Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

LEGITIMIDAD

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 19-01-15)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

El tiempo se ha agotado, la legitimidad, como fundamento del poder político del gobierno de Enrique Peña Nieto se cae a pedazos y por una mala cimentación que se refleja en su gabinete, está a punto de desmoronarse y caer por los suelos, ya no queda espacio para el cinismo, la simulación o el discurso fingido y demagógico, menos aún para la amenaza autoritaria. La barbarie de Ayotzinapa ha provocado en el clamor de la sociedad mexicana una solidaridad que se expresa en el repudio generalizado no sólo a la desaparición de los 43 estudiantes, sino al sistema de corrupción impune que la produjo. El reclamo y la exigencia nacional no se reducen al esclarecimiento de ese oprobioso suceso, sino que incluye el imperativo de poner fin a la inocultable podredumbre y consecuente pestilencia que ha invadido a la estructura política y ética del Estado.  

Ante los hechos lamentables, el gobierno federal y su procuración de justicia, nunca ha reconocido su responsabilidad en el asunto, y mucho menos, ha sido capaz de emprender acciones inmediatas, concretas, eficaces y convincentes para restaurar la seguridad y evitar que atrocidades como ésa se repitan.

Convencer a una sociedad agraviada por los estragos del mal gobierno, implica la autocrítica sustentada en una auténtica voluntad de cambio real y profundo en la forma de gobernar, implica que Usted como presidente de esta gran nación, abandone el papel protagónico de una telenovela política inverosímil y ofensiva para asumir cabalmente su responsabilidad como jefe del Estado mexicano, acorde con su oferta de campaña y la legitimidad de ejercer una presidencia democrática.

Las condiciones son: 1.- Valorar la gravedad de la situación para poder transformarla con inteligencia y visión de Estado en garantías individuales para la instauración del derecho de la ley y el fin del imperio de la impunidad. 2.- Hacer frente a la delicada coyuntura que enfrenta el país (corrupción, impunidad y violencia prevalecientes), lo cual implica reconocer la carencia de un verdadero estado de derecho como causa de los principales males que nos aquejan.

Con todo respeto a su investidura, el primer paso para lograr la legitimidad de su gobierno es garantizar que la corrupción a gran escala practicada impunemente en los contratos otorgados a particulares en todos los sectores de la economía se prevenga, evite y castigue mediante una legislación rigurosa, instituciones autónomas y funcionales, así como con auditorías independientes y creíbles que se traduzcan en condición para restaurar la confianza de la sociedad y permitir que las reformas estructurales que ha promovido se manifiesten realmente en crecimiento económico y aumento de la productividad en beneficio de la ciudadanía.

Lamentablemente y usted lo sabe, la puesta en escena de la primera dama frente a la embarazosa situación de la Casa Blanca de Las Lomas no resultó convincente y sí, en cambio, omitió dos temas esenciales: el conflicto de intereses surgido de la relación del presidente y de su esposa con el Grupo Higa, y la obligación del mandatario de incluir los bienes de su cónyuge en su declaración patrimonial. A pesar de la opacidad del caso, la decisión de vender la residencia podría interpretarse como un mea culpa implícito, o pensarse que todo quedó en escándalo efímero y deshonra soportable.

Su oferta presidencial para realizar durante el presente año la mayor inversión en infraestructura de la historia del país, no debe dejar dudas, tiene que estar respaldada en la absoluta transparencia de las licitaciones correspondientes, con el fin de cancelar toda posibilidad y sospecha de corrupción en cada una de las obras multimillonarias anunciadas. Las irregularidades que ocasionaron la intempestiva cancelación de la licitación del tren rápido México-Querétaro deben explicarse claramente para impedir el rumor de que se repitan. Ello incluye a los recién reformados sectores energético y de telecomunicaciones, así como el ambicioso proyecto carretero, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la nueva licitación del tren a Querétaro, y también la del tren rápido al Estado de México, en la que otra vez se pretende beneficiar a empresarios ligados al Grupo Atlacomulco, como se documenta en la anterior edición de Proceso (1985).

El aparato coercitivo y judicial del Estado están fracturados, en materia de seguridad y justicia la legitimidad de su gobierno ha alcanzado un nivel mediocre e ínfimo, la crisis en estos temas rebasa al procurador Murillo Karam y es también resultado de la carencia del estado de derecho, lo que propicia la corrupción de la política. A la infiltración del crimen organizado en la mayoría de los municipios y en varios estados de la República se agrega la presunta complicidad de altos representantes de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo con los cárteles del narcotráfico, y el fracaso de la estrategia para combatir a la delincuencia es innegable.

La tragedia de Ayotzinapa y los enfrentamientos armados en Michoacán a pesar del comisionado federal Alfredo Castillo que viola la autonomía estatal, son consecuencia de ese fracaso. Sería un grave error intentar tergiversar los hechos con el fin de propiciar el desvanecimiento paulatino de las manifestaciones de protesta. El compromiso con la verdad jurídica sobre los acontecimientos de Tlatlaya, Ayotzinapa y Michoacán representa una responsabilidad ineludible del Estado que no debe ni puede sacrificarse por cálculos políticos.

Recuperar la legitimidad perdida es igualmente indispensable para ejercer la autoridad en los casos de violencia y violación a derechos de terceros en los estados de Guerrero y Oaxaca, donde lamentables hechos de vandalismo han ensombrecido las expresiones pacíficas de protesta por la desaparición o masacre de los normalistas en Iguala.

Señor Peña Nieto, en este año electoral, la legitimidad y la viabilidad de su gobierno, así como el futuro del país, están en jaque. La Nación enfrenta un gran desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad histórica. Ambos son ineludibles. Voces expertas comentan que el fracaso frente a esta situación límite nacional tendría consecuencias incalculables para México y rumoran que el daño en legitimidad del presidente y su gobierno no será pasajero, a menos que se enfrente el problema de la corrupción con la voluntad de resolverlo, no de facilitarlo y ocultarlo como parece estar ocurriendo.

Ciertamente, lo deseable es que prevalezcan la reflexión y la prudencia, pero no vergonzosamente ante los ojos del mundo, la impunidad, la corrupción y la ausencia de gobierno. El gran reto para usted, su gabinete y gobernadores en turno es cómo recuperar dicha legitimidad, cómo restaurar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos en sus gobernantes, la solución para nosotros parece ser muy sencilla, solamente se requiere predicar con el ejemplo y gobernar con justicia, honradez e inteligentemente. ¿Será mucho pedir? 

 


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