Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

AL COMENZAR EL AÑO

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 12-01-15)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Al reunirse con embajadores y cónsules en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el ombudsman nacional Luís Raúl González Pérez, afirmó que en la promoción y defensa de los derechos humanos, la proyección de México en el extranjero no se ha traducido adecuadamente en el plano interno y mucho menos corresponde con la realidad del país, donde la compleja situación que se vive hace que asuntos como la tortura, ejecución extrajudicial, migración, discriminación en todas sus formas, especialmente hacia las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, trata de personas, ataques a periodistas y defensores civiles de derechos humanos, así como la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, requieran especial atención y seguimiento durante el año que comienza.

En algunas partes del territorio nacional, particularmente en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la situación de los derechos humanos atraviesa por un periodo de crisis, "ante la cual la sociedad demanda acciones inmediatas y efectivas que den cauce y respuesta a sus exigencias de justicia, legalidad y respeto pleno a la dignidad humana, lo que ha contribuido a la desconfianza y falta de credibilidad en las instituciones del Estado.

Se refirió a casos de violaciones a los derechos fundamentales, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como la matanza en Tlatlaya, “que han sacudido la conciencia y dado visibilidad a un malestar social muy difundido. Por ello urge realizar un ejercicio autocrítico, con el propósito de buscar mecanismos para hacer compatibles el discurso exterior con la política interior en la materia.

Advirtió que los desafíos "impulsan a dejar atrás viejas estructuras del mundo jurídico para dar paso a un derecho más funcional, flexible y con perspectiva internacional", basado en modelos mundiales de las normas de derechos humanos y en normas no vinculatorias, como las observaciones generales emitidas por comités y órganos de tratados, resoluciones y directrices de organismos globales y los parámetros de la jurisprudencia internacional. El ejercicio cabal de las atribuciones de la CNDH no busca debilitar, sino fortalecer el Estado mexicano, mediante los señalamientos de las violaciones a derechos humanos en que incurran funcionarios. "El derecho fortalece al Estado democrático. Su aplicación rigurosa para corregir los errores en que incurran los servidores públicos fortalece la credibilidad y legitimidad de las instituciones", aseguró.

El año comienza con una trágica y cómica caricatura del poder. Desubicados por la acumulación de crisis sin resolver, desprovistos de eficacia operativa, desgastados y deslegitimados ya no sólo por el origen electoral sino por los resultados fácticos, los miembros de la élite nacional perdieron la brújula, van sin rumbo definido dando tumbos de torpeza e insensibilidad.

Enrique Peña Nieto es llamado a Washington para cerrar la aberrante operación de adquisición de crudo ligero de Estados Unidos (intercambio peculiar, según lo que explica Pemex, recibiendo ligero para enviar pesado, en esos rejuegos en las alturas que al estilo de ¿dónde quedó la bolita? han servido históricamente para ganancias y corruptelas de los funcionarios involucrados en tan oscuras maniobras).

País petrolero es México y ahora, en el colmo del hundimiento nacional, “El barco de la esperanza y la incertidumbre”, conducido por Peña Nieto llega al extremo de la importación de los recursos energéticos que por otro lado tenemos en subasta bajo sospecha de corrupción y bajo certeza de daño a la soberanía y al interés nacional.

En escena aparece, José Ángel Gurría, corresponsable de la tragedia nacional desde diversos cargos públicos que ha ocupado (la Secretaría de Hacienda y la de Relaciones Exteriores, entre otros) y encargado ahora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y garante de la transparencia de la licitación pública del tren rápido México-Querétaro y del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

La noticia tiene dos vertientes preocupantes: por una parte la solicitud para que la OCDE actúe como garante de la transparencia en las mayores obras previstas para este sexenio, constituye un grave reconocimiento de que las instituciones nacionales no son capaces de fiscalizarse a sí mismas ni de asegurar la probidad en los concursos a los que convocan; por la otra, representa una inaceptable cesión de soberanía a un organismo que es, por sí mismo y por su actual secretario general, parcialmente responsable de la imposición en nuestro país del dogma neoliberal, el cual ha causado un enorme daño a la economía, al tejido social y a la institucionalidad.

Gurría un experto en cinismos técnicos con cargo a presuntas maestrías en asuntos económicos habla de lo bien que nos irá con las políticas peñistas, de la competitividad del país y de la importancia de impulsar reformas, reformas y reformas (versión moderna de la proclama salinista de hacer política, política y más política).

En los portales de Internet podía leerse ayer mismo la vaciladora defensa hecha por Gurria en cuanto a la importación de crudo estadunidense: el vecino imperial normalmente no vende ese recurso, y ahora ¡aceptó venderlo a México!, lo cual permitirá que nuestras refinerías lo procesen mejor, pues es más ligero que el nuestro, y habrá una reducción de los costos de los insumos de producción de las empresas. El mismo ánimo festivo corresponde a los precios del petróleo que van en caída y se están llevando entre las patas presupuestales a la administración peñista, pues, siempre según la Doctrina Gurría, eso baja los costos de las empresas nacionales y les da mejor posicionamiento para exportaciones. ¡Felizmente comienza el año!

Menos optimistas están los tripulantes directos del desbarajuste nacional. Peña Nieto y Videgaray preparan ajustes al presupuesto de egresos 2015, que en los hechos ya es inexistente a causa de la disminución del precio internacional del barril de petróleo. Justamente cuando más dinero necesitan para derrochar en campañas electorales y en asistencialismo que desactive aunque sea provisionalmente la extendida insatisfacción social, los peñistas se topan con otro desastre, el de las finanzas públicas secamente golpeadas por el factor petrolero y la debilidad del peso frente al dólar.

Por lo pronto, el grupo en el poder, considera adecuado conservar el buque majestuoso del gasto burocrático, sobre todo el de los excesivamente bien pagados funcionarios de alto nivel, sus lujos y compensaciones y en medio de los peores augurios pretende resplandecer, intacta, inamovible, la farsa electoral en turno, que suele ser una fuente de gastos incalculables provenientes de tesorerías federales, estatales y municipales y de financieros privados cuyas maniobras también dañan la economía nacional.

Mientras tanto, dirigentes de organizaciones campesinas fueron informados ayer de la condición precaria, casi fallida, de los acuerdos políticos y administrativos a los que se llegue para fortalecer el campo, no sólo para responder a demandas futuras sino incluso a adeudos previos, pues el impacto de la caída petrolera significará la imposibilidad del gobierno federal de erogar los recursos que no tendrá.

Habrá ajustes al gasto público, dijeron altos funcionarios federales a los representantes agraristas, y hasta ahora Los Pinos no ha dicho si aplicará un plan de choque a los sueldos, prestaciones y privilegios de la alta burocracia. Bueno, ni siquiera se ha dicho si serán de menor calidad algunos de los adornos de lujo del avión presidencial por venir y su hangar también majestuoso.

Pueblo pobre, elecciones ricas. Finanzas públicas pobres, financiamiento y prerrogativas amplias a partidos ricos. Habrá, por ejemplo, un superávit de anuncios en radio y televisión, con 7 millones de emisiones partidistas, según el INE, llamando a votar y a decidir el México que se desea. Dicho territorio de ciencia y ficción ha sido alcanzado, sin embargo, por el caso Iguala, que sigue irresuelto. En Guerrero no sólo hay quienes promueven la anulación del voto como muestra contable de la inconformidad social. Familiares de los normalistas desaparecidos, y activistas en general, han llamado a impedir las elecciones de julio próximo.

Al respecto, Lorenzo Córdova Vianello, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), recordándonos a Cantinflas hace malabares para explicar que en la entidad sureña los planes electorales se van atorando y muy probablemente se tenga que reajustar el calendario y eventualmente redimensionar los objetivos de la organización de la elección debido a la situación de excepcionalidad que se está viviendo en algunas partes de esa Entidad.

Sinceramente les deseamos un buen comienzo de año.

 

 


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