Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

AGUA QUE NO HAS DE BEBER

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 27-10-14)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Después de un mes de agitación en las calles de diversas ciudades de Guerrero y en el Distrito Federal, a causa del asesinato de 6 personas, tres normalistas, y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Ángel Aguirre se convenció de solicitar licencia al cargo de gobernador de Guerrero cuando Carlos Navarrete el líder de su partido político le puso sobre la mesa un expediente elaborado por el gobierno federal en su contra, La reacción del mandatario fue solicitar al PRD que negociara su licencia y se garantizara de antemano su inmunidad y la de su secretario de finanzas, Jorge Salgado, ante la administración central ¿porque será?. 

Prácticamente tenemos mes y medio de cobertura de masacres e inseguridad, la primera la de Tlatlaya y después la de Iguala, dos lamentables sucesos que hicieron que por arte de magia nos olvidáramos de lo sucedido en Sonora, pero que el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, nos recordó y confirmó en su comparecencia ante diputados que durante cuatro años, entre 1999 y 2002, Grupo México explotó agua potable para sus procesos de extracción de cobre en Cananea, con un permiso para uso público urbano y no de tipo industrial.

A Grupo México, en el sexenio de Ernesto Zedillo, se le otorgó con vigencia de 10 años la concesión número H2SON10027608HMGC99, que amparaba mil 700 millones de metros cúbicos de agua, a la que renunció en 2002 y cedió al ayuntamiento de Cananea, la cual está vencida y cuya prórroga no se ha ratificado. Durante el gobierno de Vicente Fox, se le autorizaron dos nuevas concesiones para aproximadamente 28 millones de metros cúbicos de los ríos San Pedro y Bacanuchi.

Hace un mes, el periódico La Jornada publicó que Grupo México explotaba el agua de la región con permisos irregulares y que dispone de aproximadamente 21 millones de metros cúbicos de líquido, 75 por ciento más que los siete municipios aledaños, que suman apenas 5.5 millones al año. Korenfeld que se caracteriza por el hermetismo gubernamental, no respondió por qué Buenavista del Cobre sigue operando, pero señaló que no se levantará la restricción del uso de agua de los ríos Sonora y Bacanuchi hasta que cumpla con las normas de uso.

Legisladores del PAN y PRD reprocharon que desastres ecológicos como el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre por la mina Buenavista del Cobre reflejan que hay un relajamiento por parte de las autoridades ambientales en la inspección y control de las mineras, particularmente las concesionadas al grupo de German Larrea que después de un mes no se ha hecho cargo del ecocidio de la región, a pesar de que el comisionado de Enrique Peña, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, haya dicho que no hay ningún problema y que ya se limpió la contaminación del río Sonora.

La tibia y a veces nula respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fomenta la impunidad y la repetición de los ecocidios: El Grupo México siempre se pasa la ley ambiental por el arco del triunfo, mientras en Estados Unidos multan con 600 millones de dólares a Asarco, aquí no lo tocan ni con el pétalo de un citatorio. 

Es la repetición del delito, porque nunca lo han sancionado realmente, más que con multas ridículas que se reparten entre las personas inscritas en programas federales o estatales de apoyo al campo y no entre la población en general, pues son más de 23 mil afectados por la contingencia ambiental.

Ante la contingencia narrada, la organización en defensa de los mineros realizó el informe Una historia de muerte y desolación: la minería de Asarco-Grupo México –entregado a La Jornada–, donde da cuenta de manera detallada del camino de muerte y depredación ambiental que ha provocado esa empresa, su largo historial de muerte empezó en 1908, cuando en la mina 3 Rosita, ubicada en la región carbonífera de Coahuila, murieron 200 mineros por una explosión de gas; mientras el rastro de la degradación ambiental dio inicio hace 60 años en la misma región, al abandonar los hornos de Cloete utilizados para coquizar el carbón.

Caminar por el municipio de Sabinas es descubrir los restos del ecocidio ocasionado por las minas del Mezquite, propiedad del mismo grupo. Aquí murieron siete trabajadores por explosión a consecuencia de un cortocircuito, el 12 de octubre de 1976. Cuatro años después, el 23 de febrero de 1980, murieron otros cuatro mineros haciendo reparaciones de máquinas: les estalló un transformador. Y en la misma mina, en 1998, fallecieron tres más, dos de ellos de 17 y 14 años.

Por si fuera poco el costo en vidas humanas, Grupo México abandonó esos yacimientos dejando una desolación ambiental que aún provoca consecuencias: Por esta entrada al rastro de Sabinas uno va encontrando la cedacería de lo que fueron las minas del siglo pasado, ahora abandonadas. No se conoce ningún proyecto de resarcimiento ambiental. La historia de las minas Rosita no es diferente. Aquí Grupo México hizo un parque que llamó ecológico, rodeado de desechos de carbón.

A los 200 mineros muertos en 1908 hay que añadirle seis en 1921 por explosión de gas, 57 en 1934 por explosión de gas y polvo de carbón, 36 en 1938, siete en 1939, cuatro en 1942 y uno en 1948, todos por la misma causa. Además, 11 decesos por una máquina eléctrica que reventó y explotó. El 10 de septiembre de 1976 hubo otra explosión y perdieron la vida otros dos trabajadores.

Pero la explicación de la arraigada costumbre de Grupo México de abandonar sepultados a sus mineros se remonta al 29 de septiembre de 1973, cuando la mina 6 en Nueva Rosita explotó por falta de ventilación. Murieron tres trabajadores y 17 resultaron heridos, de los cuales siete fallecieron después por quemaduras. El ingeniero estadunidense Feliz Schleevoight bajó a revisar las causas del percance y no fue rescatado. Saldo final: 11 decesos y un cuerpo sin rescatar. Esa es la lógica cínica del grupo.

La huella de muerte y contaminación del Grupo México pasa por la colonia Rovirosa en Nueva Rosita, subiendo por un costado de la chimenea donde tira sus desechos a tan sólo 50 metros de las viviendas. Cuando se registró la inundación en 2006, el gobierno de Humberto Moreira le propuso a la gente que saliera de sus casas, y las máquinas que llegaron a destruir esa colonia eran de Grupo México. Las familias se opusieron. Lo que quería la empresa era ampliar su territorio, que colinda con el río, porque ya no le caben sus desechos.

Esa es la historia de Grupo México en la región, recuerda Auerbach Benavides quien afirma que esto es el prólogo de lo que viene con la reforma energética. Si se castiga a Grupo México, Pemex y las otras empresas causantes de desastres ecológicos, los inversionistas depredadores que están anotados la van a pensar; pero si no, lo que nos espera es peor...

Ante este panorama, la organización civil exige la disolución de ese grupo: Es una empresa depredadora que debe desaparecer. Está probado históricamente que Grupo México no va a cambiar. Los mineros siguen muriendo por las mismas razones desde 1908. Y los desastres ecológicos son los mismos. Al derrame tóxico en el río Sonora se une la emergencia ambiental en el arroyo La Cruz, donde la empresa Proyecto Magistral derramó alrededor de 2 mil metros cúbicos de agua con cianuro en una mina del municipio El Oro, en Durango.

Además, está la fuga de petróleo crudo de un oleoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocada por una toma clandestina, a 15 kilómetros al sureste de la refinería en Cadereyta, que provocó la contaminación de varios kilómetros del río San Juan y la amenaza de daño a la presa El Cuchillo, que abastece de agua a Nuevo León.

Caminar por el margen del río San Juan es encontrar la degradación de flora y fauna. Los peces y las aves cubiertos por el líquido negro mueren lentamente. Un total de 164 especies de aves, peces, reptiles, anfibios y mamíferos están en peligro por el derrame de crudo que Pemex intentó ocultar los primeros días, pero luego fue imposible, por la cantidad de kilómetros contaminados. Emitió un comunicado el día 17 de agosto, pero sin mencionar que el derrame había alcanzado al río San Juan.

Después de siete días, no sabemos si fue un combustóleo, un crudo, gasolina, mezcla. Las autoridades dicen que fue un intento de ordeña, pero no nos enseñan la toma clandestina. Entonces no sabemos si fue negligencia, sabotaje o falta de control. A Martínez Berlanga director del Comité Ecológico pro Bienestar no le cabe duda que el futuro será peor: “Estos ecocidios demuestran que México no está preparado para la reforma energética, porque si el gobierno no puede controlar la fuga de Pemex o la contaminación de Grupo México, menos podrá con las trasnacionales 10 veces más poderosas y con mayor poder corruptor”.

Denuncia que las terribles consecuencias de la contaminación del río San Juan son impredecibles aún: “Si se contamina El Cuchillo, Monterrey se verá en graves problemas de abastecimiento de agua potable. El corazón de la zona metropolitana y de la agricultura en Nuevo León se llama cuenca del río San Juan, ahora contaminado. Lo que ha hecho Pemex es un ecocidio en todas sus dimensiones”.

Pemex mantiene bajo reserva información trascendental, nadie sabe la magnitud de la catástrofe, nadie sabe el volumen, nadie ha hablado de los millones de toneladas de hidrocarburo o los millones de metros cúbicos de crudo; es un secreto de Estado de Petróleos Mexicanos. Entonces, tenemos daños ambientales, daños en la salud y en los acuíferos. Y por otra parte, impunidad. ¿Quién castiga a Pemex?

En México, en Guerrero y en Sonora se requiere honradez, nada más, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre; cuando un Estado no castiga, bendice, tal vez por eso es el dicho, el agua que no has de beber déjala correr.

 

 


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