó, por largo tiempo, con desprecios e intereses cruzados con esa parte correspondiente del empresariado. Los trabajos forzados a los que han sometido a los oaxaqueños, chiapanecos, poblanos, guerrerenses o veracruzanos que fueron a dar a esos ranchos, abarcan más de tres generaciones que no son bien vistas ni siquiera para atraer sus votos, porque un inmenso número de ellos no tienen registro alguno y ni siquiera cuentan con actas de nacimiento.

El problema revela muchas aristas: Una, para empezar, es la voluntaria ignorancia de lo que ahí sucede por investigadores, comunicadores y gobierno. Dos, la connivencia de empresarios con las autoridades estatales. Tres, el manoseo criminal de los sindicatos blancos y oficialistas (CROM, CTM). Cuatro, el gobierno del estado confía en la buen voluntad de la parte patronal pero nunca ha aplicado los métodos legales para garantizar que los patrones cumplan los compromisos adquiridos.

Cinco, la fuerza de la protesta ya se siente hasta la cúpula del poder establecido, aun cuando el movimiento ha quedado confinado a sólo algunas líneas del periodismo apegado a la versión oficial y al discreto menosprecio de los medios electrónicos, su importancia no podrá, en adelante, ser soslayada o incluso tratar de ningunearla, tal como hasta ahora. Seis, las deformaciones que esta actividad laboral ha venido padeciendo se deben, en gran parte, al manoseo que los distintos gobiernos han ejercido sobre la misma. Unos más que otros es cierto. Pero el actual, está llevando las cosas a extremos indebidos y muy poco sanos para la vida democrática de la nación. Se dice que los efectos de tal involucramiento se verán con clara trasparencia en unos dos o tres años a lo sumo. Para entonces, ya todo será parte de un pasado de incomprendidas frustraciones.

 

 


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